| Portada Anterior Siguiente Índice | CAPÍTULO CUARTO:
LA SITUACIÓN PARTICULAR DE LOS PUEBLOS AYMARA, ATACAMEÑO, QUECHUA, COLLA, RAPA NUI, KAWÉSQAR, YAGÁN Y OTROS DE LOS CANALES AUSTRALES
|
CAPÍTULO
CUARTO:
LA SITUACIÓN
PARTICULAR DE LOS PUEBLOS AYMARA, ATACAMEÑO, QUECHUA, COLLA, RAPA NUI,
KAWÉSQAR, YAGÁN Y OTROS DE LOS CANALES AUSTRALES
- Pueblo
Aymara
1.1. El
período colonial
La
llegada de los europeos, trastocó radicalmente la historia americana. Se
produce una ruptura violenta del antiguo orden establecido y comienza un largo y
complejo período: el orden colonial. El pueblo Aymara al igual que todos
sus contemporáneos es sometido al régimen de encomiendas, cargado
con obligaciones tributarias y reducido a Pueblos de Indios. Se establecieron
los impuestos a las minas y a las actividades comerciales y se reorganizó
el territorio conforme a los intereses y leyes de la Colonia.
Héctor
González nos relata que hacia mediados del siglo XVII, la propiedad
española se restringió a los valles bajos y piemontanos del
desierto. No habiéndose producido un avance relevante hacia zonas
más altas de la gradiente, muy posiblemente debido a factores
climáticos que amilanaban las incursiones hispanas. Por otra parte, la
mayor concentración de pueblos de indios se localizaba en las cotas
bajas.
En
la segunda mitad del siglo XVIII, se suscitan una serie de rebeliones tanto en
la sierra peruana como en el Alto Perú, las que habrían tenido
relación con la imposición del sistema de repartimientos forzosos,
legalizado para el Perú por real cédula de 1751. Este sistema,
tendió a romper la autosuficiencia de los productores
campesinos.
Tres décadas después, José Gabriel Condorcanqui,
inició una rebelión que remeció el Virreinato del
Perú y se extendió por todo el territorio que corresponde
actualmente al sur peruano y boliviano, norte de Chile y Argentina. Dentro de
los motivos de la insurrección, se consideran el reparto forzado de
mercaderías, los abusos cometidos por los corregidores y al aumento de
diversos impuestos incluidos en las reformas borbónicas del siglo
XVIII.
En
1780, el Pueblo Aymara se sumó a la rebelión del Inca Tupac
Amaru.
Las
rebeliones tupacamaristas tuvieron como consecuencia, la implantación de
una serie de medidas destinadas a asegurar el buen funcionamiento del
régimen colonial. En 1780, se abolió el sistema de repartos en un
intento de liberar el comercio, que hasta esa fecha era monopolizado por los
corregidores mediante los repartimientos forzados de mercancías. En 1784,
debido a los abusos cometidos por los Corregidores y siguiendo un proyecto de
ordenamiento político-administrativo de corte centralista, se creó
el sistema de intendencias la que dependía de
los
Subdelegados
provinciales, que reemplazan la figura del
Corregidor.
En
los momentos previos a la independencia peruana, emergen los denominados
“cabildos pueblerinos” y se produce un reforzamiento de la
autonomía de las comunidades indígenas. A su vez, se perfila una
incipiente burocracia de origen Aymara que va accediendo al poder local, surge
la figura de los “caciques” recaudadores.
A
comienzos del siglo XIX, se manifestaron cambios de importancia en el
ámbito político, particularmente en los sistemas de manejo del
poder. Después de las rebeliones y al mismo tiempo con el objeto de
prevenirlas, la corona española destina una serie de medidas para acabar
con los caciques hereditarios, que se perfilaban como figuras del control
político y mediadores entre la administración española e
indígenas locales. En reemplazo a la antigua jurisdicción cacical,
advienen los alcaldes de indios elegidos
anualmente.
Además, en los inicios del siglo XIX nacen los Estados nacionales y se
abre un período en el marco de la construcción del Estado que
impactará las relaciones de las nacientes Repúblicas con su
población criolla, mestiza e
indígena.
1.2.
El período republicano peruano (1821-1854)
En
sus inicios, el Estado peruano no se vinculaba intensamente con el altiplano y
con las comunidades andinas del sur. Luego, se establecerá un duro
período de usurpaciones de las tierras comunales, trabajo obligatorio en
las haciendas y pauperización de la economía de las aldeas y
ayllus
aymaras. A pesar de
ello, las comunidades gozaban de relativa capacidad para darse a sí
mismas un ordenamiento, a través de sus usos y
costumbres.
El
nuevo orden republicano transformó a los Aymaras en
“ciudadanos” de una nación de “iguales”,
postulado jurídico que excluían cualquier tipo de diferencias. Los
convirtió en propietarios particulares de sus tierras bajo régimen
de libre disposición. De esta forma se transformaron en pequeños
propietarios libres de ataduras corporativas (sus comunidades) y de la
intermediación
(caciques).
La
asignación de tierras Aymaras fue suspendida en 1827, producto de
conflictos que surgieron como consecuencia de la distribución de las
mismas. Recién en 1828 se vuelve a legislar sobre el acceso a la tierra y
se dicta una ley que declaraba que los indios y esta vez también
mestizos, serían propietarios de
tierras.
En
1826 el Estado presionado por falta de recursos fiscales, reintrodujo el tributo
indio, mediante la instauración de la“contribución de
indígenas”. Aunque con algunas semejanzas, la contribución
de indígenas no era la misma que la colonial. Esta se sustentaba en el
principio general y más abstracto de que los
“indígenas” ya no eran la población colonizada que
“tributaba” a sus vencedores, sino ciudadanos que
“contribuían” al sostenimiento de su Estado”. Sin
embargo, este régimen de tributación fundado en el origen
étnico contribuyó a fomentar categorías raciales de
raigambre
colonial.
En
el año 1854, el presidente Ramón Castilla abolió
definitivamente la “contribución de indígenas”. El
Estado orienta su acción hacia el desarrollo de la autonomía de
las unidades familiares. A la par, los indígenas se vincularán al
mercado de fuerza de trabajo como agricultores, peones o jornaleros de la
minería metálica y no metálica. El Estado, en tanto,
tratará a esta población sin distinción a su origen. En
este proceso entonces, devienen varios elementos de cambio: una nueva
etiquetación, de un pasado indígena a mestizos y en general
subsumidos en un concepto mayor de “andinos”, una vinculación
hacia la unidad doméstica en desmedro de la comunidad y el inicio de un
proceso migratorio. Las poblaciones indígenas más afectadas por
este proceso son aquellas que se asentaban en los valles, siendo menos afectadas
las del altiplano.
Estos
procesos no fueron interrumpidos por la Guerra del Pacífico (1879),
cuando esta área pasa a jurisdicción chilena. Por el contrario, la
expansión de la producción del salitre, así como la
multiplicación del comercio, contribuyeron a acentuar los procesos
migratorios hacia fuera de las comunidades tradicionales y una mayor
conexión mercantil con los centros económicos regionales.
1.3.
El período salitrero
Los
años de mayor auge del período salitrero corresponden a los
años 1870-1880. En 1930, el boom salitrero colapsa principalmente por las
repercusiones económicas de la crisis de 1929. No obstante, algunas
oficinas Salitreras permanecen abiertas hasta la década de los
setenta.
Como
producto de este desarrollo de la industria del Salitre, las comunidades andinas
se incorporaron tempranamente a un proceso social y económico plenamente
moderno e intercultural en la expansión del ciclo salitrero. Aquí
se dieron intensos procesos modernizadores, a partir de mediados del siglo XIX,
producto del temprano desarrollo de una economía capitalista, orientada a
la extracción minera y, consecuencialmente, al desarrollo de los
ferrocarriles y de los puertos de exportación.
1.4.
La Guerra del Pacífico y los tratados de límites
La
Guerra del Pacífico tuvo lugar entre los años 1879-1883, en este
conflicto Perú, Bolivia y Chile se disputaron la jurisdicción de
las provincias de Arica y Tarapacá que correspondía a una
facción del territorio Aymara.
La
historia oficial chilena da cuenta de que estos territorios disputados fueron
anexados al territorio de Chile, tan pronto concluyó la guerra en 1883.
Sin embargo, ello no se dio de manera automática. La situación
geopolítica de la población Aymara que habitaba las provincias
disputadas quedó subordinada a un plebiscito acordado en el Tratado de
Ancón, celebrado en 1883, y que debió realizarse en 1893, hecho
que no ocurrió. Esta situación de indefinición se mantuvo
hasta 1929, casi cincuenta años después, cuando Tacna se
reincorpora a Perú y Arica queda bajo la soberanía de
Chile.
La
demarcación de las nuevas fronteras después del término de
la Guerra del Pacífico quedó consignada en el Tratado de Paz y
Amistad de 1904, instrumento que no tomó en consideración los
límites históricos de las comunidades Aymaras.
No
considerar los límites históricos, ha conllevado a una serie de
conflictos entre aymaras de Chile y de Bolivia, en torno a la propiedad de las
grandes extensiones de terreno utilizadas por estas comunidades desde tiempos
inmemoriales y destinados a las actividades de pastoreo.
1.5. La
incorporación de los territorios de Arica y Tarapacá al Estado de
Chile: El proceso de “Desaymarización” o
“Chilenización” (1883-1990)
El
Pueblo aymara identifica este período de la historia como de
“desaymarización”. Se reconoce como un proceso violento, de
amedrentamiento, muerte e imposición de costumbres ajenas e intolerancia.
Otros autores han denominado a este período de la historia, como
“chilenización”.
El
principal efecto del proceso de “desaymarización” sobre las
comunidades andinas, radica en la imposición ideológica e
institucional asociada a la integración forzada de las comunidades
Aymaras a Chile, mecanismos aplicados desde el Estado para asegurar la
soberanía en los nuevos territorios.
El
proceso de “desaymarización” se extiende desde 1879 hasta
fines del año 1990, y ha consistido ante todo en la implementación
de diversas formulas tendientes a establecer sólidas estructuras
estatales en la región, desde municipios hasta poderosos cuarteles de
frontera, de acuerdo a los requerimientos estratégicos de cada momento
histórico.
Entre
los años de 1910 a 1929 en las ciudades de Arica e Iquique, se formaron
las denominadas “ligas patrióticas” cuya misión era
perseguir a los ciudadanos peruanos que se asentaban en estos territorios, con
el fin de expulsarlos. En ese momento se consideró fundamental reforzar
la implementación del programa de instrucción, a través de
la red de escuelas rurales en el sector andino, creando nuevos establecimientos
y prohibiendo el ejercicio de la docencia a profesores peruanos. Al dictarse la
Ley de Enseñanza Obligatoria o Instrucción Primaria (1917),
ésta se vuelve un derecho y una obligación en el territorio, y al
mismo tiempo una herramienta útil en favor de los intereses nacionalistas
de las autoridades
chilenas.
En
el ámbito político–institucional, se implementó un
principio republicano y democrático: igualdad formal y soberanía
política por los ciudadanos, que abrió paso a un cambio desde la
sociedad colonial estamentaria a una sociedad organizada según un pacto
social moderno, que en los hechos fue exclusiva y excluyente respecto de los
indígenas. Los indígenas quedaron fuera del proyecto de
modernización política que rápidamente adhirió a un
pacto social elitista. Con la ruptura del “pacto colonial” no hubo
un cambio estructural en la posición de los indígenas dentro de la
sociedad nacional. Tras todo este divorcio entre discursos liberales y
prácticas conservadoras, lo que se encuentra en el fondo es la igualdad
jurídica entre quienes son profundamente desiguales. En la
situación creada, los grupos criollos dominantes consolidaron su poder y
dominación sobre las poblaciones
indígenas.
La
nueva institucionalidad, abre a la comunidad hacia un espacio
sociopolítico diferente que socava el respeto a las autoridades
tradicionales. Éstas, parcialmente fueron reconocidas por las autoridades
chilenas, pero sin embargo, se redefinieron los títulos, cargos y
responsabilidades en las localidades rurales. En algunas comunidades se
establecieron Subdelegados y Jueces de Subdelegación (Belén, Putre
y Codpa), en otras Inspectores y Jueces de distrito (Caquena); en otros lugares
se nombraron “cabos celadores” o vigilantes (Guallatire); y todas
ellas obedecían las instrucciones directas del Gobernador
Provincial.
Este
tipo de intervenciones buscaba en el plano social configurar estructuras de
poder favorables a la nación chilena, tal como sucedió con la
creación del Repartidor de Agua y las Juntas Locales de Desarrollo. Estos
cambios condujeron a la desestabilización de las instituciones
tradicionales de organización, que caracterizaban al
ayllu,
comunidad de la
segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, ante estos hechos emergió la
resistencia por parte de algunos líderes aymaras, como Antonio
Mollo.
La
creación de la escuela fue una herramienta eficaz que buscaba la
homogeneización cultural, ideológica, lingüística e
institucional. Como dato ilustrativo de este agente de cambio, la primera
escuela chilena establecida en Putre fue en el año 1905, y hacia 1925
todas las localidades contaban con una escuela.
Las
comunidades Aymaras sustentaron en gran parte la explotación minera de la
región que implicó un cambio en las economías
tradicionales. La mano de obra Aymara y el abastecimiento alimenticio
también provisto por las comunidades Aymara fueron fundamentales para el
desarrollo de las actividades mineras: primero, el salitre en Tarapacá
(1860-1925), luego el azufre en Arica (1900-1950) y finalmente la industria del
oro (1960-1990). Para responder a esta demanda, las comunidades reorientaron su
economía modificando cultivos, aumentando la producción de ciertas
especies más demandadas y emprendiendo nuevas actividades. Al mismo
tiempo, se introdujeron mecanismos ajenos a los tradicionales, tal como la
moneda (comercio) y el trabajo
asalariado.
La
incorporación al mercado minero no es completamente uniforme. En las
zonas de valles es más integral, respecto de las tierras altas donde esa
relación se basa principalmente en el mercado de productos
agro–pastoriles. Por otra parte, también hay diferencias respecto
de la zona andina de Arica. En ésta, más que una relación
con la minería del salitre, se desarrolló durante el siglo XIX una
participación andina en el arrieraje que conectaba el puerto de Arica con
el norte de Bolivia (región de La Paz). Con intermitencia, se mantuvo
activo también, un mercado de la fibra de camélidos sustentado por
criadores de alpacas en las alturas del área. La arriería entra en
crisis con la puesta en funciones a principios del siglo siguiente del
ferrocarril Arica-La Paz, pero esta misma vía favorece el desarrollo de
la minería del azufre en Tacora y otras actividades extractivas de alta
montaña, donde los pobladores andinos de la región se logran
insertar.
El
mundo agro andino así estructurado, se reorganiza parcialmente durante el
período de la crisis salitrera. Durante las dos décadas de finales
del siglo XIX y las primeras cuatro del siglo XX, la dependencia de los mercados
de fuerza de trabajo disminuye progresivamente y el de productos campesinos
también se reorganiza para el abastecimiento urbano. El vacío
dejado por el cierre de los mercados de fuerza de trabajo minero, de servicios
conexos y de arrieraje, se llena con las migraciones que, primero siguen la
estela de las migraciones obreras y, después, transitan la ruta de la
economía andina del abastecimiento hortofrutícola urbano y de
combustibles
vegetales.
En
la medida que la economía Aymara se acomoda y transforma según los
avatares de los procesos económicos y sociopolíticos regionales,
la condición campesina de esas economías se modifica. Por lo
pronto, se asume una economía considerablemente más
heterogénea y, por lo tanto, diferenciada.
Paralelamente
a estos procesos económicos, se fueron consolidando cambios en el sistema
de propiedad. En 1911 las tierras Aymaras son consideradas fiscales y se aplica
sobre ellas el artículo 590 del Código Civil que dispone que las
tierras que no pertenecen a nadie se reputan de propiedad fiscal. Bajo este
mecanismo el Estado sólo reconoció la propiedad individual
constituida bajo el imperio de las leyes liberales y consideró terrenos
baldíos y, por tanto, de propiedad fiscal todos aquellos que eran de
propiedad común.
El
cambio en el sistema de propiedad prescindió de la cosmovisión
aymara del
mundo.
El
Pueblo Aymara desde los años de 1930 a 1973, experimentó presiones
ideológicas basadas en una visión chilena de progreso, identidad
nacional y civilización.
Los
programas de desarrollo han incentivado el asistencialismo y un desarrollo
basado en conceptos occidentales de “desarrollo”.
Entre
los años de 1930 hasta la década de 1960, los gobiernos se
ocuparon en impulsar planes y programas de desarrollo en los sectores
productivos asociados a los centros urbanos costeros, pero no fue hasta la
década de los sesenta que las comunidades indígenas son
incorporadas a los beneficios del “progreso” y del desarrollo
socioeconómico; pero aún así, la población Aymara no
fue objeto de un verdadero programa de desarrollo. A contar de 1958, año
en que se crea la Junta de Adelanto de Arica, se inician programas de asistencia
técnica, médica, escolar y de
urbanización.
Diversas instituciones fiscales, tales como CORFO, INCONOR, ORPLAN, MINVU,
Universidad de Chile, Universidad del Norte, elaboraron estudios y programas,
donde el denominador común fue establecer programas de desarrollo de tipo
asistencialista.
Durante
el gobierno de Salvador Allende Gossens (1970-1973), se produjeron cambios en la
visión y enfoque de las autoridades sobre el desarrollo regional, que se
reflejaron en la relación del Estado con la población
indígena de la zona. Esta nueva mirada se acompaña de la primera
iniciativa legal que reconocía derechos a todos los pueblos
indígenas del país y que se traduce en la dictación de la
Ley 17.729 de 1972. Entre las principales características de la Ley
Nº 17.729, destaca el reconocimiento de la pluralidad cultural,
término al proceso de división de las tierras indígenas y
la recuperación de tierras a través de la expropiación y
restitución, promoviendo también, el desarrollo económico y
social indígena a través de cooperativas
comunitarias.
Sin
embargo, el período militar significó un retroceso en
reconocimiento de derechos Aymaras, porque quedaron inoperantes los cuerpos
legales que habían sido promulgados en el gobierno de Salvador
Allende.
La
intervención militar en los territorios de la primera región,
respondía también al interés de consolidar las fronteras.
De este modo, el endurecimiento de ellas, la presencia activa del Estado y de
las fuerzas armadas, era constante en estas zonas por su importancia
geopolítica. Asimismo, la municipalización del espacio andino, es
una acción derivada de la reforma político administrativa de
principios de la década de 1980, con la cual se pretendió la
descentralización, donde a través de la implementación de
las municipalidades fronterizas de orientación asistencialista, se
continuaba con el proceso de desaymarización, apoyado con la
creación de las escuelas
fronterizas.
Un
hecho importantísimo que está en directa referencia a los recursos
vitales del desierto y la supervivencia del Pueblo Aymara es el acceso y manejo
del agua. Un grave problema para estas comunidades, es la vigencia del nuevo
Código de Aguas (D.F.L. Nº 1.222), dictado en 1981, mediante el cual
se otorga a los particulares un derecho real de aprovechamiento de las aguas que
pasa a ser de propiedad del titular, quien puede usar, gozar y disponer de su
derecho en conformidad con la ley. Este derecho es transferible, transmisible y
prescriptible, y se constituye por un acto de autoridad, independiente si el
solicitante es dueño o no, de la tierra donde está ubicada el agua
y si hace o no uso efectivo de la misma. Como consecuencia de la
aplicación de esta normativa, comienza un progresivo desecamiento de
vegas y
bofedales.
Esto se vio más agravado, porque bajo el gobierno militar, las presiones
del mercado hacia la enajenación de los recursos productivos
indígenas, como por ejemplo el agua para surtir los enclaves mineros, fue
facilitada por las políticas y legislación
capitalista.
2. Pueblo
Atacameño
2.1.
La invasión española
La
primera expedición española al territorio Atacameño
corresponde a la realizada por Diego de Almagro en 1535, con la cual se inicia
la conquista de Chile. Almagro, frustrado en sus expectativas al no encontrar
riquezas y oro en el Reino de Chile, decide retornar a Cuzco atravesando
penosamente el Desierto de Atacama y arribando a San Pedro en 1536, donde
realizó acciones de robo y violencia contra los lugareños para
conseguir abastecimiento y pertrechos para sus huestes.
La
segunda expedición, corresponde a la realizada por Pedro de Valdivia en
1540. Valdivia se adentró al territorio de Chile, conocido como
“Nueva Toledo”, siguiendo la ruta del Desierto de
Atacama.
En
San Pedro de Atacama, también conocido como “Atacama la
Grande”, Valdivia ordenó construir una iglesia, una casa para
quién invistiera el cargo de gobernador hispano e inició la
construcción de la iglesia de Toconao.
En
Chiu Chiu, conocido como “Atacama la Chica”, Francisco de Aguirre,
quien en 1540 se unió a las huestes de Valdivia, fundó ese mismo
año un poblado que cumplirá funciones administrativas de
importancia y que servirán de nexo entre el naciente Reino de Chile y el
Alto Perú.
La
invasión del territorio Atacameño fue repelida por los habitantes
originarios. Entre 1536 y 1540 se registran diversas insurrecciones
Atacameñas en contra de los españoles las que culminan con la
batalla de Quitor en Junio de 1540, resultando vencidos los Señores del
Desierto.
La
victoria hispana no se proyectó en el tiempo. Entre 1543 y 1557 el Pueblo
Lickanantay o Kunzaempuñan levanta armas contra los españoles y
establece una hegemonía indiscutible en su territorio. Los guerreros
Lickanantay logran resistir la presencia invasora durante veinte años,
hasta que la Real Audiencia de Lima ordenó al Corregidor y Encomendero
Juan Velásquez Altamirano la pacificación del territorio
Atacameño.
En
1557, se estableció un acuerdo que consolidó el dominio
español, previa capitulación de los caciques Lickanantay. A la
suscripción del tratado de Paz comparecen en representación del
Pueblo Lickanantay o Kunzalos siguientes caciques: don Juan, Cacique Principal,
y los caiques Canchila, Lequite, Lequitea, don Francisco, don Diego, Capina,
Vildorpo, Vildopopoc y Ctacata. Mientras que por la Corona de España, en
representación del Marqués de Cañete, Virrey y
Capitán General de los reinos del Perú, firma el documento don
Juan Velásquez Altamirano.
El
corregidor Velásquez entregó a los españoles encomiendas
que incluían tierras e indios para ser explotados en las actividades
mineras y agropastoril, iniciándose además el proceso de
evangelización. Hacia 1590 se funda en el
Ayllu
de Beter un
“Pueblo de Indios” destinado a agrupar a los Lickanantay dispersos y
controlar de esta manera los tributos de la encomienda.
2.2.
El orden colonial
Con
la administración española, en el año 1559 el distrito de
Atacama formó parte de la Audiencia de Charcas, perteneciente al
virreinato del Perú. Dos siglos después, año 1776, se
integró a la provincia de Potosí, bajo el virreinato de la Plata.
Los límites del distrito de Atacama eran: al norte el río Loa, al
sur Peine, al oriente la alta puna de Atacama y al poniente hasta la costa, el
puerto de Cobija.
La provincia se
organizaba en dos sectores: Atacama la Baja o la Chica y Atacama la Alta o la
Grande. Atacama la Baja, estaba constituida por el pueblo de Chiu Chiu y los
Ayllus de Calama, Caspana, Ayquina y Toconce. Atacama la Grande, abarcaba el
pueblo de San Pedro y los Ayllus conde Duque, Solor, Sequitor, Soncor, Solcor,
Coyo, Beter, Cantal, Acapana, Toconao, Socaire, Peine, Camar.
La
autoridad civil de mayor jerarquía a nivel del Virreinato era el Virrey
del Perú, en la primera etapa, y el Virrey del Río de la Plata, en
el segundo período colonial. Bajo el Virrey estaba la Real Audiencia,
tribunal encargado de administrar justicia en el territorio Atacameño,
órgano de carácter colegiado cuya máxima autoridad era su
Presidente. También existía el Fiscal Protector de Indios, que
ejercía una labor específica de protección de los derechos
del
indígena.
En
el ámbito provincial, la máxima autoridad era el Corregidor. El
Corregidor era la autoridad política, administrativa y judicial. En
ejercicio de su labor judicial, estaba encargado de conocer los casos y dictar
sentencia sumaria con obligación de remitir informe a la Real Audiencia.
Además recaudaba los tributos, debía aplicar las leyes, regular el
comercio local y hacer cumplir lo ordenado sobre el buen trato a los
indígenas, actuaba como juez de indios para dirimir asuntos que
tenían incidencia en la población indígena y
cumplía el rol de alcalde Mayor de
Minas.
El
orden colonial hizo subsistir algunas autoridades indígenas. La
máxima autoridad era el Gobernador de Indios, quién actuaba de
intermediario entre indígenas y españoles, tenía
competencia en asuntos que eran propios del Pueblo Indígena y
debía ejercer su jurisdicción sujeto a las leyes españolas.
Existía otra autoridad que recibía la denominación de
“segunda persona”, quién reemplazaba al gobernador en caso de
enfermedad o ausencia y le prestaba colaboración en materias
indígenas. El Cacique o Curaca era el Jefe de un Ayllu, era la autoridad
étnica por excelencia y ejercía su jurisdicción dentro del
Ayllu al que pertenecía. No obstante, el nombramiento de los Cacique o
Curacas durante el período colonial correspondía a los
Corregidores y no al
Ayllu,
las familias herederas de cacicazgos levantaban una propuesta que presentaban al
Gobernador y este elegía a la autoridad tradicional. El espectro de
autoridades indígenas lo completaban los siguientes entes de gobierno: el
Alcalde Mayor, cargo de carácter vitalicio que cumplía funciones
de intermediación entre los Alcaldes ordinarios que integraban el Cabildo
indígena y los caciques cobradores de tributo y el Corregidor; el Alcalde
era un cacique que integraba el Cabildo Indígena junto a otros caciques,
órgano Colegiado donde se administraban los intereses comunitarios; y, el
Alguacil, indígena que cumplía funciones de carácter
policial dependiente del Cabildo Indígena y del
Corregidor.
El
régimen colonial introdujo en el territorio Atacameño la
encomienda y la merced de tierra. Entre el siglo XVI y XVII se otorgaron en este
territorio dos encomiendas y una merced. Una de las encomienda fue concedida a
Juan Velásquez Altamirano al interior de la Región y data del
siglo
XVI.
La segunda encomienda, del siglo XVII, fue concedida a Francisco de Riberos
Figueroa en el litoral. La merced de tierras benefició al Corregidor de
Copiapó y estaba localizada dentro de la encomienda otorgada a Riberos
Figueroa.
El
territorio Atacameño y sus ocupantes debían tributo a la Corona.
Los Lickanantay fueron reducidos a Pueblos de Indios y obligados a pagar un
tributo. La encomienda del siglo XVI se disolvió paulatinamente en el
tributo personal. Los indios pagaban un tributo por cabeza y desde 1578 fue
establecido que este tributo personal lo pagaran sólo los indios de entre
18 a 50 años. La provincia de Atacama quedó al margen de la mita
de Potosí y Huancavelica, pues las Ordenanzas Toledanas imponían a
las provincias del virreinato del Perú enviar un séptimo de su
población a trabajar a las minas de Potosí. Sin embargo, la
población Lickanantay no estaba eximida de la obligación de pagar
mitas
locales que los obligaban a trabajar en las minas o tierras del
Corregidor.
Estas circunstancias generaron un fuerte proceso migratorio Atacameño
hacia el noroeste argentino y zona sur de Bolivia, con el objeto de evadir el
pago de contribuciones territoriales y personales.
Desde
el siglo XVI al siglo XVIII, la evangelización fue intensa. En el siglo
XVII se desarrolló un complejo proceso conocido como extirpación
de idolatrías, con el que se pretendía eliminar las creencias y
símbolos indígenas, los que fueron quemados en público.
Sobre los lugares ceremoniales se construyeron iglesias y en los cerros sagrados
tikan,
se instalaron cruces. Los Lickanantay adoptaron la religión
católica y siguieron sus ritos para relacionarse con las autoridades
coloniales y, posteriormente, republicanas, no obstante, persistieron algunos
cultos ancestrales fundamentalmente asociados a la fertilidad que continuaron
profesándose al interior de los Ayllu.
En
el siglo XVIII, se funda en Toconao una de las escuelas más tempranas de
la región y a través de esa ordenanza, surge uno de los agentes
transformadores más eficientes y, que en el futuro, cumplirán un
rol determinante en la asimilación de los
indígenas.
El
siglo XVIII, se conoce como el tiempo de la resistencia indígena. Los
Lickanantay cansados de los abusos cometidos por los conquistadores y
haciéndose eco de la revolución de Tupac Amaru, generan un proceso
insurreccional con Don Tomás Paniri a la cabeza. Paniri, originario de
Ayquina, ejercía el cargo de Cacique, Alcalde y Capitán General de
la resistencia. Difundía el legado de Tupac Amaru y afianzaba su poder en
el dominio de todos los idiomas andinos regionales, en un profundo conocimiento
de su gente y de la geografía andina y también de sus
opresores.
La contraresistencia española fue organizada en Chiu-Chiu, logrando
sofocar la revolución indígena y recuperar la lealtad de la
región de San Pedro de Atacama a la corona española. Paniri fue
hecho prisionero y condenado a muerte, siendo ejecutado el 14 de mayo de 1781.
2.3.
El período republicano
Con
la ruptura del orden colonial, en los inicios del siglo XIX el virreinato del
Perú se disuelve en varios proyectos de Estados nacionales. El territorio
Atacameño, hasta fines de la década del setenta queda circunscrito
dentro de las fronteras del Estado boliviano. Posteriormente, después de
la Guerra del Pacífico (1879), Atacama será anexada al Estado de
Chile, lo que ocurre una vez concluido el conflicto bélico en
1883.
En 1888, se crea por ley el Departamento de Antofagasta y se establece que San
Pedro de Atacama será la capital de la 9ª subdelegación, que
incluía pueblos y asentamientos del Salar y los territorios de la
Puna.
2.4. Formación
del Estado boliviano y la región atacameña
(1824-1879)
Desde
la formación del Estado boliviano en 1824, bajo el gobierno de
José Antonio Sucre, la nueva República se enfrenta a la necesidad
de controlar un puerto propio. El problema sobre la salida hacia el mar fue
resuelto con la apropiación de la provincia de Atacama, bajo su
jurisdicción. De esta forma, Atacama adquiere un valor renovado en el
marco de un proyecto de construcción de un Estado nacional boliviano,
porque esta región era sumamente estratégica y permitía
conectar el interior con el puerto de
Cobija.
La
economía cobrará un rol importante en este período, se
liberalizan las relaciones de mercado con el resto del mundo, particularmente el
comercio, importación y exportación de productos manufacturados,
agropecuarios y
mineros.
Al
interior de la región de Atacama se desarrollaban dos tipos de
actividades económicas preponderantes: en primer lugar, la actividad
minera asociadas a la explotación de yacimientos de cobre en la
cordillera de la costa. Más tarde, la explotación y
extracción del salitre, actividad que alcanzó su mayor desarrollo
hacia 1860. Posteriormente, y a finales de la década del ’60,
comienza la explotación de la plata, siendo el principal yacimiento el de
Caracoles. La segunda actividad económica de importancia fue el
arrieraje, a través de la cual se transportaba la correspondencia oficial
y todo tipo de bienes. Este arrieraje se incrementa progresivamente, en la
medida que aumenta la actividad minera. Con ello también se
intensificaron las necesidades de abastecimiento de insumos productivos,
así como de bienes de consumo humano pero, sin embargo, las condiciones
del desierto no podían proveer todas estas necesidades. De este modo, se
abrieron circuitos de arrieraje muy activos que transitaban desde el noroeste
argentino hacia las zonas de Atacama y el puerto de Cobija. San Pedro de Atacama
será un punto de enlace y la población Atacameña
cumplirá un rol fundamental en el aprovisionamiento de ganado menor,
tales como corderos y
cabras.
El
diseño de la sociedad boliviana del siglo XIX, es el de una estructura
social neocolonial donde se reproducirá la compartimentación de la
sociedad; por una parte, indígenas y, por la otra, la oligarquía
que ejerce el poder y control sobre las tierras y el trabajo
indígena.
Para
el sostenimiento del Estado boliviano, a partir de 1826, se restableció
el tributo a los indígenas. El tributo indígena financia el
sistema de rutas de arriería y las comunicaciones en
general.
Los contribuyente Lickanantay a la época bordeaban las 1000 personas y
este recurso tributario fue destinado al mejoramiento y mantención de la
ruta oficial
Cobija-Potosí.
El
fin del siglo XVIII y comienzos del XIX, se producen importantes cambios en el
régimen de la tierra. Se transita, de las chacras de
“panllevar”, a grandes “fincas” de alfalfales,
proveedoras de productos para la gran
minería.
Conjuntamente,
con la habilitación del Puerto de Cobija en 1827, se decretó la
repartición de terrenos a los nuevos pobladores para fomentar el
asentamiento del Puerto, concediéndose la tierra bajo la modalidad de
títulos individuales de dominio a pobladores foráneos. Al interior
de la región, se pretendió regularizar la propiedad
indígena bajo la siguiente normativa:
“
... que se declare la propiedad a los caciques, extinguidos de sangre y sus
legítimos descendientes de los terrenos que como tales poseían y
gozaban en tiempo del gobierno español; igualmente que a los
indígenas contribuyentes de aquellos en cuya pacífica
posesión se hayan mantenido de 10
años”.
La
población atacameña en tiempos del Estado boliviano, no
podía autoabastecerse y atender sus obligaciones tributarias, por tanto,
pasó a depender de recursos monetarios que se originaban en
economías externas a sus comunidades. La sociedad Atacameña
complementó su economía con la comercialización carnes y la
venta de leña para abastecer las necesidades de los centros mineros.
También generaban recursos asociados a la explotación de pieles de
chinchilla y lana de
vicuña.
Como
consecuencia de lo anterior, la población tiene que desplazarse y
articular otros espacios, nuevas economías y otros actores sociales. De
este modo, a medida que empieza a poblarse el desierto, van también
aumentando las vinculaciones de la sociedad atacameña con estos nuevos
asentamientos.
La
sociedad atacameña del siglo XIX, se caracteriza por la preeminencia de
dos grandes modelos de identidad colectiva, por una parte, la comunidad o
Ayllu,
cuyos atributos culturales los diferencian de otras poblaciones; y, por la otra,
el individuo indígena, cuyo rasgo sociocultural mas relevante es la
subordinación.
En
el ámbito religioso las comunidades Atacameñas desarrollan una
matriz cultural de rasgos sincréticos, de donde emerge una religiosidad
andino- católica y un tipo de pensamiento dual que se expresa en la vida
religiosa, en la organización social y en general en la vida cotidiana.
2.5. Anexión
de Atacama al Estado chileno e imposición de las economías
capitalistas
El
período, que se enmarca a fines del siglo XIX, se inicia con la
invasión militar chilena de la región y la anexión
territorial de la zona de Atacama al Estado de Chile. Desde 1879 en adelante, la
zona experimenta un brusco cambio generado, en primer lugar, con el aumento de
la explotación y exportación de salitre y, posteriormente, con la
explotación del
cobre.
Sin
embargo, para el Estado chileno la zona del interior no tenía importancia
económica. Lo que realmente importaba y, por tanto, se observó una
fuerte presencia del Estado, fue en la zona salitrera y en los puertos.
Allí se mantenían pequeños destacamentos de guardias,
policías y algunas autoridades administrativas denominadas
delegados.
El
interior tenía una importancia geo-política. En este marco la
presencia chilena en el interior estuvo marcada por un proceso de
chilenización de las culturas y tierras altoandinas. El Estado plantea el
reconocimiento de la población Atacameña como ciudadanos y aspira
a capturar la lealtad de esta población al proyecto nacional del Estado
chileno. Se libera a la población del pago de tributo y se consagra la
igualdad jurídica como base del trato social.
El
principio de igualdad jurídica que consagra el ideario liberal impuesto
por el Estado de Chile en Atacama se traducirá en que los
indígenas pasarán a ser considerados obreros, campesinos
trabajadores de la faena, pequeños productores, habitantes rurales o
simplemente gente de la zona interior, pero no serán relevados en sus
particularidades étnicas. El Estado promoverá acciones para
asimilar al indígena y hacer desaparecer los rasgos culturales
aborígenes que en la convicción del Estado liberal obstruyen el
desarrollo de estos
grupos.
La
incorporación de este territorio a Chile, no es pacífica. El
proceso de chilenización da lugar a “ligas
patrióticas” que se traducen en brutales persecuciones contra los
bolivianos y todo aquello que pareciera tener vinculación con el
país trasandino. El proceso de chilenización fue reforzado con el
establecimiento de numerosas escuelas en el norte del país.
Desde
el punto de vista económico, en el período entre los años
de 1879 y 1929, se constata una masiva incorporación de los Lickanantay
al mundo asalariado. Este es el período del auge del ciclo salitrero en
la región que demandó muchos recursos alimenticios, transporte y
mano de obra.
La
crisis del ciclo salitrero en 1930 dará paso a un nuevo período
que se caracteriza por la presencia de un Estado benefactor y desarrollista.
Este período comienza en 1930 y termina en 1973.
En
Chile se implementa un modelo de desarrollo que en lo económico aspira a
la sustitución de importaciones y que apunta a resolver a través
de la industrialización la crónica dependencia exterior que
mantenía el
país.
El Estado benefactor se expresa en una creciente preocupación por los
problemas sociales de la población, se promueven acciones de
integración, se inculcan los valores de progreso, el cambio en las
estructuras sociales y la participación. Se hace visible una creciente
incorporación del indígena a este tipo de valores y asociado a
ellos también, intensos cambios culturales.
Políticas
de desarrollo paralelas al Estado se implementan desde el año 1955 a
través del Plan Cordillera con la generación de actividades para
reactivar las áreas agrícolas, ganaderas y artesanales de los
pueblos Lickanantay; iniciativa impulsada por la Iglesia Católica desde
Antofagasta, junto con la Universidad del
Norte.
La
Sociedad Atacameña entre 1940 a 1960, comienza a abandonar su
condición rural y se conecta más a los centros urbanos como
Calama, pasando a depender fuertemente de la minería. El desarrollo
minero en la región se caracteriza por tres hitos que marcan el auge de
los principales yacimientos: Yacimiento de plata de Caracoles, cuya
explotación tuvo lugar, primero, con la administración boliviana
y, después, con la administración chilena; el ciclo salitrero, que
se desarrolló en el período comprendido entre 1870 a 1930; y,
finalmente, el yacimiento cuprífero de Chuquicamata, que se explota desde
1907 en
delante.
Estos centros mineros son abastecidos con parte de la producción
agroganadera Atacameña y la fuerza de trabajo de los pueblos del interior
de la zona. Se privilegiaba el uso de mano de obra andina por su
adaptación fisiológica y cultural a los ambientes cordilleranos de
altura
y porque conformaban una fuerza de trabajo más
barata.
Paralelamente, con la industria minera particularmente asociada a la
explotación del cobre, también se generaron impactos en el
área de los recursos naturales. Los enclaves mineros desde el comienzo de
la explotación de Chuquicamata hasta la actualidad, se han ido apropiando
del agua y de otros recursos naturales como la llareta, que se usó
masivamente en la minería hasta prácticamente
extinguirla.
La
ley de Juntas de Vecinos en la década de los 60 y la
Municipalización a partir de los 80, ha generado cambios profundos en la
estructura organizacional de las comunidades Atacameñas. El Estado
legitimó las Juntas de Vecinos como interlocutores válidos para
atender a las demandas de las comunidades Atacameñas y éstas
adaptaron esta estructura a sus necesidades y aspiraciones. A partir de 1980
se crearon los Municipios de San Pedro y Ollagüe, iniciándose con
estas entidades una intervención directa del Estado.
La
intervención estatal en el territorio Atacameño a través de
la municipalización cumplió un doble objetivo. Primero,
desconcentrar la gestión del Estado haciéndola más
eficiente. Segundo, consolidar las fronteras externas e integrar territorios
marginales a la soberanía nacional que permitieran superar las
denominadas “fronteras interiores”. Estas acciones de
intervención se llevan a cabo durante el Gobierno Militar (1973-1989). Es
característico en el período, el endurecimiento de las fronteras,
la presencia activa del Estado y de las Fuerzas Armadas. Esta importancia
geopolítica, favoreció la entrega de subsidios por parte del
Estado, apoyo alimenticio, creación de escuelas de concentración
fronteriza, otorgamiento de becas de estudio, asistencia social, operativos de
salud, pero a la vez reeditó el proceso de chilenización de la
población andina, principalmente a través de las escuelas de
concentración fronteriza, donde se difundía un discurso
integracionista que resaltaba los valores patrios y los símbolos de la
historia de
Chile.
En
el año 1981, el Régimen Militar dictó un nuevo
Código de Aguas (D.F.L. Nº 1.222), mediante el cual se otorgaron a
los particulares un derecho real de aprovechamiento de las aguas que pasa a ser
de propiedad del titular, quien puede usar, gozar y disponer de su derecho en
conformidad con la ley. Este derecho es transferible, transmisible y
prescriptible, y se constituye por un acto de autoridad, independiente si el
solicitante es dueño o no, de la tierra donde está ubicada el agua
y si hace o no uso efectivo de la misma. Como consecuencia de la
aplicación de esta normativa, comienza un progresivo desecamiento de
vegas y
bofedales.
Esto se vio más agravado, porque bajo el gobierno militar, las presiones
del mercado hacia la enajenación de los recursos productivos
indígenas, como por ejemplo el agua para surtir los enclaves mineros, fue
facilitada por las políticas y legislación
capitalista.
La pérdida del recurso agua, fenómeno que persiste hasta nuestros
días, agudizó la crisis de la agricultura y el modo de vida
Atacameño.
- Pueblo
Quechua
3.1.
El período colonial
El
período colonial produjo profundos cambios en la población
indígena de origen Quechua, asentada en el altiplano de Lípez y en
el sector de Ollagüe en la región Atacameña. Uno de ellos
tuvo que ver con el proceso de evangelización, que tuvo entre sus medidas
más extremas la denominada extirpación de idolatrías, a
través de la cual se prohibía a los indígenas la
práctica de sus creencias. No obstante, estos generaron diversos
mecanismos para mantener sus prácticas, ya sea a escondidas o
combinándolas con las recién impuestas, dando origen al
catolicismo andino indígena.
Un
segundo cambio, tiene relación con la organización territorial
preexistente, la que sufre una drástica transformación producto de
la reducción de los indígenas a “pueblos de indios”,
norma promulgada a fines del siglo XVI por el Virrey de Toledo.
3.2. La
incorporación del territorio al Estado chileno (1879-1990)
Una
vez anexado este territorio al Estado chileno (1879), se pasa desde un sistema
de dominación neocolonial (sostenido por el Estado boliviano) marcado por
el impuesto a la tierra de los indígenas, a una economía
capitalista de enclave centrada en la minería y en la explotación
de ultramar. Las poblaciones pastoriles de Ollagüe comienzan a articularse
en torno al desarrollo de la minería bajo diferentes modalidades, ya sea
vendiendo sus productos pecuarios a los centros mineros, o, una vez iniciado el
funcionamiento de las azufreras y la explotación del cobre a gran escala,
con la venta de combustible vegetal (llareta) a estos centros mineros.
La
política del Estado chileno de fines del siglo XIX y de la primera mitad
del XX, desconoce en gran medida la especificidad de los pueblos
indígenas del norte, rotulándolos bajo la categoría de
campesinos. La zona de Ollagüe, utilizada históricamente como lugar
de paso y tráfico de rutas, se sitúa de forma periférica
dentro del marco socio-histórico de relaciones entre pueblos
indígenas y el Estado chileno, debido no sólo a la alta movilidad
de su población, sino también porque la economía minera
extractiva de azufre produce un constante flujo y reflujo de población
–principalmente quechua boliviana- que se traslada a trabajar a
Ollagüe bajo condiciones muy precarias.
Entre
las empresas extranjeras que se instalaron en la zona se encontraba La
Bórax Consolidated Ltda., que inició sus actividades a fines del
siglo XIX (1885), funcionando hasta alrededor de 1966. Mientras los operarios y
trabajadores de pampa eran casi exclusivamente bolivianos provenientes de los
poblados de frontera pagados por trato, los empleados y personal de mayor rango
y responsabilidad eran chilenos, provenientes de la zona (Ollagüe,
Amincha), los que trabajaban por sueldos fijos, sistema imperante hasta
hoy.
Luego,
adquirió relevancia la explotación del azufre en esta zona, cuyo
desarrollo está vinculado a la demanda generada por Chuquicamata desde la
década de 1920, y por Mantos Blancos posteriormente, siendo las
explotaciones más antiguas e importantes de la zona las de Aucanquilcha y
el volcán de Santa Rosa u Ollagüe. Hacia 1950 la planta es
trasladada al campamento a Amincha, donde permanece hasta hoy; la
paralización de sus faenas en 1992 desencadenó una crisis de
población que persiste hasta la actualidad en la comuna de Ollagüe.
La azufrera de Buenaventura de Borlando, por su parte, paralizó sus
actividades hacia el año 1976.
Otra
importante actividad económica del siglo XX, fue conocida tanto en
Ollagüe como en sus inmediaciones como
“el
ciclo de la llareta”.
Entre 1930 y 1935 esta
actividad involucró a campesinos locales, atacameños del sector
del río Salado y quechuas de Bolivia. La principal demanda
provenía de Chuquicamata, de las empresas mineras de la zona que ocupaban
grandes cantidades de este combustible vegetal en los procesos de secado,
calcinación, fundición, funcionamiento de generadores
eléctricos y maquinaria a vapor. Las familias o pequeños grupos de
familias aisladas, que realizaban el transporte y venta de la llareta, no
alcanzaban a más de treinta, las que se asentaban con su ganado en
sectores provistos de agua, pastos permanentes y praderas estacionales, entre
los cuales se rotaba el pastoreo. En la mayoría de los casos las entradas
generadas por la venta de productos pecuarios no habrían sido suficientes
para asegurar la reproducción de las familias campesinas. Mediante una
estrategia de diversificación de ingresos, laboraron por mucho tiempo en
las llareteras de los cerros aledaños a su lugar de residencia, o
trabajaron de manera estable o esporádica en las mismas faenas mineras.
Con
el término del ciclo de la llareta –alrededor del año
1955– con el cierre de faenas y el progresivo decaimiento de la actividad
económica local, muchos de estos pastores migraron junto a los mineros
preferentemente hacia Calama. En este sentido, el fenómeno de la
migración hacia los centros poblados cercanos es un proceso de larga
data, de acuerdo a las características estacionales de este tipo de
actividad extractiva.
Debido
a la relación entre el poblamiento de la zona y la actividad minera
(apertura y cierre de fuentes laborales) se observan bruscas variaciones de la
población en los asentamientos mineros, en contraste a la estabilidad que
presentan los pastores. Hacia 1970, la comuna de Ollagüe contaba con 911
habitantes, decreciendo notablemente a partir de esa fecha, lo que se
acentuó dramáticamente a fines de 1992, con el cierre definitivo
de la última mina de azufre en explotación. Los saldos migratorios
arrojaban para 1993, una tasa de crecimiento de la población de un -
47%.
El
poblado de Ollagüe -cuyo límite geográfico este es Bolivia-,
se constituyó alrededor de la última estación del mismo
nombre, del ferrocarril Antofagasta-Bolivia, que junto a San Pedro es la
estación más importante de las comprendidas entre los tramos
Calama y la frontera. Por su carácter de estación terminal
fronteriza, contó con servicios básicos para la
administración, bodegas, almacenes, casas del personal e instalaciones
anexas. Asimismo, contó con un Juez de Distrito y un Cónsul
boliviano –en tanto territorio limítrofe- asignado permanentemente.
Como centro del movimiento neurálgico ferrocarrilero, en algunos momentos
el poblado llegó a tener 1500 habitantes.
La
reestructuración político-administrativa de Chile llevada a cabo
durante la década de 1980, significó la creación de la
Municipalidad de Ollagüe. La creación de este Municipio obedece,
fundamentalmente, a razones geopolíticas. Allí se ubican
además de la Municipalidad, una oficina de Aduana, Policía
Internacional, Servicio Agrícola y Ganadero, y Tenencia de Carabineros.
El carácter fronterizo del poblado lo convierte en un lugar
estratégico que requiere del control del movimiento de personas y bienes
entre Chile y Bolivia, pero la presencia de estos organismos de control ha
afectado el tránsito de personas y el tráfico de productos,
realizado históricamente por este sector, limitando y contribuyendo
significativamente al desabastecimiento del lugar.
La
impronta estatal en Ollagüe se hizo más fuerte con las instituciones
creadas durante el gobierno militar a partir de 1973, lo que es conocido como
“proceso de chilenización”, bajo los lineamientos que impone
la Doctrina de Seguridad Nacional a los territorios fronterizos. Para los
indígenas del norte en general, y para el quechua parlante de
Ollagüe en particular, esto se expresa notoriamente con la
implantación de la Escuelas de Concentración Rural Fronterizas.
Como parte de este proceso, tuvieron un enorme impacto en la población,
siendo su finalidad chilenizar intensificando “los valores e historia
patria”.
Los
miembros del subgrupo de trabajo consideran que, con estos antecedentes y a luz
de lo que ocurre actualmente en la localidad, el abandono sistemático de
la lengua, considerado uno de los principales transmisores de cultura, es en
gran parte responsabilidad de la escuela como institución que
históricamente negó el uso de su principal forma de
comunicación (usada en los espacios comunitarios y familiares) causando
la pérdida progresiva de la lengua por prestigio social y desplazamiento
lingüístico del castellano en desmedro del quechua, con la
consiguiente negación de la identidad local, y una notoria
marginación socio-económica y cultural. Situación que
actualmente limita con la pérdida casi total de la lengua
originaria.
El
cuerpo legal que más gravemente ha lesionados los derechos quechuas es el
Código de Aguas, cuerpo legal que ha permitido a las empresas mineras
aprovechar el escaso recurso presente en el territorio de Ollagüe, de vital
importancia para el mantenimiento y desarrollo de las actividades agropastoriles
practicadas hasta el presente por las familias quechuas.
Para
la comunidad indígena de Ollagüe, el agua tiene importancia en dos
aspectos, el primero radica en la cosmovisión, como generadora de vida y
vínculo con los elementos de la naturaleza, y el segundo tiene que ver
con la actividad pastoril, que aún desarrolla parte de la
población.
La
mayor parte de la población que se autoreconoce como quechua se ubica en
la comuna de Ollagüe, perteneciente a la provincia de El Loa, en el extremo
noreste de la II región de Antofagasta. Su población es de
aproximadamente 211 habitantes. Debido a los diferentes procesos migratorios ya
mencionados, un importante número de quechuas se ha establecido en la
ciudad de Calama, reconociendo a Ollagüe como lugar de origen.
- Pueblo
Colla
El
Pueblo Colla se define como un pueblo andino, originario del territorio que hoy
comprende la III Región de Atacama, sector al que quedó
circunscrito como producto de la invasión europea y luego de la
constitución de las Repúblicas de Chile, Argentina y
Bolivia.
4.1. La
invasión europea del territorio
Los
habitantes originarios del actual noreste argentino, y de los territorios
cordilleranos de lo que hoy es Chile, con los cuales, de acuerdo a las
investigaciones de carácter histórico y
antropológico,
los Collas compartirían una identidad étnico-cultural andina,
fueron sometidos por el poder colonial que les desprendió de sus tierras
para implementar en ellas el sistema de encomiendas y mercedes de tierras, dando
origen así a grandes haciendas. Esto, unido a la política colonial
de traslado de población indígena, creó una compleja red de
relaciones culturales entre las distintas agrupaciones locales –apatamas,
omaguacas y parte de los diaguito-calchaquíes- con los grupos trasladados
desde otras zonas andinas, contribuyendo a formar una nueva y compleja identidad
que durante el período republicano pasó a ser conocida como Colla.
Estos
territorios también recibieron población quechua y aymara
parlante, trasladada por los inkas en el período prehispánico; a
la que durante la colonia se agrega nueva población atacama o apatama de
habla
kunza.
Los inkas establecieron enclaves poblacionales con algunos indígenas
provenientes de la vertiente oriental de las sierras pampeanas –los indios
del Tucumán y la franja occidental de Santiago del Estero-, y otros,
llegados desde los Andes Centrales y del Altiplano, lo que contribuyó a
la complejización de estos pueblos respecto de su origen y
constitución, incrementada aún más con la política
colonial del traslado de
población.
Bajo
el dominio hispano, las agrupaciones indígenas originarias y los miembros
de dichos enclaves -las colonias de
mitmakunas-
son sometidos al
sistema de encomienda,
mitas
y yaconazgo. Sus tierras son expropiadas y sus habitantes obligados al trabajo
forzado. A su vez, la autoridad colonial efectúa numerosos traslados de
población desde otras zonas geográficas, en especial desde los
ayllus del Salar de
Atacama.
4.2. La
imposición de las fronteras republicanas y la división del
Territorio Colla
Producto
de los procesos de Independencia de las primeras décadas del siglo XIX,
se establecen nuevas fronteras en los territorios ancestralmente ocupados y
utilizados por el Pueblo Colla, los que formaban parte de sus circuitos de
transhumancia y pastoreo, quedando sus habitantes insertos en territorios que
actualmente pertenecen a Argentina y
Chile.
Hasta el período previo a 1879 -fecha de inicio de la Guerra del
Pacífico- la zona de Antofagasta de la Sierra, Susques y Rosario, eran
territorios puneños pertenecientes a Bolivia; los valles de Jujuy, Salta
y Catamarca eran argentinos, mientras la frontera norte de Chile llegaba hasta
el cerro El Chaco en los Andes y cerca de Paposo en la costa. A partir de esa
fecha, el territorio puneño queda en disputa entre Bolivia, Argentina y
Chile, cuestión que es resuelta en 1900, cuando Bolivia cede el
territorio a la Argentina.
A
mediados del siglo XIX, la población Colla comienza nuevamente a llegar
desde el lado argentino al sector cordillerano de Atacama, entre otros motivos,
para la búsqueda de pastizales dentro de sus circuitos de transhumancia
ganadera, el desarrollo de actividades de arrieraje, el abastecimiento de
productos para las actividades mineras o urbanas, y el trabajo como peones de
minas.
A
esto se suma el auge de la actividad minera en la zona de Copiapó desde
mediados del siglo XIX, al descubrirse y reactivarse nuevas minas de oro, plata
y cobre en las serranías y cordillera. Posteriormente, a fines de 1870,
comienza el auge salitrero cerca de Taltal y la explotación del
bórax en los Salares de Pedernales y Maricunga. Otro factor a considerar
en la migración es el tratado de libre tránsito y comercio de
Chile con Argentina firmado en 1856, que aumentó el arrieraje y el
tránsito en la cordillera. Esto facilitó el contacto entre la zona
de Copiapó con el noroeste argentino y la llegada de población,
vinculada en un comienzo a la explotación del mineral de plata de
Chañarcillo.
El
proceso de constitución de los Estados nacionales no sólo trajo
consigo el establecimiento de fronteras político-territoriales, sino la
necesidad de homogeneizar la población, siendo la educación uno de
sus principales instrumentos. Sin
embargo,
la masificación
de escuelas en la ciudad y la obligatoriedad de una educación
mínima, por una parte, desarraiga a los niños Collas de su familia
favoreciendo la pérdida de su cultura, y por otra, genera
discriminación, negando la cultura y existencia del Pueblo
Colla.
La
instalación en el territorio Colla de empresas mineras extranjeras,
dedicadas especialmente a la explotación de yacimientos de cobre, produce
la contaminación del ambiente y la utilización de las aguas en
dichas faenas, afectando la ganadería y el modo de vida de los Collas. Al
ver afectada su economía ancestral, estos se ven obligados a explotar uno
de los últimos recursos naturales de su territorio, la leña,
abasteciendo así la demanda de las empresas mineras y comerciando,
además, carne y queso, mediante el sistema de trueque o venta propiamente
tal. Con la instalación de ENAMI entre los años 1940 y 1950,
surge un nuevo poder comprador para la pequeña minería Colla, y
finaliza lo que los Collas denominan como invasión de su territorio, al
abrirse también nuevos caminos y vías
ferroviarias.
Desde
1894 operaba en Potrerillos la Compañía Minera del mismo nombre,
fundada por Felipe Tapia. En 1913, William Braden inicia la exploración
minera en Potrerillos y en 1916 forma la empresa Andes Cooper Mining Company,
que inicia sus prospecciones en 1917, y en 1924 la construcción de las
instalaciones mineras.
En
1927 comienza la explotación de la mina y la producción de cobre
blister
de minerales
sulfurados, y
ya a partir de la
década ‘30, se generan problemas de carácter ambiental que
favorecen la migración Colla hacia Argentina. Quienes
permanecen
en la zona deben
desplazarse con su ganado hacia zonas donde existen menores índices de
contaminación, como es el caso de las quebradas y puna del sector de
Potrerillos. Allí se vinculan al trabajo minero, de arriería y de
explotación de recursos naturales como la leña de varilla. El
campamento minero adyacente al mineral de Quebrada El Hueso comienza a captar
las aguas de las que se abastecía el ganado de las comunidades Collas,
que además sufren la pérdida de las tierras ocupadas; con la
inauguración de la fundición de cobre en la década de 1940,
son contaminados los campos de pastoreo de la Quebrada de Pastos Cerrado o
Jardín, Pedernales y Cerro
Blanco.
Todo
lo anterior significó la transformación de la economía
Colla, trayendo consigo el desarraigo y la crisis en los asentamientos
indígenas de Potrerillos. En ese sector, los Collas que se quedan a este
lado de la cordillera combinan el pastoreo del ganado con el trabajo minero.
Muchas familias se alejan hacia las quebradas de más al norte,
Doña Inés y La Encantada, que se encuentran libres de
contaminación, mientras otros continúan realizando el circuito
transhumante entre las aguadas de invernada cercanas a Potrerillos y El
Salvador, los campos de veranada de Pedernales y Cerro Blanco, ocupando las
tierras de la Quebrada de Agua Dulce y de la Quebrada El
Asiento.
En
la década de 1960 la apertura de la mina El Salvador exige la
canalización de nuevos recursos de agua que son llevados al mineral
mediante tuberías, reduciendo aún más los escasos recursos
hídricos disponibles para el pastoreo.
4.3.
La disputa por la propiedad de la tierra y el manejo de los
recursos
De
norte a sur pueden distinguirse tres áreas de ocupación y
asentamiento Colla, que mantienen su continuidad en el tiempo. La primera
formada por el Salar de Pedernales, los campos de pastoreo aledaños y las
quebradas que contienen vegas y aguadas desde Chaco-Juncal por el norte hasta
Chañaral Alto por el sur, además de los Cerros Bravos e Indaguaz,
y los lugares denominados Quebrada El Asiento, pastos Cerrados y el cerro
llamado Vicuña, que se encuentra inmediatamente al sur. Una segunda
área de poblamiento la constituyen las Quebradas Paipote, San
Andrés y San Miguel como terrenos de invernada complementadas por los
campos de pastoreo de El Patón y Llano del Leoncito en la cuenca alta del
río Figueroa, más la quebrada y el Salar de Maricunga, que
actúan de veranadas. La tercera área corresponde a la cuenca del
río Jonquera, formada por los ríos Figueroa, Turbio, Pircas Negras
y Nevado La Gallina. En este extenso territorio se reconocían
“posesiones” familiares en las que se ubicaban las viviendas,
puestos estacionales y pequeños cultivos en las invernadas; en el verano
cada familia acudía a sus vegas y aguadas con los animales para el
pastoreo. La posesión era acreditada por el uso, las mejoras y cercos,
mientras el derecho de uso era transmitido de padres a
hijos.
A
partir de la segunda mitad del siglo XIX, los Collas habitan en terrenos
ubicados entre los Salares de Pedernales y Maricunga, los llanos y quebradas
sobre los 2.000 y 4.000 metros, entre el río Copiapó por el sur y
la Quebrada Juncal por el norte, los que formaban parte de la hacienda
“Potreros de La Iglesia”, (que debe su nombre a la merced de tierras
que en 1643 hace el corregidor de Copiapó a la parroquia local, en el
proceso de reparto de las tierras marginales al valle) propiedad por largo
tiempo de la familia Cousiño Goyenechea. Las tierras de la gran hacienda
estaban ocupadas por los Collas y por algunas familias de pastores que
provenían del pueblo de indios de San Fernando, ubicado entre la ciudad
de Copiapó y la junta de Quebrada de Paipote, lugar donde en la
actualidad se encuentra el poblado Estación Paipote. De allí que
las quebradas y la puna cordillerana constituyeron espacios de encuentro entre
Collas del noroeste argentino, de algunos pastores de los pueblos indios,
pirquineros eventuales y arrieros.
Para
mediados del siglo XIX, las tierras de la Hacienda “Potreros de la
Iglesia” se encontraban abandonadas, sin actividad agrícola ni
ganadera, albergando sólo algunas minas, situación de abandono que
se extendía por décadas. El abandono de las tierras por sus
propietarios continúa todo el resto del siglo XIX y hasta las primeras
décadas del siglo XX, cuando son arrendadas para la explotación
agrícola.
La
llegada de los arrendatarios de tierras de la sucesión de Goyenechea a
Quebrada de Paipote en la década de 1930, obligó al abandono del
lugar de algunas familias Collas, las que se desplazaron hacia la zona minera,
otras se refugiaron en quebradas inaccesibles, algunas aceptaron el sistema de
mediería ompartiendo la producción de alimentos, animales y
recolección de leña con los arrendatarios, y otras decidieron
volver a la Argentina.
Para
defender sus derechos de posesión, formaron el Sindicato de
Leñadores que les permitió enfrentar a los arrendatarios de
tierras, los que exigían el pago por las tierras ocupadas además
de la recolección de leña. El conflicto se prolongó hasta
que los “arrendatarios” abandonaron las tierras en la década
de 1960, cuando producto de una larga sequía, se redujo la disponibilidad
de agua de riego para los cultivos de la hacienda.
En
el año 1955, Alfonso Prohens se declara dueño de la Hacienda
Jorquera -ubicada en el sector de Río Jorquera-, afectando con ello el
poblamiento Colla y de otras familias que mantenían allí cultivos
y ganadería, iniciándose el primer conflicto por los derechos a
pastaje de los animales. El particular inicia acciones para desalojarlos,
obligándolos a que se localicen sobre el área de la Tranca de Los
Monos, estrecho de rocas ubicado en la parte superior de la confluencia del
Río Jorquera con el Río Copiapó.
Estos
se defienden a través del Sindicato de Leñadores, sosteniendo que
Prohens no tiene derechos sobre las tierras debido a que son fiscales. Plantean
al Intendente Provincial que toda la cordillera de la Provincia, incluidas las
tierras de los Cousiño, eran fiscales en virtud de las inscripciones
generales realizadas por el Estado, y sobre ese precedente solicitan la
regularización de la antigua ocupación ganadera y agrícola.
De acuerdo a los testimonios de los comuneros de Río Jorquera, el
Intendente señaló que los terrenos de la hacienda Jorquera eran
propiedad de Prohens, según lo informado por la Oficina de Regional de
Tierras. Los comuneros mantienen su demanda alegando que no existe legitimidad
ni dominio en lo pretendido por Alfonso Prohens, que éste no posee
título inscrito y que las tierras involucradas en “Potreros de la
Iglesia” de la sucesión Cousiño -de los que la Hacienda
Jorquera forma parte- se encontraban en juicio con el Fisco.
A
pesar de esto, los comuneros de Jorquera fueron desplazados de sus posesiones
ancestrales, obligándolos a abandonar la cuenca del río Jorquera,
donde estaban las tierras más fértiles para el cultivo y las que
poseían todas las vegas de pastoreo. Los Collas se recluyeron en los
cerros y las quebradas más secas, como San Miguel y Carrizalillo.
La
negociación por la repartición de las tierras llega a su fin en
1957, al acordarse la repartición de las tierras entre Alfonso Prohens y
los comuneros de Río Jorquera, deslindándose las ocupaciones en el
sector de “Tranca de Los Monos”, quedando para Prohens las partes
bajas de la Hacienda Jorquera y para las familias Collas los terrenos fiscales
de la parte superior del río Jorquera y sus afluentes. No obstante lo
anterior, las familias Collas siguieron ocupando físicamente los terrenos
que quedaron en dominio de Alfonso Prohens, debido a que estos eran parte de las
invernadas bajas, tenían buenos suelos para cultivos y poseían
campos de
pastoreo.
A
principios de los sesenta el conflicto por la ocupación de las tierras
desaparece por el abandono de los particulares, en adelante y hasta 1973, los
Collas se abocan al trabajo ganadero, agrícola y minero. Las tierras de
la Quebrada de Paipote y San Andrés fueron abandonadas por los
arrendatarios, quedando como únicos pobladores las familias Collas que
mantuvieron la tenencia material de las tierras, dedicándose a la
ganadería, pequeños cultivos, la minería y la
explotación de leña y confección de carbón, durante
toda la década de 1960 y hasta
1973.
El
resto del territorio Colla que no se encuentra inscrito por particulares,
está inscrito a nombre del Fisco, entidad que aplicando las normas del
artículo 590 del Código Civil, citado al tratar de la
situación de los otros Pueblos del Norte, procedió a practicar
sendas inscripciones globales que amparan la totalidad de las provincias de
Chañaral y Copiapó. Los terrenos de propiedad Fiscal están
amparados por la inscripción global correspondiente al antiguo
Departamento de Chañaral que rola a fojas 164, bajo el número 58,
en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Chañaral, correspondiente al año 1940, y por inscripción
global correspondiente a la provincia de Copiapó que rola a Fjs 527 vta.
Nº 500 del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces
de Copiapó correspondiente a
1964.
A
partir de septiembre de 1973, la represión desatada en contra de los
dirigentes y organizaciones políticas, afecta también al Pueblo
Colla. Sus actividades económicas son prohibidas: la minería, por
uso de explosivos, alza de maquila, corte de leña, confección de
carbón, etc. Y una vez más una parte de la población debe
abandonar el territorio, la cordillera. Algunas familias se quedan en la alta
cordillera con su ganado, terminando el uso de la guía de libre
tránsito, favoreciéndose el robo de ganado y el
cuatrerismo.
La
imposición de medidas destinadas a restringir o eliminar las actividades
de subsistencia, en especial el pastoreo y la explotación minera, obliga
a algunas familias a abandonar las quebradas y a radicarse en pueblos y ciudades
en busca de trabajo. Por otra parte, a mediados y a fines del período del
gobierno militar se favoreció la constitución de la propiedad
particular sobre algunas de las tierras ocupadas desde largo tiempo por miembros
de las comunidades Collas, lo que provocó el desalojo y el desplazamiento
de ellos hacia terrenos fiscales donde se encontraba el resto de la comunidad y
en otros casos impuso el arrendamiento de las tierras a los Collas ocupantes y
dejó en condición de precariedad a quienes se mantuvieron como
ocupantes de sus territorios ancestrales sin reconocer dominio
ajeno.
El
trabajo minero se suspendió por las restricciones impuestas al manejo de
explosivos para seguridad del gobierno militar, ya que los mineros
adscribían al gobierno derrocado. También se produjo un impacto
sobre la economía de estas comunidades al prohibirse la
explotación de la leña y la fabricación de carbón,
cuestión que fue dispuesta por la Corporación Nacional Forestal.
También se intentó terminar con la actividad ganadera caprina por
parte del Servicio Agrícola y Ganadero. Estas medidas destinadas a
terminar con actividades productivas Collas y el poblamiento de la cordillera,
bajo el pretexto de preservar especies vegetales, restringieron las actividades
de subsistencia, al impedir que se recolectara leña, se fabricara
carbón y al terminar con el pastoreo de la cordillera.
Estas
restricciones afectaron a todas las familias Collas de la cordillera desde
Potrerillos hasta río Jorquera, debiendo abocarse casi exclusivamente al
trabajo de la ganadería, obligando a muchos Collas a migrar a pueblos y
ciudades para desarrollar trabajos relacionados con la fruticultura en el valle
de Copiapó, como empleados u obreros en ciudades o en faenas mineras,
manteniéndose los vínculos familiares con los que se quedaron en
la cordillera.
Otra
de las medidas represivas, fue la disolución de los sindicatos a los que
se encontraban adscritos los collas. En la Quebrada de Paipote se
disolvió el Sindicato de Leñadores, provocándose una
dispersión de las familias y socios, lo mismo sucedió en
río Jorquera.
Las
primeras organizaciones sociales Collas databan de 1955, cuando debido a los
problemas de propiedad, se crea el Sindicato de Leñadores de San
Andrés, el Sindicato de Leñadores y Crianceros de Quebrada
Carrizalillo y Río Jorquera. A fines de los 60 es fundado el Sindicato
Campesino
Venceremos
en Tierra Amarilla,
después se crea la Federación de Sindicatos
Campesinos
Ranquil, afiliada a la
Confederación Nacional Campesina e Indígena Ranquil. En el
gobierno del Presidente Salvador Allende se formaron cooperativas
agrícolas y
mineras.
Cierra
esta seguidilla de hechos de persecución política, social y
económica, un episodio que aún conmueve a todas las familias
Collas; este es la trágica muerte de las hermanas Quispe en el sector de
La Tola-El patón, en circunstancias aún no aclaradas. Algunas
versiones, señalan que la muerte fue producto de la acción de
militares que las acusaron de ayudar a perseguidos políticos a cruzar la
cordillera hacia la Argentina.
A
pesar del clima de represión y restricciones a su economía y
formas de subsistencia, los Collas conservaron la actividad ganadera,
desarrollando el pastoreo y la transhumancia sobre los extensos territorios de
las quebradas y la puna, lo que ayudó a mantener sus formas tradicionales
de vida; sus ritos, así como la ocupación y uso del
territorio.
En
la década de 1980, comienzan a definirse los conflictos de tierras a
favor de los particulares y el Fisco de Chile, marginando a los Collas del
acceso a la propiedad territorial. El antiguo problema de tenencia de tierras
que presentaba la hacienda Potreros de la Iglesia, mantenía pendiente su
resolución. Por una parte, las familias Collas de Quebrada Paipote y
río Jorquera hacían ocupación material y uso del
territorio, pero a su vez el Fisco disputaba el dominio a la Sucesión
Goyenechea y empresarios particulares exigían el reconocimiento y
regularización de tierras ocupadas por las familias Collas.
La
influencia de los grandes propietarios locales en el gobierno regional, en el
período del general Augusto Pinochet, fue un factor importante para
lograr el reconocimiento de tierras que comenzaban a cobrar valor para la
producción de uva de exportación. Las tierras del valle del
río Jorquera –parte de la hacienda Potreros de la Iglesia- eran
reclamadas por Alfonso Prohens, uno de los principales empresarios
frutícolas, quien logró que el Ministerio de Bienes Nacionales le
reconociera en 1981 un total de 3.475 hectáreas en el sector más
bajo del valle, cercano a la confluencia con el río Copiapó, con
varios kilómetros de extensión sobre el fondo de valle hasta el
sector de Salto de los Monos.
El
reconocimiento de la propiedad de las tierras a Alfonso Prohens significó
la formación de la Hacienda Jorquera y el inicio de un período de
conflicto con las familias Collas que ocupaban estas tierras como invernada y
sobre las que muchos crianceros de ganado habían mantenido sus posesiones
por largos años. Finalmente se produjo el desalojo de aquellas; en 1989
Alfonso Prohens procedió sin orden judicial a expulsarlas, incendiando
sus posesiones para obligarlos a abandonar las tierras.
En
1986, la Sucesión de Isidora Goyenechea, propietaria de la Hacienda
Potreros de la Iglesia, logró por sentencia judicial que se le
reconocieran un total de 2.928,56 hectáreas sobre los terrenos de
invernadas de las Quebradas de Paipote y San Andrés, las que se
encontraban ocupadas por familias Collas, a las que se obligó a pagar
arriendo por las tierras para mantener sus posesiones. Otras familias quedaron
como meros ocupantes dentro de la propiedad particular.
En
el caso de los Collas de Potrerillos, las tierras de pastoreo y transhumancia de
invernada en gran parte pertenecen a CODELCO División El Salvador,
propietario de los predios “El Encanche” y “Vegas
Quemada”. Respecto de estas tierras, CODELCO ostenta títulos de
dominio en Vegas Quemada y el Encanche por una superficie no determinada y una
Servidumbre minera otorgada por el Fisco de Chile de 1810 hectáreas,
otorgada por D.S. 1284 del Ministerio de Tierras y Colonización de 1958.
Mientras que en las zonas de veranada correspondían a tierras fiscales,
lo que demostraba la precariedad de la posesión a pesar de haber habitado
estos lugares por largo tiempo.
CODELCO
ha facilitado el acceso de la comunidad Colla a estos territorios mediante la
suscripción de contratos de comodatos, pero se ha negado terminantemente
a transferir la propiedad.
Todo
lo anterior trajo consigo un despoblamiento relativo de los espacios ocupados
ancestralmente, debido a que muchas familias Collas migraron obligadamente a
centros mineros, ciudades y pueblos cercanos, en busca de trabajo y
educación para sus hijos, manteniéndose la actividad ganadera por
familias que siguieron pastoreando sobre amplios
territorios.
Las
comunidades Collas enfrentan además disputas por las aguas con empresas
mineras como Codelco-El Salvador, Minera Aldebarán-Cerro Casale, con
particulares propietarios de las tierras de la Quebrada de Paipote, con empresas
sanitarias que han captado las aguas para abastecimiento de pueblos, y con
empresarios agrícolas del valle de Copiapó y la Junta de
Vigilancia del río que han inscrito las aguas del río Jorquera.
Los Collas han perdido sistemáticamente los derechos de aprovechamiento
de las escasas aguas existentes en su territorio de poblamiento,
impidiéndoseles la ampliación de los cultivos que favorezcan la
producción agrícola de autosubsistencia y la alimentación
complementaria del ganado.
A
esto se suma que empresas mineras auríferas de carácter
transnacional se instalan en su territorio, agotando el agua y contaminado el
ambiente debido a la construcción de caminos en zonas de pastoreo,
tranques de relaves y sistemas de procesamiento de minerales con elementos
tóxicos, tales como el cianuro, ácido sulfúrico y
arsénico; contaminando las napas de agua y riachuelos; transportando
contaminantes sin control -“caravanas de la muerte”- derrame de
ácidos y similares; almacenando y eliminando desechos tóxicos
autorizados pero claramente inadecuados; contaminando con nubes de polvo, que
contienen elementos tóxicos previamente derramados, provocadas por
tránsito de vehículos en caminos en mal estado,
etc..
Por
otra parte, en estos espacios cordilleranos prácticamente no existe
inversión en infraestructura social y comunitaria, como escuelas,
establecimientos de atención de salud permanente, movilización y
otros servicios, quedando estas familias al margen de la mayoría de
planes de desarrollo local por carecer del dominio de la tierra,
obligándolas a distribuir a sus miembros entre la zona rural y urbana. En
la primera, para mantener la actividad pastoril y en la segunda, para resolver
problemas de educación de los hijos, trabajo y
salud.
El
Pueblo Colla hoy día ha sido desplazado de buena parte de su territorio
histórico, debiendo emigrar hacia las ciudades en busca de sustento para
sus familias. En efecto, hasta la fecha en el sector cordillerano las
comunidades Collas no han logrado regularizar ni un metro de tierra a su
nombre. Quienes viven en el campo y la cordillera, lo hacen bajo la forma de una
precaria tenencia legal de las tierras y aguas, o simplemente careciendo de
ellas, así como la transhumancia se practica sobre tierras que hoy son
ajenas. Existe un reconocimiento respecto a la disminución del grado de
discriminación en su contra, ésta aún se mantiene en la
aplicación de las leyes, en el trato que les da la autoridad, en las
ciudades y en las escuelas. Pese a ello, el hecho de haberse organizado en
comunidades les ha posibilitado luchar por sus derechos, a pesar del estado de
dispersión en el que se
encuentran.
5. Pueblo
Rapa
Nui
5.1.
Los primeros contactos
El primer
contacto con los europeos se produjo en 1722, cuando el marino holandés
Jacob Roggeveen, arribó a la isla y la bautizó como Isla de
Pascua. A esta primera incursión le suceden una serie de otras
embarcaciones que arribaron a la Rapa Nui y que tomaron contacto con los
isleños.
A
partir del año 1862, ocurrió un hecho de tremenda importancia que
acarreó consecuencias dramáticas para el pueblo rapa nui: la
masiva deportación de esclavos hacia el Perú.
Entre
el año 1862 y 1863, decenas de barcos se dirigieron a la isla con el
objetivo de tomar a la población por la fuerza, para conseguir esclavos
que trabajasen en las haciendas del Perú. Al menos mil quinientas
personas -el 35% de la población rapa nui de esa época- fueron
esclavizadas, y la inmensa mayoría murió en el
continente.
Muchas de ellas correspondían a personajes relevantes de la isla,
poseedores de una sabiduría ancestral, por lo que su exilio forzado
generó un enorme e irremediable vacío en la memoria
histórica de los rapa nui.
Una
vez prohibida la esclavitud por parte del gobierno peruano, quince
isleños retornaron a la isla, trayendo consigo enfermedades como viruela
y tuberculosis, que diezmaron a la población. Esto generó como
consecuencia un colapso demográfico de proporciones. En 1877 apenas un
centenar de personas de la etnia sobrevivían en Isla de
Pascua.
A
partir de 1864 arribaron a Isla de Pascua un grupo de misioneros pertenecientes
al Arzobispado de Tahiti. El asentamiento misionero trajo consigo los siguientes
efectos respecto en la población Rapa Nui: primero, promovió su
evangelización; segundo, trasladó a la población desde sus
asentamientos ancestrales hasta las inmediaciones de la misión, en el
sector que en la actualidad corresponde a Hänga Roa; y, tercero, dio
comienzo a las primeras ventas de las tierras Rapa Nui, efectuadas por los
isleños a favor del Arzobispado de Tahiti.
En
el año 1868 llegó, proveniente de Tahiti, Doutrou Bournier, quien
transformó a la isla en una hacienda y a los rapa nui en inquilinos bajo
su mando. Posteriormente Bournier, en ejercicio de su irrestricto poder, se
erigió rey de la isla. En este período, los rapa nui fueron
trasladados por Bournier de sus territorios originales y asentados en Hanga Roa
y los misioneros abandonaron la isla tras haber entrado en conflicto con
Bournier.
En
1876, Doutrou Bournier murió asesinado, al parecer, a manos de
isleños cansados de sus abusos. Después de su muerte, su hijo,
Tati Salmón, continuó con la explotación de la Isla de
Pascua hasta el año 1888.
5.2.
Las adquisiciones irregulares de tierras en Rapa Nui
Los
primeros en adquirir tierra rapa nui -que se incorporó al patrimonio del
Arzobispado de Tahiti- fueron los misioneros. Adquirieron un total de 635
hectáreas, compraventa que consta en dos escrituras certificadas y
celebradas en presencia de
testigos.
Algunas versiones dan cuenta que una parte de estas tierras se obtuvieron como
pago de pasajes para el traslado de rapa nui a la misión católica
de Mangareva, donde prestaban servicios para los mismos
misioneros.
Otro
adquirente de tierras es Doutrou Bournier, quien con ánimo expansionista,
se dedicó a “comprar” tierras a los rapa nui. Según
los relatos, la venta se hacía bajo presiones
ilegítimas.
En
1875, la sociedad constituida por Bournier y el comerciante residente en Tahiti
John Brander (a cargo de la explotación ganadera de Isla de Pascua), se
habría apropiado de una gran cantidad de
tierras.
A
la muerte de Bournier y Brander, en 1876 y 1877 respectivamente, se originaron
una serie de litigios por herencia entre las sucesiones de ambos y el Obispo de
Tahiti, quien recurrió de amparo solicitando la protección de los
derechos rapa nui sobre el
territorio.
El tribunal de alzada de Papeete - Tahiti, rechazó el recurso interpuesto
por el obispo en representación de los rapa nui, argumentando que la
demanda de amparo no había sido interpuesta conforme a las solemnidades
exigidas por la ley francesa y que no constaban por escrito los derechos de
propiedad de los
naturales,
procediéndose con fecha 24 de junio de 1886 a adjudicar todos los bienes
de la Sociedad Bournier – Brander al Sr. John Brander hijo. La
extensión de estas propiedades se estimaba en 2.275
hectáreas.
Existen
antecedentes de otras compras efectuadas a los isleños por parte de los
hermanos Aru Paca y Tati Salmón, cuyas propiedades según lo
atestiguado por John Brander –socio de Bournier– comprendían
706 hectáreas, amén de otros 19 pequeños predios, situados
alrededor de la
isla.
Respecto a los métodos usados por los hermanos Salmón para
apropiarse de estos territorios, no existen antecedentes.
5.3. El acuerdo de
voluntades o la toma de posesión por el Estado chileno
En
el año 1870, la corbeta de nacionalidad chilena O´Higgins,
recaló en Pascua al mando del capitán Ignacio Gana. En dicha
embarcación viajaba en calidad de cadete don Policarpo Toro Hurtado,
quien a la postre fue el promotor de la anexión de Isla de Pascua al
territorio
chileno.
Desde
el establecimiento de la misión católica, el obispo de Tahiti,
Monseñor Tepano Jaussen, se preocupó de la situación de la
isla, abogando para que Chile tomara posesión de
ella.
Con este fin escribió varias cartas a las autoridades
eclesiásticas chilenas impulsándolas a realizar gestiones para
comprometer al estado en la compra de las tierras de la iglesia. Finalmente, el
obispo decidió ceder la jurisdicción eclesiástica de Isla
de Pascua al arzobispado chileno.
Por
su parte, el capitán de corbeta Policarpo Toro, redactó en 1886 un
documento destacando la importancia estratégica de Isla de Pascua para
los intereses marítimos y militares del estado
chileno.
En
abril de 1888, el Ministro del Gobierno de Chile, Vicente Dávila
Larraín, otorga a Policarpo Toro una instrucción para la compra de
propiedades en la isla, comisionándolo para pagar 2.000 libras esterlinas
a los particulares no rapa nui que pretendían derechos de propiedad en
Pascua, específicamente destinados a la compra de los derechos de
propiedad de los hermanos
Salmón.
En
mérito de lo expuesto en los párrafos precedentes, se concluye que
el capitán Policarpo Toro, previo al acuerdo de voluntades, obtuvo el
traspaso de jurisdicción eclesiástica del arzobispado de Tahiti al
de Santiago, la escritura de compraventa de las propiedades de los hermanos
Salmón (706 hectáreas) y un compromiso de venta de las propiedades
de John Brander hijo (2.275 hectáreas).
El
9 de septiembre de 1888 se suscribió un acuerdo de voluntades entre el
capitán de corbeta Policarpo Toro, en representación del Estado
chileno, y el Ariki Atamu Tekena, secundado por el Consejo de Jefes Rapa Nui.
Este acuerdo de voluntades tuvo como preciso objeto establecer las bases de la
relación entre el Estado chileno y el pueblo rapa nui.
El
texto del acuerdo de voluntades consta en un documento redactado por un lado en
castellano y, por el otro, en rapa nui antiguo y tahitiano, cuyas copias
persisten actualmente. Conforme a dicho acuerdo de voluntades, los gobernantes
rapa nui y el capitán Policarpo Toro, convinieron lo
siguiente:
- La
cesión indefinida y sin reserva de la soberanía de la isla al
Estado
chileno.
- El
reconocimiento por expresa reserva de la investidura de los jefes rapa
nui.
- El
reconocimiento del derecho de propiedad de los rapa nui sobre todo el territorio
insular.
- El
compromiso del Estado chileno de garantizar el bienestar y desarrollo de los
rapa nui y darles
protección.
Con
posterioridad a la suscripción del acuerdo de voluntades, el gobierno
chileno trata sin éxito de realizar un proceso de colonización en
Isla de Pascua.
El
3 de septiembre de 1895, la isla es arrendada por el Estado chileno al ciudadano
de origen francés Enrique Merlet, a cuya administración se
atribuye “toda clase de tropelías” en contra de la
población rapa nui: quema de plantaciones, trabajos forzados, maltratos y
otras de similar naturaleza.
Cabe
anotar que en junio de 1896 se creó la Subdelegación
Marítima de Isla de Pascua, que queda dependiente de la
Gobernación Marítima de Valparaíso. Como subdelegado
marítimo se nombró a Alberto Sánchez Manterola, no obstante
éste fue contratado por Merlet como administrador. En tal cargo,
Sánchez no dudó en usar sus poderes de agente del Estado para
ponerlos al servicio de los negocios de Merlet y de los propios. Sánchez
era propietario de la pulpería que surtía de víveres y ropa
a la población rapa nui. Otros administradores sucedieron a
Sánchez Manterola, los que continuaron con las prácticas de este
último.
Esta
situación se extendió hasta 1903, año en que Merlet
firmó la escritura de traspaso de propiedades a favor de la
compañía inglesa “Williamson & Balfour”, que
creó la Compañía Explotadora de Isla de Pascua.
Para
materializar esta compraventa, Merlet intentó inscribir a su nombre los
terrenos de la isla, a raíz de lo cual se suscitaron serios conflictos
entre los arrendatarios y el gobierno de Chile. Se creó una
comisión consultiva para estudiar la situación, la que
recomendó al gobierno inscribir la propiedad de las tierras rapa nui a
nombre del fisco de Chile, habida consideración de la ausencia de
dominios particulares inscritos en dicho territorio. La inscripción se
verificó el 11 de noviembre de 1933 y se fundó en lo dispuesto en
el artículo 590 del Código Civil, que dispone que: “Son
bienes del Estado todas las tierras que estando situadas dentro de los
límites territoriales, carecen de otro dueño”.
Siguiendo
el procedimiento establecido en el reglamento del Conservador de Bienes
Raíces,
la inscripción fue publicada en el diario El Heraldo de Valparaíso
como medida de publicidad, pero de ella jamás tomaron conocimiento los
interesados y, por lo mismo, no hubo oposición por parte del pueblo rapa
nui que impidiera la inscripción.
Con
posterioridad a la inscripción, la isla continuó siendo arrendada
por la Compañía Explotadora de Isla de Pascua hasta el año
1952, y por igual período continuaron los abusos y arbitrariedades de que
fue víctima la población rapa nui a manos de ésta.
En
el año 1953 la dependencia de la Isla de Pascua se traspasó a la
Comandancia en Jefe de la Armada, que delegó su administración en
la Comandancia de la Primera Zona Naval. Cabe señalar, en todo caso, que
desde 1917 la isla estaba sometida a las autoridades, leyes y reglamentos
navales. Bajo la administración de la armada, que se extendió
hasta el año 1965, la situación de la población rapa nui
experimentó una mejoría, expresada en la instauración de un
servicio de flete gratuito para los isleños, aumento de la variedad de
bienes disponibles en la pulpería, incremento de salarios pagados a los
isleños empleados en las faenas de la hacienda y regalías,
mejoramiento de las instalaciones sanitarias, entrega bajo títulos
provisorios de terrenos a parejas jóvenes. Además, desde 1953, se
impartió educación hasta 6º básico y se
proporcionó a los alumnos desayunos y almuerzos.
Pero
la población también sufrió abusos y arbitrariedades bajo
la administración de la armada. Las restricciones para el libre
desplazamiento de los rapa nui se mantuvieron, se sometió a las personas
a castigos arbitrarios, se instauró el toque de queda para los
indígenas, quienes debían recluirse en sus viviendas a las 21:00
hrs. y continuaron los lunes fiscales, día semanal destinado a trabajo
gratuito en favor del fisco chileno.
5.4.
La resistencia rapa nui y el cambio en la relación entre el Estado y el
pueblo Rapa Nui: 1965 - 1973
La
resistencia de los rapa nui a los abusos fue constante. Desde la rebelión
de María Angata, en 1914, otros movimientos de resistencia se
manifestaron en la isla, sin lograr sus objetivos.
En
1964, el isleño Alfonso Rapu lideró una rebelión que puso
fin a la administración de la armada de Chile y presionó por un
cambio en la situación de sometimiento que abatía a los rapa nui.
Rapu, profesor formado en las ideas liberales, retornó a la isla decidido
a promover cambios en la situación a que estaban sometidos los
indígenas. Con este fin convocó a un importante grupo para iniciar
una rebelión y, junto a Antonio Tepano, Kiko Paté, Germán
Hotu, Guillermo Tori, Matías Riroroko, Edmundo Edwards y Juan Mau Mau,
escribieron una carta al presidente Eduardo Frei Motalva, que hicieron llegar en
forma clandestina a La Moneda. En ésta expresaban su deseo de formar
parte del país y contar con los derechos de todo ciudadano chileno,
denunciando la “tiranía” existente en la isla, y el
régimen de amenazas al cual estaban sometidos, además del encierro
y los numerosos abusos que sufrían.
A
continuación organizaron, al margen de la ley, una elección
democrática de alcalde. Luego de vanos intentos de la autoridad por
contrarrestar el movimiento, la activa movilización de las mujeres
obligó a la autoridad a aceptar la elección. A raíz de
estos acontecimientos se inició un debate parlamentario sobre la
situación de la isla que se extendió por más de un
año. Luego de estas discusiones, en 1966 se promulgó la ley
16.441, denominada también “Ley Pascua” que creó el
departamento de Isla de Pascua y a través del cual, la isla se
incorporó al sistema de gobierno civil, otorgándole a los rapa nui
la ciudadanía chilena.
Cabe
consignar que con anterioridad a la dictación de la Ley Pascua, los rapa
nui -para los efectos del derecho chileno y del derecho internacional- eran
apátridas, no tenían nacionalidad y, por tanto, no eran
considerados sujetos de derecho por ningún ordenamiento jurídico.
La
Ley Pascua, otorgó beneficios especiales a los rapa nui, tales como:
exención tributaria, reconoció su derechos a la tierra y
estableció un procedimiento de regularización, contenía
normas de protección a las tierras que se traduce en la
prohibición de venta de tierras a extranjeros, y contempló normas
de excepción en materia de administración de justicia que se
tradujeron en considerar elementos culturales como circunstancias atenuantes de
responsabilidad criminal. Se instalaron diversas reparticiones de gobierno en la
isla, entre ellas el Ministerio de Tierras y Colonización (hoy Ministerio
de Bienes Nacionales) y la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO), que pasó a administrar los bienes que antes dependían de
la armada.
En
la discusión parlamentaria que tuvo lugar con ocasión de la
dictación de la Ley 16.441, ambas Cámaras del Congreso acordaron
por unanimidad hacer devolución de la tierra a los pascuenses. Sin
embargo, en esa oportunidad la CORFO se opuso a esta iniciativa argumentando que
las condiciones de erosión que presentaba el suelo en rapa nui aconsejaba
su reforestación. En su argumentación CORFO señalaba que la
reforestación permitiría recuperar la capa vegetal y, una vez que
ello ocurriera, se procedería a la restitución de las tierras a
los isleños. Siguiendo esta política de reforestación, la
CORFO procedió a plantar grandes áreas del territorio insular con
eucaliptos, pero no promovió la restitución de tierras a los
isleños.
En
1966 se creó el Parque Nacional de Turismo de Isla de Pascua con casi
7.000 hectáreas de extensión.
Durante
el gobierno de Salvador Allende se impulsó un plan de desarrollo de Isla
de Pascua y la creación de un Consejo de Desarrollo con una amplia
representación rapa nui. Se promovió el desarrollo de cooperativas
y el trabajo colectivo, induciendo a los isleños a incorporarse al
proyecto socialista que ejecutaba el Estado. Estas acciones son de cargo de la
Oficina de Isla de Pascua, perteneciente a ODEPLAN, creada en 1972.
En
1972 se creó la CONAF y se incorporó el Parque de Isla de Pascua
al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). A partir de
esa época recibió la denominación de Parque Nacional Rapa
Nui, con 4.755
hectáreas.
5.5. La
regularización del dominio Rapa Nui, una nueva era de conflictos:
1973–2003
En
1979, el gobierno militar dictaminó, a través de la
dictación del D.L. 2.885, la regularización de la propiedad
mediante el otorgamiento de títulos gratuitos de dominio a los poseedores
regulares. El área objeto de regularización no se refería
al territorio ancestral rapa nui, sino que a la regularización del
área donde estos fueron reducidos y radicados a fines del siglo XIX.
Los rapa nui se
opusieron a esta normativa y generaron una fuerte resistencia. Reconstituyeron
el Consejo de Ancianos, entidad que lideró la lucha por la
recuperación de las tierras y la oposición a la
regularización.
Entre
las acciones que propició el Consejo de Ancianos destacan:
- Acción
reivindicatoria y acción de nulidad de la inscripción fiscal de
1933, fundada en que no se dan los supuestos de hecho que autorizan la
aplicación del artículo 590 del Código Civil a las tierras
de Rapa Nui, toda vez que los rapa nui eran sus legítimos dueños
al momento de practicarse la inscripción fiscal;
- Reclamación
ante Naciones Unidas dando a conocer los abusos y arbitrariedades cometidas por
el estado de Chile en contra de los rapa nui, acusando al estado de usurpar las
tierras a sus legítimos poseedores y dueños.
En
1980, el gobierno militar decidió traspasar las funciones que hasta ese
momento cumplía la CORFO (producción eléctrica, agua
potable, manejo del muelle y administración del fundo Vaitea) a la
Sociedad Agrícola y de Servicios de Isla de Pascua (SASIPA), como empresa
filial de CORFO. El fundo Vaitea se convirtió en un verdadero feudo
territorial, dedicado a la producción ganadera, reforestación y
promoción de estaciones experimentales de productos
agrícola.
En
1985, el Estado de Chile concesiona a Estados Unidos una parte de la isla para
ampliar la pista de aterrizaje del aeropuerto Mataveri, con el objeto de que
esta pista sirviera de alternativa para los transbordadores espaciales
norteamericanos.
Con
el advenimiento de la democracia en Chile, a principios de los noventa,
parecía surgir una nueva oportunidad para la relación entre el
Estado de Chile y el pueblo rapa nui. Representantes de la etnia concurrieron al
Encuentro de Nueva Imperial promovido por la Concertación de Partidos
Políticos por la Democracia (1989), donde se sentarían las bases
de un nuevo acuerdo institucional entre los pueblos indígenas de Chile y
este conglomerado político, representado por el candidato a Presidente de
la República don Patricio Aylwin Azócar.
Los
términos del acuerdo de Nueva Imperial dividieron las posturas entre los
rapa nui. Algunos encontraron en él respuesta a sus demandas y otros
estimaron que no satisfacía los intereses de su pueblo. Las posturas se
polarizaron, el Consejo de Ancianos se fraccionó dando origen a un
segundo Consejo de Ancianos, autodenominado Consejo de Ancianos N°
2.
Sólo
el Consejo de Ancianos N° 1, liderado por don Alberto Hotus Chávez,
continuó en la senda del Acuerdo de Nueva Imperial, instó por la
dictación de la Ley Indígena y la incorporación en la misma
de normas especiales relativas al pueblo rapa nui. Una vez dictada la ley, esta
facción de los Rapa Nui participó de las instituciones que
creó la nueva normativa. El grupo que conforma el Consejo de Ancianos
N° 2, mantuvo su disidencia y se opuso permanentemente a la Ley
Indígena y sus instituciones.
En
1993, el Estado dicta la Ley indígena 19.253, sobre protección
Fomento y Desarrollo de los Indígenas, que contiene normas especiales que
regulan la relación entre el Estado de Chile y el Pueblo Rapa Nui,
título VIII, párrafo 3°, artículos 66 y siguientes,
denominado “Disposiciones particulares Complementarias referidas a la
Etnia Rapa Nui o Pascuense”. Los alcances de esta normativa respecto al
Pueblo Rapa Nui o Pascuense, al igual que respecto de los otros pueblos,
serán tratados en el capítulo siguiente.
6.
La situación particular de los pueblos de los canales
australes
6.1.
Los Aónikenk
La
instalación por el gobierno chileno del Fuerte Bulnes en 1843 –en
la punta Santa Ana- y la fundación de Punta Arenas en 1848, ambos a la
orilla del Estrecho de Magallanes, fueron hitos que marcaron el inicio del
proceso colonizador del territorio Aónikenk. Desde un comienzo, los
indígenas se acercaron en actitud amistosa a estos asentamientos,
estableciendo con los afuerinos relaciones pacíficas basadas en el
intercambio de sus bienes (pieles, plumas, carne de guanaco) por productos
traídos por los afuerinos (yerba mate, azúcar, tabaco, alcohol,
etc.).
En
1844 el cacique Santos Centurión (de origen mestizo) y el gobernador,
sargento mayor, Pedro Silva suscriben un “Tratado de Amistad y
Comercio”, en virtud del cual se convino el libre tránsito y
comercio entre las partes, a cambio del reconocimiento por los indígenas
de la jurisdicción chilena sobre el territorio patagónico.
Más allá de las normas destinadas a regular la convivencia, lo
más importante de dicho documento era “la declaración de
Centurión y sus indios de
reconocer
el pabellón Chileno, como igualmente la nueva colonia que se ha formado.
A esta
expresión de voluntad se le dio el carácter de juramento, que se
ratificó con el izamiento de la bandera de Chile y salva de
cañones disparadas por las baterías del fuerte
Bulnes”.
En
1845 el mismo cacique y su lenguaraz (traductor) son invitados a Santiago y
allí agasajados. El interés de las autoridades chilenas en ganar
la confianza de los indígenas, tenía por objeto establecer a
través de ellos la soberanía nacional en las tierras
patagónicas disputadas en aquel tiempo con Argentina. En 1857 se
asignaría una pensión de gracia al cacique Casimiro, además
de otorgarle el grado honorífico de capitán de ejército.
Paralelamente, se entregaron a los restantes jefes indígenas diversos
obsequios, además de una bandera chilena para que la llevasen consigo en
sus
desplazamientos.
El
fuerte aumento poblacional experimentado a contar de 1860 en Punta
Arenas,
el auge económico, la proliferación de la industria maderera y
aurífera, la caza de mamíferos, el comercio y la
delimitación de las jurisdicciones territoriales de Chile y Argentina en
virtud del tratado de Límites de 1881, entre otras causas, desperfilaron
el interés estratégico de las autoridades chilenas por mantener
buenas relaciones con los Aónikenk.
El
auge de la actividad ganadera ovina, a partir de 1878, determinó que el
Estado concesionara a particulares los territorios Aónikenk. La presencia
de estos nuevos colonos marcó una época de graves abusos contra de
los indígenas que provocaron que los Aónikenk abandonaran
gradualmente el territorio chileno, para asentarse en territorio
argentino.
Entre 1885 y 1890 la expansión colonizadora ganadera comprometía
los campos de Dinamarquero y Bautismo, y las llanuras de la cuenca de la laguna
Blanca, tradicionales zonas de caza. Los Aónikenk vieron limitada su
área territorial, la que se extendía de occidente a oriente por
dos centenares de kilómetros, desde Morro Chico y valle del Zurdo a los
terrenos volcánicos del río Chico, a ambos lados de la frontera
chileno-argentina.
En
1893, el gobernador de Magallanes, Manuel Señoret, dispuso la
creación de una comisión exploratoria por los campos de la cuenca
de la laguna Blanca con el fin de verificar el estado de la colonización
y su desarrollo, instruyendo a sus integrantes para que ubicaran a los
Aónikenk que se encontraban en esa parte del territorio, “se
impusieran sobre sus costumbres y consideraran la posibilidad de
extendérseles concesiones para el caso que quisieran adoptar
hábitos más sedentarios y establecerse de modo permanente bajo
jurisdicción nacional. Señoret buscaba con ello darles una
seguridad siquiera relativa a los indígenas, para que prosiguieran su
existencia libre de perturbaciones por parte de los
colonos”.
Luego de reiterados reclamos, el cacique Mulato consiguió del gobernador
de Magallanes, la concesión provisoria de 10 mil hectáreas
fiscales que ocupaban en el río Zurdo. Dicha concesión fue
provisoria y no aseguró la permanencia definitiva de los indígenas
en dichas tierras, las que además eran absolutamente insuficientes en
tamaño para garantizar su subsistencia.
A
pesar de la concesión, los colonos continuaron hostigando a los
Aónikenk. El cacique Mulato, al no encontrar respuesta a sus demandas y
reclamos en la gobernación de Magallanes viajó a Santiago a
entrevistarse con el Presidente de la República de ese entonces, Federico
Errázuriz Echaurren, quien lo escuchó y prometió hacer
justicia. Sin embargo, los problemas persistieron.
Un
contagio de viruela diezmó a Mulato y su gente, reduciéndose
significativamente la población aborigen de la Patagonia chilena y
argentina. Los sobrevivientes huyeron hacia territorio argentino y en poco
más de medio siglo este pueblo habría prácticamente
desaparecido del territorio chileno. Sólo quedaron en territorio nacional
aquellos que habitaban en el valle de Vizcachas, los que luego fueron expulsados
hacia Argentina por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, que
había adquirido en 1905 la propiedad de los campos donde se encontraban
sus cotos de caza.
Los
Aónikenk fueron vistos por última vez en territorio chileno
alrededor de 1927. Los indígenas provenían de Kilik-Aike,
localidad al norte de Río Gallegos, Argentina, y se desplazaban
esporádicamente a la Patagonia chilena para cazar guanacos.
6.2.
Los Selk’nam
En
1883, por decisión del gobierno chileno, se inició en el
territorio Selk’nam la colonización ganadera. La primera
concesión de tierras a extranjeros -la sociedad Werhahn y Cía.- en
el año 1885, fue de 123 mil hectáreas, en las que fueron
introducidas 600 ovejas traídas de las Islas Malvinas. En 1889,
José Nogueira obtiene del gobierno chileno la concesión de 180 mil
hectáreas, y Mauricio Braun una de 170 mil hectáreas. En 1890
nuevamente Nogueira obtiene una concesión del gobierno de un
millón nueve mil hectáreas. Estas tierras constituyeron la base de
la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego constituida en
1893.
Debido
al pensamiento imperante en la época, los colonizadores consideraban que
con su presencia llevaban a cabo una labor civilizadora que era amparada por la
autoridad y las leyes del Estado. Los indígenas sólo eran un
obstáculo que debía ser superado.
Los
Selk’nam no estaban informados de los arreglos entre los estancieros y el
gobierno, y siguieron considerando la isla grande de Tierra del Fuego como su
territorio, atraídos por la masiva presencia del ganado ovino. Ante los
conflictos que surgen con algunos estancieros, buscaron llegar a acuerdos
pacíficos, solicitando para ello la mediación de los misioneros
anglicanos establecidos en la zona del Beagle. Entre 1881 y 1894, la
reacción de los europeos no pasó más allá de la
aplicación de castigos a los indígenas. Durante ese período
la población extranjera ocupaba únicamente algunos puntos del
sector costero occidental de la isla, entre el cabo Boquerón y
bahía Lomas, por lo que resultaron afectadas sólo las
parcialidades indígenas que transitaban por
allí.
La
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego impulsó una práctica
más agresiva en contra de los indígenas, ya que al ocupar la
totalidad del territorio que le correspondía, y que era el centro del
territorio Selk’nam, introdujo ganado, erigió centros de trabajo y
cercó los campos, restringiendo la movilidad de los pobladores
originales; para resguardar su propiedad contrató personal especializado
para vigilarlos imponiendo una política de guerra, con el objeto de dejar
sus campos “limpios” de indígenas para la colonización
pastoril. Este personal junto al de otras estancias sería el responsable
directo de la muerte de más de 300 indígenas.
Frente
al recrudecimiento de esta situación, en 1895 el R. P. José
Fagnano, sacerdote salesiano a cargo de la Misión de San Rafael, ubicada
en la isla Dawson, propone al Consejo Directivo de la Sociedad Explotadora que
por cada selk’nam transportado desde las estancias a la Misión se
le pagaría una suma de dinero a la Sociedad, la que fue convenida en una
libra
esterlina.
Esta acción de los misioneros, tenía por objeto promover la
civilización de los Selk´nam y mantenerlos con vida. La
misión de Dawson había sido fundada por Monseñor Fagnano en
el año 1888, y en un principio estuvo destinada a los kawésqar. La
isla había sido concesionada a la misión salesiana por el gobierno
chileno –mediante decreto del 11 de junio de 1890- por un período
de veinte años (1890-1910), durante los cuales funcionó la
Misión de San Rafael, pero en el año 1912 la isla es devuelta al
gobierno, al negarse éste a prorrogar la
concesión.
Sin
embargo, de acuerdo a un informe del gobernador de Magallanes, Manuel
Señoret, el sistema utilizado por los misioneros para introducir a los
indígenas a la civilización no era el más adecuado para los
intereses estatales. Señoret consideraba que los indígenas
debían ser integrados por medio de la asimilación de costumbres de
colonos chilenos establecidos en su propio territorio, sin necesidad de
arrancarlos de allí.
El
gobernador consideraba que la estrategia adecuada era que se establecieran
puestos militares en Tierra del Fuego, para lograr el triple propósito
que perseguía el Gobierno de Chile: “civilización de los
indios, colonización de la isla y protección eficaz para el
tranquilo desarrollo de sus
industrias”.
Tal como se había hecho en la Araucanía mediante la
fundación de pueblos, y la instalación de líneas de
telégrafos y ferrocarriles, para conseguir “dominarlo y
civilizarlo”.
Producto
del acuerdo establecido entre la Sociedad Explotadora y los misioneros, entre
los años 1894 y 1898, un número superior a ochocientos
Selk’nam fueron trasladados hasta la misión, lugar donde, en su
gran mayoría, murieron como consecuencia de la inactividad, el desarraigo
y las enfermedades que allí contrajeron, en especial la neumonía,
tuberculosis, sarampión y sífilis. En 1895, 111 selk’nam, 48
hombres y 63 mujeres, habitaban allí; un año después,
debido a la presión del hambre y un invierno excepcionalmente riguroso,
algunas decenas más se dejaron transportar hasta dicha misión. En
1899, el número había ascendido a 108 hombres y 170 mujeres, entre
selk’nam y kawésqar, que también había sido recluidos
allí. Su instalación en Dawson, alejados de su territorio de
origen y de la sociedad a la que se pretendía adaptarlos, terminó
por convertirse en un error –si bien involuntario- que trajo resultados
desastrosos, debido fundamentalmente a la forma de trabajo utilizada, similar al
de una industria, en el que fue empleada la población masculina tanto
selk’nam como
kawésqar.
La
Sociedad Explotadora buscaría posteriormente el apoyo de las autoridades
para erradicar a los selk’nam de la isla; para obtenerlo se utilizó
como subterfugio la exageración de las pérdidas ocasionadas por
los indígenas a fin de impresionar al gobierno. La Sociedad trató
de presionarlo para que sobre él recayera la responsabilidad de erradicar
a los selk’nam, manifestando al gobernador Señoret en agosto de
1894, la necesidad de enviar oficialmente un destacamento de 50 soldados para
capturar a los indígenas, los que serían transportados a la
misión de isla Dawson, en escampavías de la Armada
Nacional.
Pero
el gobierno de la época no se mostró dispuesto a colaborar con los
colonizadores; “por el contrario, el Ministro de Relaciones Exteriores y
Colonización escribió al gobernador Manuel Señoret
manifestándole su desagrado por las violentas medidas que los hacendados
adoptaban con los indios, aconsejándole que no se inmiscuyese en el
asunto. Tal instrucción concordaba con el pensamiento que más
tarde haría público el gobernador sur de la isla,
permitiéndoseles vivir en libertad al amparo de fuerzas nacionales y al
cuidado educativo de misioneros
franciscanos”.
Durante los últimos años del siglo XIX la ocupación
colonizadora fue llegando hacia las zonas interiores, cubriendo todo el distrito
patagónico sudoriental, clave en el desarrollo de la economía
pecuaria del territorio
magallánico.
Pese
a que los empleados de las distintas haciendas realizaban sus operaciones con
bastante sigilo, fue imposible evitar que los hechos que ocurrían en la
isla grande se hiciesen públicos. El rumor comenzó a extenderse
desde la localidad de Porvenir, hablándose no sólo de castigos y
persecuciones, si no de verdaderas cacerías donde los indígenas
que lograban ser capturados vivos (mujeres y niños en su mayoría)
eran tantos o más que eran muertos en los campos –hombres casi
siempre- por resistirse a la captura.
El
rumor llegó a oídos del senador por Llanquihue, Ramón
Ricardo Rozas, quien denunció los hechos en el congreso, e
interpeló al gobierno, reclamando protección para los
selk’nam, mientras que los diarios
El
Porvenir, La Razón y El
Chileno de Santiago
hacían eco de tales denuncias, generándose una suerte de
polémica al contestar Ramón
Serrano,
dichas denuncias por medio de
La
Libertad
Electoral.
La
autoridad ante estos y otros antecedentes hizo más severa su actitud
frente los estancieros, pero un nuevo suceso cambió la situación.
En la noche del 13 de enero de 1896, un grupo de selk’nam intentó
robar ganado en la hacienda San Sebastián, dicha acción fue
impedida siendo capturados siete de ellos y quedando varios muertos. Cuando se
trasladaban los apresados, el 18 de enero, para su posterior embarque a la isla
Dawson, los indígenas atacaron y mataron a sus guardianes. Apenas
enterado de ello Mauricio Braun, solicitó protección al
gobernador, quien de inmediato dispuso que 6 soldados, al mando del
capitán de ejército Ramiro Silva, fuera destinada a Tierra del
Fuego a fin de patrullar los
campos.
La
cuestión indígena en esta zona entró en una etapa de
abierta confrontación. En adelante ya no hubo consideración alguna
para los indígenas, a los que se les persiguió sin piedad y se les
atacó donde se les encontrara, mientras los que eran capturados vivos
fueron enviados a la misión de Dawson. La violencia de aquellos se fue
intensificando; la presencia de los soldados fue particularmente útil a
la Sociedad Explotadora -que así se liberaba de la molestia de tener que
perseguir y capturar con su propio personal a los
indígenas.
Los
sucesos que alcanzaban conmoción pública dieron lugar a un proceso
judicial para su esclarecimiento. El ministro de la Corte de Apelaciones de
Valparaíso, Manuel A. Cruz, había llegado en visita judicial
extraordinaria a Magallanes, se hizo cargo del proceso y realizó
diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos. El caso fue finalmente
sobreseído, no obstante, el ministro Cruz consignó en su informe
la brutalidad de los hechos que inquietaban a la ciudadanía:
“..
la voz pública acusa en Punta Arenas a aquellos empleados i a sus jefes
superiores de crueles e innecesarias vejaciones cometidas en las personas de los
indios i de sus mujeres i aún de odiosos asesinatos perpetrados con
refinada maldad para evitar aquellas
depredaciones”.
Estos
sucesos y otros que siguieron, llevaron a que en alrededor de 20 años
fueran eliminados los indígenas de Tierra del Fuego, dejando
“libre” el territorio a la colonización ganadera.
Martín Gusinde calculó que hacia 1860, los selk’nam
debían llegar a un número de 3.500 personas en toda la isla.
Julius
Popper,
uno de los personajes más siniestros en el proceso de exterminio de los
indígenas de la Patagonia, y John M. Cooper –encargados de
inspeccionar el terreno aurífero- estimaron que en 1891 para todo el
territorio, la población llegaba a 2.000 personas. El gobernador de
Magallanes Manuel Señoret calculó en 1894 un número de
1.500 personas, únicamente en la sección chilena de Tierra del
Fuego. El censo de población 1895, arrojó el número de
1.500; al mismo tiempo el explorador Otto Nordenskjold calculó
de
visu en 500 el
número de Selk’nam, cifra que debía referirse exclusivamente
a la zona norcentral de la isla, recorrida por aquél.
De
los datos precedentes puede inferirse que entre 1891 y 1894 el número de
Selk’nam haya fluctuado entre 1.200 y 1.500, siendo tal vez más
precisa esta última cifra si se consideran los datos de deportaciones y
la probable cantidad de bajas que se darían más
adelante.
De
esta forma, en 1881 la población aborigen de la parte chilena de la isla
podría haber llegado a 2.000 individuos aproximadamente, cantidad que
pudo haberse reducido a lo menos en una cuarta parte durante los trece
años siguientes, debido a los estragos que produjeron las enfermedades
recibidas en su contacto con los blancos (tuberculosis, gripe, neumonía,
sarampión, difteria, sífilis). A ello deben agregarse las bajas
producidas en los encuentros ocasionales con mineros y exploradores, y producto
de las luchas entre parcialidades -comunes entre los indígenas-
además de las acciones de represalia de los primeros hacendados.
Así, puede establecerse como probable una población Selk’nam
de 1.500 personas al momento de radicarse en la isla la Sociedad Explotadora de
Tierra del Fuego, en
1893.
Ya
en 1910, su número había disminuido drásticamente llegando
a un centenar de personas, radicada en las misiones salesianas de Dawson o
Río Grande, o que se había refugiado en las estancias de la
familia Bridges –a cargo de la Misión Anglicana de Tierra del
Fuego- (Harberton y Viamonte), o en las inmediaciones del lago Kami o Fagnano,
ambos ubicados en el sector argentino, en la zona boscosa y cordillerana al sur
de la isla.
Cuando
Martín Gusinde recorre Tierra del Fuego, en 1920, la población
Selk’nam era aún menor; de acuerdo a sus estimaciones alcanzaba a
279 indígenas, 216 de los cuales habitaban en el campamento del
Río del Fuego, 32 en el del Lago Fagnano, ambos creados a comienzos del
presente siglo por la misión salesiana subsistente, una persona en la
misma ciudad y otra en Harberton, todas ellas en Argentina, mientras que otros
20 indígenas vivían repartidos en las estancias en el sector
chileno de la isla. Para 1966 quedaban aún 13 indígenas de origen
selk’nam, mayoritariamente mestizos, en el sector argentino de la isla. En
mayo de 1974, muere en la ciudad de Río Grande, Angela Loij, la
última Selk’nam, quien pasó gran parte de su vida en el
último reducto de este pueblo, en la cabecera del lago
Fagnano.
6.3.
Los Yagán
El
auge de la actividad minera y el comercio en las islas al sur del Beagle,
llevaron al gobierno chileno a fines del siglo XIX a desarrollar un plan de
colonización en la zona, que correspondía al territorio del pueblo
Yagán. El gobernador Daniel Briceño, es el primero en dar a
conocer al gobierno lo que sucede en esos territorios, destacando la importancia
que tenía el oro como un efectivo agente
poblador,
pero sin mencionar hasta ese momento la existencia de población
originaria.
Para
resguardar el interés nacional en esta región, el mismo
Briceño proponía un plan, sobre el que casi sin variaciones se
planteará la colonización y desarrollo de las Islas en los
siguientes ochenta años.
Como
parte de esta iniciativa se crea Puerto Toro en la isla Navarino y la
instalación de la línea marítima regular entre Punta Arenas
y el área habitada por los
Yagán.
A partir de 1891, la gobernación de Magallanes otorgó sucesivas
concesiones provisorias de los terrenos de isla Navarino en favor de colonos
particulares, como la de Isla Navarino a favor de Pedro García y Roberto
Fernández, en marzo del mismo año, la de isla Lennox a Carlos
Williams. En 1896 se conceden 40 hectáreas de la isla Picton a Thomas
Bridges, para que allí construyese un aserradero, la que años
más tarde se extendió a toda la isla para la crianza de ganado. A
comienzos del siglo XX, las tierras ancestrales de los Yagán tanto del
sur como del norte del Beagle fueron ocupadas por
extranjeros.
Martín
Gusinde estimaba que la población Yagán en 1923 era de setenta
personas, quienes aún mantenían su nomadismo, vivían de la
pesca y caza, y conservaban varias de sus costumbres religiosas. Hacia 1946, los
Yagán sumaban sesenta y tres personas (diecinueve sin antecedentes de
mestizaje), experimentaban un fuerte proceso de aculturación y descenso
demográfico, por muerte o
mestizaje.
Para fortalecer su presencia en los territorios al sur del Beagle, el gobierno
chileno comienza a realizar importantes obras públicas en Puerto Luisa,
con el fin de establecer allí una base naval, que hoy corresponde a
Puerto Williams, la que en pocos años fue dotada con servicios
públicos tales como posta asistencial, escuela, etc. Para la
década del sesenta, los escasos sobrevivientes Yagán se
habían refugiado en las áreas de Puerto Remolinos (Argentina), y
Mejillones e Isla Navarino en Chile, en terrenos concedidos a la familia de John
Lawrence.
Sin
embargo, por órdenes de las autoridades navales de Puerto Williams, los
residentes en bahía Mejillones (base de la Armada) comenzaron a ser
erradicados a contar de los años sesenta en Villa Ukika, distante a dos
kilómetros de dicho lugar. El objetivo era acercar a esta
población servicios tales como el Hospital, la Escuela y la
Policía, de tal manera que la última familia abandona Mejillones
en
1971.
Los
efectos del traslado a Ukika pronto se harían visibles; ya para comienzos
de la década del setenta, además de que la población
llegaba a unas 58 personas, tuvo una gran incidencia en el proceso de
aculturización de este pueblo. La utilización de los servicios de
salud, educación, y comunicaciones, y el contacto permanente con la
cultura nacional, llevaron a la pérdida de los pocos patrones culturales
ancestrales que conservaban y que estaban presentes hace 20 años
atrás.
La
mayor parte de la población laboralmente activa de isla Navarino, vive de
los ingresos que le reportan diversas actividades. Una de ellas es la venta de
artesanías tradicionales, consistente en cestería confeccionada
con juncos, y antiguas canoas Yagán hechas de corteza de madera o cuero
de lobo marino vendidas por los artesanos directamente a los turistas, tanto en
sus propios hogares como en un quiosco instalado por la municipalidad de Puerto
Williams en el
muelle.
Otra
de sus actividades es la comercialización de productos del mar,
principalmente centolla y centollón, para lo cual disponen de tres
embarcaciones de su propiedad. Los productos obtenidos -entre nueve y diez
meses al año cuando la captura de estas especies es permitida-, son
mayoritariamente vendidos a las industrias centolleras existentes en el
área.
La carpintería de ribera, elaborando embarcaciones pesqueras
(embarcaciones de tamaño medio hechas con madera local), es
complementada con la pesca. El resto de la población laboral activa vive
principalmente del desarrollo de trabajos ocasionales; los hombres especialmente
en construcción y turismo, y las mujeres en servicios de hogar y
restaurantes.
En
términos generales, el presente del Pueblo Yagán está
marcado por una lógica de subsistencia, y la mayor parte de él
vive en condiciones de
pobreza.
Hacia
fines de los noventa, aproximadamente treinta de los integrantes de la comunidad
Yagán de Navarino vivía en la Villa Ukika, la que está
compuesta por un total de catorce viviendas, la mayoría de ellas
construida y ocupada por sus dueños, si bien algunas de ellas arrendadas
a éstos por personas ajenas a la comunidad Yagán. Los terrenos en
que se ubican dichas viviendas, así como la totalidad de los del
área urbana de Puerto Williams, son propiedad del SERVIU (Servicio de
Vivienda y Urbanismo) y no de sus
ocupantes.
Se
ha producido la pérdida casi generalizada de las costumbres y usos
tradicionales del pueblo Yagán debido a la adopción, por
imposición de usos provenientes de otras culturas, fundamentalmente la
chilena, lo que ha producido un cambio en la forma de vida de la gente, a
excepción de algunas elaboraciones de artesanías tradicionales
que, sin embargo, difieren muy poco de las del resto de la población de
bajos recursos, fundamentalmente pescadores, que habitan en la Villa Ukika o
Williams. La excepción a lo anteriormente la constituían las
hermanas Cristina y Ursula Calderón, ésta última
recientemente fallecida, que por el hecho de ser las personas de más edad
de la comunidad, alcanzaron a conocer en Mejillones parte de la forma de vida
tradicional de su pueblo, de las creencias y rituales, de su lengua y
costumbres. Ello determina que eran las únicas personas en la comunidad
que hablaban el idioma de sus antepasados, conectando al resto de la comunidad,
a través de sus recuerdos y relatos, con un pasado para ellos
desconocido.
Por
otra parte, diversos factores han incidido en la existencia de un proceso de
revitalización étnica al interior de la comunidad Yagán en
el último tiempo. La influencia ejercida en ella por las hermanas
Calderón con sus frecuentes relatos del pasado, el conocimiento del
proceso vivido por otros pueblos indígenas del país en los
últimos años, así como de la existencia de una nueva
política en beneficio de estos pueblos y comunidades, el interés
que demuestran quienes llegan hasta Navarino por conocer su historia y cultura,
entre otros factores, han llevado a los Yagán a rescatar su identidad
como integrantes de esta comunidad y a querer agruparse en torno a
ella.
6.4.
Los Kawésqar
A
partir del siglo XVI se tiene información de la presencia de
indígenas en la franja costera de la Patagonia occidental. En 1609,
misioneros establecidos en Chiloé llegan a territorio kawésqar
encontrándose con muy pocos habitantes. Pero en 1779, dos sacerdotes
visitan el mismo sector y hallan un gran número de indígenas,
llevando consigo a la misión de Chiloé, 33. En otro viaje toman a
31 miembros. Para 1786 el diario de a bordo de la expedición
hidrográfica de la fragata Santa María de la Cabeza, señala
la existencia de grupos de 60 o 70 personas, conformados por familias
independientes, compuestas a su vez por 8 a 10
personas.
La
declaración del gobierno de Chile, a fines del siglo XIX, de las tierras
de la Patagonia como territorio de colonización ganadera, también
afectó al pueblo Kawésqar ya que incluía las tierras
aledañas a los canales que recorrían, sobre todo el sector de
Última Esperanza. La presencia de los colonos desembocó en
numerosos conflictos con aquellos, muchas veces motivado por el robo de ganado
imputado a estos últimos, conflictos que costaron la vida a
indígenas y colonos.
Entre
los gobernadores de Magallanes y sus subordinados, por una parte, y los
Kawésqar de otra, sólo existió un contacto meramente
ocasional y siempre de carácter punitivo hacia los últimos,
quienes no habrían dado ocasión para algún tipo de trato,
ya que desde la fundación de Fuerte Bulnes y de Punta Arenas siempre se
mantuvieron alejados. De ellos se recordaría su carácter bravo, a
raíz del ataque a un teniente de marina en 1846, y al Fuerte Bulnes en
1852, quedando marcados por una imagen de pillaje y resistencia a las relaciones
amistosas con los
extranjeros.
A
comienzos de 1873 se produjo el primer y lamentable enfrentamiento; el
gobernador de la colonia –Punta Arenas- mantenía el ganado mayor de
propiedad fiscal en los campos del sector inferior del río Agua Fresca, a
cargo de algunos hombres. Los Kawésqar que transitaban ocasionalmente por
la costa, pronto descubrieron la hacienda y decidieron tomar algunos animales,
atacando a los encargados del ganado, que debieron huir a caballo. Una vez en
conocimiento de los hechos, el gobernador Oscar Viel envió, el 27 de
marzo, una expedición militar de carácter punitivo hasta el lugar.
Los soldados fueron recibidos a flechazos por los indígenas, y en
respuesta mataron a seis Kawésqar y tomaron prisioneros a doce
niños.
En septiembre de 1874 ocurrió un incidente similar, el informe
gubernativo señalaba que los encargados del ganado notaron la ausencia de
algunos animales, al seguir las huellas fueron repentinamente atacados por los
indígenas, a lo que respondieron con armas de fuego, provocando la muerte
de ocho Kawésqar, seis hombres y dos mujeres, capturando además
tres
niños.
La
gestión administrativa del gobernador Oscar Viel con los Kawésqar
no fue afortunada, y estuvo marcada por un rigor excesivo en el trato y una
evidente desproporción entre la ofensa inferida y el castigo infligido en
respuesta. Durante la gobernación de Señoret sucedió un
hecho similar que lleva a éste a disponer de la captura vivo o muerto del
cacique Kacho. Su sucesor, Guerrero Bascuñán, adopta nuevas
medidas de carácter punitivo en contra de aquellos, esta vez en julio de
1897, afectando a un grupo que transitaba por las cercanías de puerto
Consuelo en el interior del fiordo de Última Esperanza. El 19 del mismo
mes, el colono Herman Eberhard, interpuso una denuncia, señalando que los
Kawésqar habían estado matando y robando ganado de su estancia
durante enero y junio, lo que había motivado, en la última
ocasión, un enfrentamiento armado entre sus empleados y aquellos.
Producto de esta denuncia, el gobernador dispuso el viaje de un buque de la
Armada hasta Última Esperanza, con el fin de ubicar y capturar a los
kawésqar para su posterior reclusión en la Misión de San
Rafael, isla Dawson, lo que efectivamente se llevo a
cabo.
Los
gobernadores no se esforzaron en establecer otro tipo de relación con el
pueblo Kawésqar. Este fue ignorado y dejado a su suerte mientras no
perturbara la vida o hacienda de los colonizadores o los bienes del Estado. Para
los atropellos y abusos que debió sufrir no existieron sanciones ni
preocupación alguna de la autoridad, circunstancia que la hace
históricamente responsable de omisión
grave.
Otra
forma de relación entre Kawésqar y extranjeros se dio con los
loberos y nutrieros, que hacia fines de la década de 1860 comenzaron a
ejercer más intensamente la caza en la zona de los archipiélagos
del occidente
magallánico.
Desde 1880 a 1930, los Kawésqar mantuvieron contactos mucho más
continuos que en el pasado con los extranjeros, chilotes y
“blancos”. Esta sería la primera fase de las profundas
modificaciones introducidas en la vida material de estos indígenas,
así como de sus consecuencias demográficas y
psicológicas.
Los lugares de parición eran frecuentados tanto por indígenas como
por cazadores chilotes y loberos de Punta Arenas, de estos encuentros los
indígenas obtenían alimentos, vestuario, los cazadores, por su
parte, pieles y mano de obra para su preparación. Cuchillos y hachas,
así como chalupas y armas de fuego atraían a los indígenas,
produciéndose frecuentes robos, que derivaron en matanzas de hasta
familias completas de kawésqar; así como también los raptos
de mujeres jóvenes y adultas efectuados por los loberos eran
frecuentes.
A
partir de 1930 el contacto con los “blancos” se hace más o
menos permanente, conduciendo al abandono del sistema tradicional de vida hasta
su total
desaparición.
Las expediciones de caza de las goletas chilotas duraban entre tres a seis
meses, y a veces más pues la limitación legal de estas
cacerías no era severa en un territorio que era puramente administrativo,
mal conocido y mal vigilado. Los Kawésqar se establecían cerca de
sus campamentos, con una actitud desafiante al principio, luego entraban en
confianza gracias a pequeños regalos, hasta suministrar a los loberos una
mano de obra hábil y gratuita. A cambio de su trabajo de
preparación de las pieles, recibían alimentación chilota,
tales como galletas de harina, papas, cebollas y café de higos. A cambio
de sus capas de pieles de nutria y de coipo, recibían ponchos y frazadas
de mucho menor valor y calidad. Producto de las matanzas de familias y raptos de
mujeres y muchachos (para hacerlos marineros), un considerable número de
Kawésqar fueron trasplantados a Chiloé, Puerto Montt y Punta
Arenas.
Hacia
fines del siglo XIX, antes de la apertura del Canal de Panamá, la ruta de
los archipiélagos tuvo tráfico intenso. Para proteger esta
vía, la marina chilena envió a los archipiélagos a
numerosas misiones hidrográficas, y los pasos de barcos se hicieron
más frecuentes. Los puertos naturales en que los buques anclaban de noche
o con mal tiempo resultaron ser las grandes bahías habitadas
permanentemente por algunos grupos familiares Kawésqar. Durante estas
escalas los indígenas fueron objeto de curiosidad, recibiendo alimentos,
ropas, tabaco, a veces alcohol y herramientas de metal. Los cálculos de
población hechos por las tripulaciones de estos buques concuerdan en que
hacia la década de 1920 a 1930, el número de los Kawésqar,
ya reducido, podía ser superior a mil
personas.
La
penetración de los “blancos” en terrenos nuevos y aún
desconocidos de los archipiélagos iba en aumento, hallándose
terrenos aceptables para la ganadería en las regiones más
inhospitalarias y hasta en Última Esperanza. En ésta, en otro
tiempo un importante centro de población Kawésqar, se
levantó la ciudad de Puerto Natales, luego unida por un camino a Punta
Arenas. La creación de ambos centros, los únicos del territorio
chileno austral, ejerció cierta influencia, aunque limitada, sobre la
demografía y la repartición de los Kawésqar, quienes se
mantuvieron al margen de la población blanca abandonando sus viajes al
sector oriental del Estrecho de Magallanes. Mujeres Kawésqar se casaron
con blancos y algunos niños fueron recogidos por instituciones o personas
de Punta
Arenas.
Durante
los primeros cinco años de funcionamiento de la misión salesiana
de Isla Dawson, los Kawésqar fueron los únicos residentes.
Recibían algunos subsidios alimenticios y a veces dejaban allí a
sus niños. En 1895, el número de Kawésqar recluidos en la
misión llegaba a 65, con 27 hombres y 38 mujeres, sufriendo la misma
suerte que los
Selk’nam.
Los adultos fueron empleados como trabajadores de las faenas agrícolas y
forestales de la misión, mientras que los niños eran educados en
la cultura chilena. Muy pocos individuos sobrevivieron al desarraigo y la
enfermedad, haciendo de esto una de las causas que contribuyó a la
disminución de la población
Kawésqar.
De
acuerdo a la información recogida de sus informantes, en el estudio
realizado por Joseph Emperaire, la población originaria de los
archipiélagos comenzó a declinar en su número en el momento
en que los extranjeros se instalaron de manera semipermanente en su territorio.
Además de los actos de violencia perpetrados, a los que se agregan la
introducción moderada de alcohol, tales contactos regeneraron y
difundieron ciertas enfermedades que fueron una de las causas más
importantes del deterioro fisiológico del pueblo
Kawésqar.
Hacia mediados del siglo XX, el estilo de vida nómade de los
Kawésqar y el número de su población, había sufrido
una transformación radical. Los nacidos en los canales en las dos
últimas décadas del siglo XIX, llegaban a alrededor de 800
personas, de los cuales sobrevivían para mediados del siguiente siglo,
sólo 61. Las causas se encontraban no sólo en enfermedades como la
tuberculosis y el alcoholismo, sino también en las enfermedades
venéreas, que llegaron a ser causal de muerte de un 56,4% de la
población existente hacia
1950.
Por
otra parte, a excepción de dos familias que conservaban su nomadismo, la
población restante habitaba en torno a Puerto Edén, o en los
alrededores de San
Pedro.
En 1936 se instaló en el primero una base de la Fuerza Aérea
(FACH) destinada a apoyar el servicio aéreo postal de hidroaviones que
uniría Puerto Montt con Punta Arenas. Los Kawésqar ya
habían establecido campamentos temporales junto al faro San Pedro,
buscando alimentos y ropa; atraídos por este nuevo centro comienzan a
instalarse alrededor de la base, en la localidad de Yecarkte.
En
1940, por iniciativa del Presidente Pedro Aguirre Cerda –luego de su
visita a Puerto Edén- se dictó un decreto de protección de
la población del archipiélago, encargando a la FACH la
protección de los indígenas. Junto a ello se diseñó
un plan de radicación en Puerto Edén, incluyendo medidas
básicas como alimentación y atención en salud. La
distribución de víveres atrajo a la población
kawésqar en torno a Puerto Edén, en las que no existían las
mínimas condiciones de servicios básicos y
salubridad.
El modo de construir sus viviendas no cambió, pero estas fueron
volviéndose insalubres; las pieles de focas cada vez más escasas,
fueron reemplazadas por viejas telas de buque. La higiene se hizo deplorable, y
la limpieza personal que antes permitían la lluvia y el viento, ya no se
hizo
más.
Bajo
el amparo de la ley de protección se intentó una nueva forma de
integrar a los Kawésqar a la sociedad nacional. Hacia 1940, un joven de
diez años, conocido luego como Lautaro Edén Wellington, fue
enviado a Santiago a una escuela de la Fuerza Aérea. El objetivo era
instruirlo, “civilizarlo” y luego retornarlo a su lugar de origen
como jefe, para que por su intermedio se modificase el estilo de vida de su
pueblo. Lautaro Edén retornó en 1947, con un mes de permiso, como
ahijado del Presidente de la República y suboficial mecánico de
aviación, pero no sólo despreció a su gente, sino que no
reconoció a sus propios padres. Luego de cumplido su mes de permiso
Lautaro regresó a Santiago, teniendo como única consecuencia su
estadía, el envío al servicio militar de tres Kawésqar, y
luego la partida de su hermano menor a una escuela de
Santiago.
Lautaro
permaneció otros dos años en Santiago, donde se casó, y en
1949 regresó a Puerto Edén pero sin su esposa; había sido
designado como encargado provisional de la radio en la estación que luego
debía dirigir. Cumplió con sus obligaciones durante un tiempo, y
luego desapareció en compañía de una mujer Kawésqar,
haciéndose llamar
Terwa
Koyo (“brazo
tieso”). Poco a poco los Kawésqar comenzaron a unirse a aquel, que
se había vuelto a la práctica del nomadismo en los
archipiélagos. Los Kawésqar abandonaron completamente Puerto
Edén, cuando uno de los jefes del puesto comenzó a masacrar sin
ninguna razón a sus perros, su único bien y a los cuales se
hallaban muy apegados; esto se sumaba a una serie de incomprensiones producto de
la diferencia de mentalidades entre militares e
indígenas.
Junto a ellos Lautaro comenzó a formar una nueva comunidad en las
cercanías de San Pedro, donde vivían de la caza de animales de
piel fina, experiencia que duró tres años. Pero a comienzos de
1953, Lautaro muere ahogado en el estuario del fiordo Baker, junto a su
cuadrilla de caza. Una parte del pueblo Kawésqar volvió a Puerto
Edén, otros se unieron a los loberos y los restantes, dos familias,
regresaron a la vida de cazadores independientes entre el norte del canal
Messier y el
océano.
Finalmente,
la proyectada línea de hidroaviones no prosperó y la base de la
FACH fue abandonada. Luego de un tiempo, fueron estableciéndose
pobladores chilotes hasta formar la actual villa
Edén.
En 1969 es creado en la isla Wellington, unos kilómetros al este de la
radioestación de la FACH, el poblado de Puerto Edén, el que
quedó bajo la jurisdicción de Carabineros de Chile. Allí se
construyó un retén, dependiente de la Prefectura de Puerto
Natales, una posta de primeros auxiliares y una escuela. En este mismo
período es impulsada la política destinada a la creación de
poblados en las localidades apartadas de
Magallanes.
Los Kawésqar residentes en Yecarkte, a un costado de la
radioestación de la FACH, cuya población habría llegado a
43 personas en 1967, fueron trasladados a Edén donde el Estado les hace
entrega de casas pre-fabricadas, en conjunto a los demás pobladores, en
su mayor parte de origen chilote, que se establecen
allí.
Muchas
de estas casas se incendiaron, dado el material altamente combustible de que
estaban fabricadas y por la falta de hábito de residir de los usuarios,
que además utilizaban cocinas a leña e iluminación a velas.
Ante la emergencia los ocupantes se instalaron temporalmente con otras familias,
o construían chozas en el mismo lugar, semejantes a las de los tiempos
antiguos, pero sin contar con los materiales ni las condiciones del terreno
adecuadas.
Los Kawésqar, viven en ese entonces, como el resto de la
población, de la pesca y la extracción de mariscos, actividad
complementada con la elaboración de artesanías. Informes de la
época dan cuenta de la grave situación de miseria y abandono en la
que se encuentran. Muchos de ellos enfermaban de tuberculosis y pulmonía,
recibiendo de la FACH una alimentación y atención sanitaria
deficiente, esperando el paso de algún barco desde donde los pasajeros
les lanzaran
alimentos.
El
antiguo edificio de la radioestación de la FACH al crearse Puerto
Edén, había sido traspasado a la Empresa de Comercio
Agrícola (ECA), que instaló un almacén de comestibles. Para
1999, el sitio había recuperado su carácter de recinto militar, al
instalarse allí la Capitanía de Puerto, dependiente de la Armada
de Chile.
La
migración de la mayor parte de la población hacia ciudades,
marcó las últimas décadas del siglo XX. Las viviendas
estatales pudieron ser reemplazadas a fines de los años ochenta, con
materiales (madera y latón) para la construcción de cinco
viviendas que aporta el proyecto de una ONG belga, en las cuales viven hasta el
presente. La misma ONG donó una lancha (de 12 mts. de largo) apta para
la pesca, nombrada “María Luisa”, construida por la comunidad
Huilliche de Chiloé, así como de un muelle para facilitar su
uso.
En
1996 el grupo de Puerto Edén estaba compuesto de doce personas, dos de
las cuales eran estudiantes y sólo permanecían en el lugar durante
el período de vacaciones. En las cercanías de la isla Guarelo
también se encuentra un sitio de permanencia temporal, desde hace unas
décadas. La reducción de la población en Puerto Edén
se ha debido a las pobres condiciones de subsistencia en la zona,
produciéndose una migración hacia Punta Arenas (64 personas, 1995)
y Puerto Natales (12 personas, 1995), formándose así un grupo de
Kawésqar urbanos, quienes comercian en artesanía, trabajan como
integrantes de cuadrillas de pescadores-recolectores de mariscos o reciben
algún tipo de pensión por parte del
gobierno.
El total de la población Kawésqar llega a las 101 personas, entre
los residentes en los lugares anteriormente mencionados, las 2 que lo hacen en
isla Guarelo, al sur de Puerto Edén, 2 en sectores rurales no
identificados de la región de Magallanes, 1 en Panguipulli, 2 en Santiago
y 1 en un lugar no identificado, probablemente en la zona central del
país.
De
la comunidad residente en Punta Arenas, sólo un 6% habla su idioma, y
también se da un alto índice de analfabetismo y desconocimiento de
las técnicas de fabricación de utensilios (canastillos, botes y
arpones) característicos de su
cultura.
González, Héctor. “Los aymaras de la región de
Tarapacá y el período republicano temprano (1821-1879)”.
Documento de Trabajo Nº 45. Comisión Verdad Histórica y Nuevo
Trato. 2002. P. 2.
“Pueblo Aymara”. Revisión Histórica. Comisión
Verdad Histórica y Nuevo Trato. Santiago.
González, Héctor. “Los aymaras de la región...”
Op. cit.: 10.
“Pueblo Aymara”. Revisión Histórica. Op. cit.:
8.
González, Héctor. “Los aymaras de la región...”
Op. cit.: 10.
“Pueblo Aymara”. Revisión Histórica. Op. cit.:
15.
Gundermann, Hans. “Sociedad aymara y procesos...” Op. cit.:
41.
Sobre la cosmovisión Aymara del territorio se explayan los representantes
aymaras en la sesión del 27 de enero del 2003. “... De Nuestra
visión de mundo, nuestra visión de relación con lo que es
pachamama que llamamos nosotros... Para explicarse un poco de nuestra
visión de mundo, se cuenta, o lo que tenemos ahora recogido como estudio,
para nuestro pueblo aymara su ubicación en la tierra, ubicación
donde estamos puestos nosotros acá, está conectada directamente
con lo que es la naturaleza. No hay una superlatividad respecto del espacio,
respecto de algo que se imagina que es. El pueblo aymara ciertamente
logró sistematizar, logró introducir en su pensamiento, en su
conducta y en su visión de mundo lo que ve, lo que se toca. Y lo extra
humano, lo que no se ve y no se toca también se expresó de alguna
manera en lo que concibe como misterio, se expresó a través de las
fuerzas de la
naturaleza.”
“En
este caso, por ejemplo, tenemos una visión vertical... de la
geografía de nuestra región como es Tarapacá. Ahí
aparece el cerro Parinacota, el lago Chungará, en ese caso serían
los Payachata, está ubicado Putre que todo el mundo conoce y al final
baja hacia el sistema desértico y oasis, llegando a la costa, ciudad de
Arica. Para el pueblo aymara... la distribución espacial es... el espacio
dividido en tres partes: arak pacha, aka pacha y manka pacha. Y lo voy a decir
bien sucinto para que podamos entender esta expresión de espacio, de
conducta, de visión de mundo. “Nosotros miramos directamente al
arak pacha donde está el padre sol y todas las estrellas. Cuando nos
referimos a nuestras deidades decimos (...) pachacuti, pachamama (...), porque
ellos son los que nos dan vida, son como nuestra madre. Arak pacha no es algo
separado, todo es uno solo como nuestro cuerpo que cuenta con manos pies y
cabeza, todos se ayudan mutuamente para hacer algo y todo lo que tenemos es para
todos.
Aka
pacha, este mundo es todo lo que nos rodea, todo lo que palpamos y tocamos: el
sembradío, el cuidado de los animales, la vida en pareja, la vida en esta
tierra, la vida misma. El aka pacha es para mí, como una madre que nos
cría y nos cuida. Cuando hablamos con la papa, el agua, hablamos con la
hoja de coca, hablamos con la pachamama que nos alimenta. Manka pacha, el mundo
de abajo. La Manka pacha no es mala como ustedes los cristianos –dice
aquí un aymara- nos hicieron decir. Sólo hay que proceder con
respeto y permiso, todo debe hacerse con educación y justicia. Ahora
bien, no todos somos iguales, existen hombres con dones sobrenaturales,
señalados físicamente a los cuales no se les puede hacer sufrir
porque son elegidos y muy queridos por nuestro padre. Si los hacemos sufrir no
puede pasar cualquier desgracia. Hacer sufrir, lo injusto, la mentira, el robo,
la florea, es manka pacha, que no es lo mismo que el mal del infierno del cual
ustedes hablan”.
“En
la cosmovisión tradicional: arak pacha, lo que se ve arriba en los
cerros, en los grandes cerros; el taipi pacha, que es lo plano que estamos
viendo en estos momentos, el centro. Aka pacha o taipi pacha. Taipi en aymara
significa el medio. Y el manka pacha que se ubica debajo, pero no debajo de la
tierra, no lo subterráneo, sino debajo de lo que está de nuestra
visión espacial. Allá abajo. Para el aymara por ejemplo, el manka
pacha era el desierto, donde se pasa hambre, donde se pasa sed; era el mar,
donde tenía que recorrer todo un trazado hasta poder llegar ahí y
encontrarse con el agua. Todo ese espacio estéril, muerto era par
él manka pacha.
“
“Después,
con el sincretismo cristiano, ciertamente se concibe manka pacha como el
infierno donde vive el diablo, donde viven los males, donde están los
condenados. Pero el manka pacha en términos originales, de acuerdo a
nuestra visión, es basado en lo lateral, en lo geográfico. Y el
manka pacha humano, nuestra manka pacha en el cuerpo del hombre porque
está todo relacionado. Está en lo que tenemos muy intro, muy
debajo, nuestros pensamientos más íntimos es nuestro manka pacha.
Y no necesariamente tiene que ser malo, porque somos humanos, podemos cometer
errores, podemos pensar también mal a veces. Pero si obramos con equidad,
con justicia, eso puede eliminarse
.“
“Para
entender a un aymara, para entender a un paisano como le decios nosotros en
nuestro sector, dentro de los valores que todavía de alguna manera siguen
vigentes a lo mejor se han ido socavando con el tiempo, -nuestro hermano
León va a explicar más tarde cómo se han ido socavando las
bases culturales, pero está vigente todavía en la raíz de
las comunidades como valores integrales- la visión integradora. Un aymara
no ve jamás una situación única y sola, todo lo ve
complementado, todo lo ve integrado, lo ve como un todo. Yo en una oportunidad
me acuerdo hice una exposición en donde alguien me preguntaba
dónde vives tú, dónde es tu casa. Yo le decía mi
casa no es una parcela, no es una casa con un número en la ciudad; lo
que yo considero mi casa, como aymara, es la chacra que tengo en un pueblo en la
precordillera. Es una pequeña pascana que tengo más abajo en el
valle y también es el cerro donde voy a pastear mi ganado. Todo eso es mi
casa, ese es mi domicilio. Porque allí, en todo ese entorno yo vivo, en
ese entorno yo me crié y de eso yo me alimento. No es un lugar, un
domicilio común donde estamos acostumbrados a concebir actualmente como
el domicilio, la casa de una persona. Y eso está vigente hasta el
día de hoy. Quien les habla y quienes estamos aquí presentes,
descendientes de las comunidades, también lo tenemos presente, lo tenemos
claro como concepto de visión integradora, en este caso como
visión de territorio.
Tudela, Patricio. “El Estado y sociedad... Op. cit.: 22.
Ibid. 23.
Ibid. 24.
Gundermann, Hans. “Los Atacameños del siglo XIX y XX, una
Antropología Histórica Regional”. Documento Nº 51.
Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. San Pedro de Atacama.
2002. P. 5.
Sub Grupo de Trabajo Pueblo Quechua. “Informe Final”. Documento de
Trabajo Nº 49. Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato.
Santiago. 2002. P. 18.
La representación quechua en la sesión de 8 de enero del presente
de la Comisión Verdad y Nuevo Trato, expone un caso que evidencia la
gravedad del problema. Se señala que en el salar de Ascotán se
están extrayendo aguas, al parecer es CODELCO la entidad que extrae el
recurso para surtir el yacimiento minero El Abra. En este salar acotan
habían lagos, vegas, bofedales en el cual empastaban camélidos
silvestres, guanacos, vicuñas, avestruz y aves acuáticas, patos
andinos conocidos como guallata en lengua vernácula. Hoy en día
eso está todo seco y la situación empeora producto de la
sequía. Denuncian, lo representantes Quechuas que no existe un adecuado
control sobre el ejercicio de los derechos de agua y es la regla general el que
los titulares de derechos de agua saquen de los afluentes más agua de la
que les fue autorizada por la D.G.A.
Sub Grupo de Trabajo Pueblo Colla. “Informe Final”. Op. cit.:
5.
Molina, Raúl. “Los Collas...” Op. cit. 10.
Ibíd. 12, 13.
Sub Grupo de Trabajo Pueblo Colla. “Informe Final”. Op. cit.:
5.
Molina, Raúl. “Los Collas...” Op. cit.: 19.
Ibid. 16-18.
Ibid. 20-22.
Molina, Raúl. “Los Collas...“ Op. cit.: 34-36.
Grupo de Trabajo Revisión Histórica. “El Pueblo Rapa
Nui”. Segundo Borrador Preliminar. Documento de Trabajo N° 71.
Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Santiago. 2002. P.
6.
Consejo de Ancianos Rapanui. “El Pueblo Rapanui”. Op. cit.:
27.
Grupo de Trabajo Revisión Histórica. “El Pueblo Rapa
Nui”... Op. cit.: P. 14.
Martinic, Mateo. Crónicas de las Tierras del Sur del Canal Beagle.
Editorial Francisco de Aguirre. Buenos Aires. 1973. P. 72.
Debido a la inestabilidad propia de estos trabajos, los ingresos obtenidos por
ellos son variables. Por otra parte, de acuerdo al informe social de la
Gobernación provincial -para 1995-, dos integrantes de la comunidad
yámana tendrían un ingreso estable por su trabajo en la
administración pública de la zona. Ibídem.
Por otra parte, a excepción de tres viviendas que se encuentran lejos del
mar, las otras viviendas de Ukika se encuentran dentro de los 80 metros de
playa, cuya tuición, de acuerdo a la Ley Nº 18.255 de 1983,
corresponde a la Subsecretaría de Marina (Ministerio de Defensa
Nacional). La restante población yagán habita viviendas obtenidas
por medio de los servicios de vivienda del Estado o construidas por ellos
mismos, en la ciudad de Puerto Williams. (Ibid.: 70).
Emperaire, Joseph. Los nómades...Op. cit.: 124. El autor señala
además que los kawésqar vivirían de ahí en adelante
“amontonados en sus camastros en una horrible promiscuidad. En una misma
choza, cuyo diámetro mayor podría tener 3 metros, viven dos o
tres familias con sus perros, es decir, una decena de seres humanos y una
veintena de perros. Es fácil imaginar lo que pueden llegar a ser las
enfermedades venéreas u otras en semejantes condiciones. La inactividad
de los hombres y las mujeres es casi total y su resistencia a la enfermedad
disminuye correlativamente a la falta de trabajo. Ya no hay ceremonias. Salvo en
el caso de enfermedades graves y de muertes, los contactos con lo sobrenatural
no sirven ya de gran cosa. El blanco lo proporciona todo y responde a todo.
Él distribuye productos prefabricados. Las gentes, amontonadas en
cabañas más y más repugnantes, terminan de morir, esperando
la próxima distribución”.