Conclusiones
Aunque
en los últimos trece años se han realizado importantes esfuerzos
por promover cambios en la situación social y económica de las
etnias originarias del país, estos no han tenido resultados
significativos ni han sido suficientes para enfrentar los problemas que la
temática indígena plantea.
Las
posibles explicaciones de los bajos logros en el ámbito del desarrollo
económico y social de los pueblos indígenas provienen de dos
esferas: por un lado, de las instituciones gubernamentales vinculadas al mundo
indígena y las relaciones que establecen éstas con los pueblos
originarios; por otro lado, la esfera de las relaciones económicas entre
las comunidades indígenas y el entorno que las rodea, incluyendo
prominentemente a las grandes empresas.
Instituciones
gubernamentales y su relación con el mundo indígena
Los
principales problemas en esta esfera derivan de las insuficiencias en la
institucionalidad vigente para generar estrategias de desarrollo sociales y
económicas en las etnias originarias. Los problemas institucionales
afectan tanto a los mecanismos como a las organizaciones creadas por la Ley
19.253 para enfrentar la temática indígena.
En
lo referente a los mecanismos utilizados para promover estrategias de desarrollo
indígena, los principales problemas están en la rigidez que
caracteriza a los fondos que administra la CONADI y en la falta de pertinencia
de las políticas sociales dirigidas al mundo
indígena.
El
Fondo de Tierras y Aguas Indígena (FTAI) ha demostrado ineficacia para
incrementar los ingresos y la productividad de las actividades agrícolas
de las personas, familias y comunidades beneficiadas.
A
su vez, el FTAI genera conflicto al carecer de una delimitación temporal
de su ámbito de acción. La política de tierras que este
fondo sustenta ha causado un aumento de las demandas por reivindicaciones
territoriales, transformándolo en un mecanismo insostenible a largo
plazo.
El
Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) ha actuado predominantemente como una
herramienta de promoción y fortalecimiento productivo, dejando de lado la
dimensión social necesaria para obtener una mejora efectiva y sostenible
en la calidad de vida. Para mejores resultados, es necesario entregar a las
comunidades las herramientas para que incrementen su capital
social.
El
Fondo de Educación y Cultura (FEC) a diferencia de los dos fondos
anteriores, no se encuentra establecido en la Ley 19.253, aunque las acciones
que promueve se encuentran delimitadas en ésta.
Cabe
señalar la desigual distribución de la inversión
pública en estas materias. De los 24.762 millones de pesos que el Estado
invierte en políticas públicas orientadas al mundo indígena
(suma del presupuesto de la CONADI y el de los programas ministeriales que
trabajan en el
tema),
gran parte de los recursos son destinados al FTAI, mientras que un porcentaje
menor es dirigido a invertir en educación y salud.
Cuadro
6.1: Partidas de
Inversión Pública Indígena*(2003)
| Partida |
$
(Millones) |
% |
| Fondo
de Tierras y Aguas Indígena (CONADI) |
14.530 |
58,7% |
| Becas
Indígena (MINEDUC) |
4.155 |
16,8% |
| Gastos
Administración y Operación CONADI |
2.613 |
10,6% |
| Fondo
de Desarrollo Indígena y Otros (CONADI) |
2.163 |
8,7% |
| Salud
Indígena (MINSAL) |
720 |
2,9% |
| Educación
Intercultural Bilingüe (MINEDUC) |
441 |
1,8% |
| Programa
Traspasos de Tierras Indígenas (BB.NN) |
140 |
0,6% |
| Total |
24.762 |
100% |
Fuente:
Informe de Ejecución Presupuestaria 2º Semestre 2003
(DIPRES)
Los
fondos que la CONADI destina a educación y cultura se encuentran bajo el
Ítem “Transferencias a Privados” (Fondo Desarrollo
Indígena y Otros), diferenciándose de la inversión que
realiza el MINEDUC en becas. El año 2002 CONADI invirtió
sólo 50 millones de este Fondo en Educación y Cultura, demostrando
que en la actualidad existen escasos recursos para la preservación de las
culturas originarias y el traspaso de éstas a las nuevas generaciones
indígenas.
Sin
embargo, los fondos y los recursos involucrados en ellos no son el único
problema. La descoordinación institucional y la falta de pertinencia de
las políticas sociales indígenas producto de la escasa
participación de éstos en la toma de decisiones, también es
una realidad. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la
integración de los conocimientos indígenas en la prestación
de servicios de salud han implicado avances en estas materias, aunque la
inversión realizada en ellos es relativamente baja.
Respecto
a las organizaciones que crea la Ley 19.253, el conflicto radica principalmente
en el rol dual que tiene la CONADI. Esta corporación es el organismo
central creado por la ley indígena; sin embargo ella representa
simultáneamente los intereses del gobierno y de las etnias originarias.
Tal conflicto plantea la necesidad de una diferenciación funcional y la
consiguiente conformación de organismos gubernamentales independientes de
los organismos indígenas.
La
relación entre las comunidades indígenas y su entorno
económico, especialmente las grandes empresas
La
relación entre ambos actores sociales ha estado marcada por continuas
tensiones, prevaleciendo la idea en amplios sectores de la sociedad de que los
intereses de ambos grupos son contrapuestos e irreconciliables. Sin embargo, hay
destacadas experiencias que han demostrado lo contrario. Una relación
armónica entre empresas y comunidad es posible y puede traer beneficios
mutuos. Ejemplo de ello son Minera Escondida y CODELCO, que han demostrado que
acciones que consideren a la comunidad y al medio ambiente pueden ser
compatibles con buenos resultados económicos y competitividad
internacional.
Para
mejorar la relación entre las empresas y las comunidades indígenas
aún existe un largo camino por recorrer. Las tensiones se producen
principalmente por el uso de los recursos naturales y el significado distinto
que le atribuyen a ellos cada una de las partes. Mientras las empresas ven los
recursos naturales como insumos en su proceso de producción, los pueblos
indígenas los consideran como elementos centrales de su
cosmovisión.
Las
lógicas diferentes entre empresas y comunidad también se
manifiestan al momento de interactuar. La empresa responde ante las
contingencias que enfrenta en su entorno con acciones concretas de corto plazo,
normalmente infraestructura. Sin embargo, la comunidad –desde la
lógica tradicional- agradece las acciones concretas de corto plazo, pero
también espera una interacción con la empresa a largo
plazo.
Es
necesario que las empresas que enfrentan tales conflictos reconozcan estos
fenómenos, tomen una postura de respeto hacia las culturas preexistentes
y realicen acciones destinadas a mejorar sus vínculos con la comunidad
desde una visión de más largo plazo.
Muchas
veces acciones que son marginales para las empresas, como la compra de algunos
insumos, tareas de mantención, el arriendo de maquinaria agrícola
para las comunidades rurales donde se insertan, son consideradas por las
comunidades elementos claves en su relación y percepción de la
empresa, así como pueden contribuir a fortalecer la interdependencia
entre la comunidad y la empresa, donde ambos se defiendan mutuamente porque
tienen intereses comunes.