Propuestas
A
partir del diagnóstico realizado se plantean propuestas para mejorar el
desarrollo social y económico de las comunidades indígenas,
respetando la identidad y cultura de las etnias. Estas propuestas deben ser
comprendidas como una unidad aunque serán expuestas en tres ejes
relacionados con los nudos de conflicto existente entre los actores sociales
involucrados.
Eje
1: Renovación de la institucionalidad indígena
vigente
Las
instituciones relacionadas con el mundo indígena deben ser pertinentes
con las necesidades que los pueblos originarios poseen y manifiestan. Para ello
es necesario:
- Crear
un Fondo General Indígena
(FGI)
El
Fondo General Indígena (FGI) integraría en un solo organismo todos
los fondos de financiamiento asociados con el mundo indígena
(Fondo
de Tierras y Aguas Indígenas, Fondo de Desarrollo Indígena, Becas
Indígenas),
así como los recursos involucrados en programas gubernamentales para
pueblos indígenas pero ajenos a la CONADI (Becas, Educación
Intercultural Bilingüe, Salud Indígena, etc.).
Este
fondo tendría la ventaja de permitir una asignación flexible de
los recursos de los fondos según las áreas que los mismos pueblos
prioricen a través
del
Consejo de los Pueblos
Indígenas que
se describirá en el punto siguiente, o a través de sus
capítulos regionales o locales según el consejo establezca.
Debería por
sobre todo privilegiarse la propia opción de las comunidades, grupos y
familias indígenas, respetando sus preferencias a la hora de asignar los
recursos. Por ejemplo, son las propias familias indígenas las que
deberían poder decidir si los recursos que se les entregarán los
quieren invertir en tierras, cultura, vivienda, o en educación y
capacitación para sus miembros. Sin perjuicio de esta
autodeterminación, se sugiere aumentar la inversión en el
área educación debido a la necesidad de inversión en
capital humano y a la baja productividad de las tierras traspasadas a
través del FTAI.
El
FGI debería contemplar un significativo aumento de los recursos
invertidos en los pueblos indígenas. Sin considerar los montos destinados
a la Jornada Escolar Completa (que no discriminan por etnia), los distintos
fondos indígenas suman recursos por unos $25.000 millones. Proponemos
inicialmente un aumento de
40%
en estos recursos, del
orden de $10.000 millones por año, destinando al menos el 50% de estos
recursos adicionales a programas de educación y capacitación. Esto
permitiría más que doblar los recursos que hoy se destinan a estos
fines. El monto exacto del aumento de recursos, en todo caso, debe ser
determinado de acuerdo a las disponibilidades de fondos públicos y la
prioridad que se le dé a este mecanismo, probablemente en una forma
gradual.
Para
incentivar la participación del sector privado en el apoyo a la
educación y capacitación de los pueblos indígenas, se
propone extender los beneficios de la Ley
Valdés
a toda donación que tenga como fin apoyar la educación y
capacitación de los pueblos originarios.
En
el plano de entrega de tierras se recomienda:
- Descartar
las metas anuales de compra de tierras, dado que intervienen innecesariamente el
mercado de tierras en perjuicio de los compradores. Esto no significa que se
eliminen metas de mediano plazo en la compra de tierras pero se recomienda no
establecer metas de corto plazo que contribuyen a la especulación en el
mercado de tierras.
- Establecer
plazos para la solución de los conflictos judiciales por propiedad de
tierras. La indemnización o pago correspondiente (si es pertinente) puede
hacerse por medio de propiedades de bienes nacionales o directamente dinero,
priorizando la posesión de la tierra original en manos del litigante de
origen indígena.
- Priorizar
la entrega de tierras a comunidades que realicen un reclamo pacífico por
la propiedad de tierras y penalizar la entrega de este beneficio donde se
presente actos y conductas violentas.
La
puesta en marcha del FGI requiere de fusionar todos los fondos que hoy existen
en legislación vigente. La definición de cantidad de recursos que
se asignarán a cada fin dependerá del Consejo de Pueblos
Indígena (que se describe posteriormente). El uso y ejecución de
estos fondos debe garantizar una coordinación adecuada con los programas
indígenas que ejecuten ministerios y servicios distintos a CONADI. En
principio, los fondos que lo integrarán deben incluir al
menos:
- El
Fondo
de Tierras y Aguas
Indígenas
(FTAI) debe mantener las acciones orientadas a la compra de tierras y hacia
mejoras productivas, como también debe mejorar su coordinación con
el FDI para obtener mejores resultados en el aumento de la calidad de vida de
sus beneficiarios.
- El
Fondo
de Desarrollo
Indígena (FDI)
debe fortalecer las acciones destinadas a promover un desarrollo social de las
etnias originarias, con el fin de entregar un apoyo más integral a los
beneficiados por su política. Esto se puede lograr destinando más
recursos a programas como los de Capacitación en Gestión Social
Indígena y el Subsidio para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil
Indígena implementados en años anteriores.
- El
Fondo
de Educación y
Cultura (FEC) debe
adquirir existencia y prioridad legal, ampliando la actual aplicación de
las Becas Indígenas y asegurando su igualdad ante los otros fondos que
conformarán el FGI. A su vez, el FEC debe dar mayor prioridad al traspaso
de la cultura indígena en la educación básica y secundaria
que se les entrega a estos pueblos. Esos estadios del sistema educacional son de
vital importancia formativa y fortalecerlos refleja una apuesta por el
desarrollo armónico de las etnias del país.
- Otros
fondos y programas focalizados en los pueblos indígenas (Becas
Indígenas y Educación Intercultural Bilingüe -MINEDUC,
programas de Salud Indígena- MINSAL y otros que se quieran reformular
para atender a la población indígena).
- Crear
el Consejo de los Pueblos Indígenas
(CPI)
El
CPI debe ser un organismo indígena representativo e independiente de las
instancias gubernamentales, cuyo objetivo será aumentar la
participación indígena en la toma de decisiones sobre las
políticas públicas que les competen. El CPI debería ser un
organismo de consulta obligatoria para la toma de decisiones en políticas
públicas y uso de recursos vinculados a la realidad indígena. Este
consejo tendría las siguientes funciones:
- Priorizar
la inversión en materia indígena. El Consejo decidirá
cómo distribuir el presupuesto asignado para el mundo indígena,
según las preferencias que ellos mismos establezcan y teniendo en
consideración la diversidad de etnias existentes en el
país.
- Fiscalizar
el uso de recursos y la ejecución de los programas que CONADI,
ministerios y servicios dirijan hacia los pueblos originarios.
- Realizar
estudios que identifiquen los problemas de estos pueblos, y que evalúen
las políticas dirigidas hacia ellos.
- Constituir
un organismo de consulta obligatoria para la definición de
políticas públicas dirigidas hacia los pueblos
originarios.
La
creación de este organismo no es tarea fácil, porque requiere de
reformas constitucionales y de voluntad política para la creación
de un Registro Electoral Indígena que asegure la elección
democrática de sus representantes y fortalezca los sistemas de
representación tradicional vinculados a conceptos territoriales propios o
tradicionales.
En
términos operativos se recomienda descentralizar la operación para
garantizar la representación y priorización que tienen las
diversas comunidades indígenas del país.
- Definir
CONADI como instancia
gubernamental
La
CONADI debe ser un organismo exclusivamente gubernamental y como tal debe
ejecutar y gestionar las políticas dirigidas hacia el mundo
indígena. Además de actuar como organismo técnico-ejecutor
de un cierto número de iniciativas, esta entidad tendrá como
función la coordinación de todas las iniciativas que actualmente
desarrolla el gobierno hacia los pueblos originarios.
Redefinir
esta institución implica el desarrollo de acciones gubernamentales
más eficientes y eficaces para enfrentar el tema
indígena.
Como
organismo dependiente del poder central, la CONADI trabajaría en
colaboración con el Consejo de los Pueblos Indígenas de
Chile.
Eje
2: Adecuación de las políticas públicas a la realidad
indígena
Las políticas sociales dirigidas a los
pueblos indígenas deben considerar las características culturales
y tradiciones de estos pueblos de modo de ser herramientas pertinentes a la
realidad social que enfrentan.
a-
Incorporar a individuos o grupos indígenas en la ejecución de los
programas sociales orientados a los indígenas
Para dar mayor pertinencia a las
políticas de gobierno, un primer camino es fomentar la
participación directa de individuos o grupos indígenas en la
ejecución de los planes, proyectos y programas del gobierno dirigidos al
mundo indígena. Se plantea así generar una base más amplia
de prestadores de servicios sociales y profesionales de origen indígena.
Este mecanismo puede ser implementado en algunas áreas principales:
Área
educacional
Se
propone promover el desarrollo de Sostenedores de Escuelas que tengan origen
indígena, de tal manera que aseguren la preservación de las
culturas originarias y la formación de las nuevas generaciones en el
marco de sus tradiciones.
Estos
sostenedores funcionarían en aquellos sectores con un alto porcentaje de
población indígena y deberían pertenecer a la comunidad en
la que están ubicadas las escuelas.
Área
salud
Se plantea integrar machis, chamanes o
curanderos indígenas en los consultorios insertos en comunidades con un
alto porcentaje de población perteneciente a etnias originarias. Ellos
deberán trabajar en conjunto con el personal de salud de cada consultorio
y pertenecer a la comunidad donde éste se ubica.
Área
vivienda
Se
propone abrir espacios para que pequeñas empresas constructoras
indígenas postulen a la construcción de viviendas sociales
destinadas a pueblos originarios. Se propone otorgar algún tipo de
estímulo a aquellas empresas insertas en la comunidad donde las viviendas
serán edificadas.
Área
de desarrollo territorial
Se
propone formular instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial basados
en conceptos territoriales indígenas, con el objeto de articular procesos
de desarrollo culturalmente pertinentes, además de generar entre otros,
planes reguladores regionales, que articulen el ordenamiento territorial
existente con territorios de desarrollo indígena tradicionales e
identidades territoriales. Estos planes deberían tener presente el valor
de la ruralidad y considerar la preservación de la misma, mediante la
implementación de equipamiento y estrategias adecuadas.
La
incorporación de indígenas en la ejecución de las
políticas sociales requiere de esfuerzos institucionales orientados
a:
-Capacitar:
Los individuos o grupos indígenas que se incorporarán a la oferta
pública deben ser capacitados en la entrega de los servicios que
proporcionarán, para que las prestaciones que otorguen sean de calidad.
Las capacitaciones permiten entregar a las comunidades indígenas las
herramientas necesarias para que enfrenten sus problemáticas desde la
tradición en forma adecuada.
-
Flexibilizar la regulación
vigente: Las
regulaciones institucionales deben flexibilizarse para permitir el ingreso de
indígenas a los sistemas institucionales. Ejemplos de ellos
son:
- En
el área educacional, se debe permitir que indígenas no
profesionales, con la capacitación pertinente, realicen cursos dirigidos
a la preservación cultural en las escuelas de sus
comunidades.
- En
el área salud se debe adecuar el funcionamiento interno de los
consultorios para integrar –cuando proceda-- los procedimientos
tradicionales de los curanderos indígenas.
- En
el área de vivienda se deben flexibilizar las regulaciones en la
construcción de viviendas para que los conjuntos habitacionales
construidos sean pertinentes a las características de las
comunidades.
-
Discriminar positivamente el contrato de prestadores de servicios de origen
indígena: Es
necesario favorecer en concursos y fondos públicos a los grupos
indígenas que deseen participar de la ejecución de
políticas sociales en su comunidad. Esto se puede lograr mediante la
entrega de un
puntaje
adicional a estos
grupos en los procesos de postulación. Programas manejados por FOSIS e
INDAP, y el SERVICIO PAIS son candidatos naturales a fortalecer la presencia de
profesionales indígenas en la implementación de sus
proyectos.
Las
empresas que operan en comunidades indígenas también
deberían operar con mecanismos de discriminación positiva
contratando a empresas indígenas de la comunidad. Esto es especialmente
relevante en el sector forestal, que subcontrata buena parte de sus necesidades
de servicios con empresas externas. En una primera etapa, podría pensarse
que la discriminación positiva equivalga a preferir, en igualdad de
condiciones, a empresas locales, y en especial a aquéllas de pueblos
originarios.
b-
Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y privados en la
realidad y cultura indígena
Para
favorecer y facilitar la relación del mundo indígena con los
servicios públicos y empresas privadas, se propone ampliar los programas
de capacitación para funcionarios no-indígenas en cuestiones del
mundo indígena. Esto ayuda a disminuir la brecha cultural y dar mayor
pertinencia a la ejecución de programas y comprensión del quehacer
indígena.
No
cabe duda que los pueblos indígenas saben más del mundo
no-indígena, que
vice
versa. Es momento que
los empleados públicos y privados comprendan mejor a sus
“clientes” para entregar un servicio mas apropiado.
Al
igual que el punto anterior, se sugiere que sean preferentemente individuos y
grupos de origen indígena quienes se hagan cargo de esta
capacitación.
c-
Considerar el financiamiento de la “pertinencia” de las
políticas públicas dirigidas al mundo indígena
Acá
nos referimos a los programas públicos de acceso universal, más
allá de los programas dirigidos concretamente a los pueblos
indígenas. A veces puede resultar más eficiente darle pertinencia
a un programa público existente que inventar uno nuevo. Ello puede
requerir de una inversión adicional en tiempo de los profesionales, en
plazos de ejecución, o en recursos financieros.
Se
sugiere reservar dineros del FGI para que se establezcan convenios con
organismos públicos en que -aprovechando los programas básicos de
acceso general a toda la población- ellos se modifiquen y mejoren para
atender la población indígena. De esta manera, la capacidad de
inversión del FGI se multiplica, ya que solo aporta el margen faltante,
mientras el grueso de la inversión proviene de fondos sectoriales.
El
Consejo de Pueblos Indígenas ayudará a decidir cuánto y
cómo invertir en estas materias, al mismo tiempo que fiscaliza su
ejecución y se preocupa que la intervención sea coordinada
adecuadamente.
Eje
3: Certificación técnica, social y ambiental en actividades de uso
intensivo de recursos naturales
Se propone aprovechar y potenciar los beneficios
de la relación entre las empresas de este rubro y las comunidades en las
que están insertas. Para el logro de este objetivo la principal
herramienta es el fomento de la Certificación Técnica, Social y
Ambiental. Este mecanismo genera beneficios a la comunidad al asegurar que la
actividad productiva sea respetuosa de la realidad económica, cultural,
social y ambiental de las comunidades. Al mismo tiempo beneficia a la empresa
otorgándole ventajas para enfrentarse al mercado internacional y dando
mayor sustentabilidad a sus operaciones locales. Esta triple
certificación es un instrumento muy poderoso que permitirá
disminuir tensiones y aprovechar ventajas entre empresas y comunidades, al poner
bajo un lenguaje común las visiones de ambas realidades.
Algunas
de las iniciativas a seguir para el logro de esta certificación
son:
- Potenciar
el uso de la certificación productiva, ambiental y social en las
operaciones de las empresas con fuerte influencia en el mundo rural, y
establecer metas de certificación voluntaria de un 50% de los predios
para el 2010.
Para
que esto funcione, se necesita una institución idónea, como la
Fundación
Chile,
que establezca los estándares de certificación con la
participación de entidades publicas y las empresas privadas. En el caso
forestal, se esta desarrollando en forma muy auspiciosa la certificación
CertforChile, la que establece nueve áreas de acción:
(9) Monitoreo
y Control de Recursos.
Para
cada una de las áreas de acción, se establecen criterios, metas e
indicadores de logro. La generalización de esta iniciativa implica un
cambio en muchas de las prácticas que caracterizan a la operación
forestal. Si bien algunas empresas ya están implementando cambios, la
certificación independiente impone reglas iguales para todos y mejora la
actividad forestal en su conjunto. La transición implica la
colaboración de todos los actores, jugando un rol clave la capacidad y
responsabilidad que demuestren los prestadores de servicios locales y la
comunidad.
A
continuación se presentan algunas iniciativas complementarias, que
ayudarían a mejorar la relación de las empresas con las
comunidades locales y que –en algunos casos- son requisitos para la
certificación ambiental, social y productiva a que nos
referimos:
- Llevar
la cara de la empresa a las comunidades: involucrar a personal permanente en la
vida local y contratar localmente al menos un 20% de personal para sus faenas
temporales y permanentes cuando exista la capacitación adecuada;
nuevamente, este sería un programa voluntario.
- Coordinar
acciones inter-empresas a nivel territorial, para disminuir la inestabilidad en
las fuentes laborales y potenciar los programas de desarrollo que las empresas
realicen.
- Promover
a nivel local la integración de redes técnico productivas
certificadas y con un objetivo comercial, entre la producción primaria de
las comunidades, con la producción secundaria de la agroindustria, donde
sea posible.
- Organizar
las faenas, contratos y locomoción de tal manera que se minimicen la
necesidad de pernoctación de los empleados fuera de su hogar.
- Rediseñar
las prácticas de los departamentos de adquisiciones para orientar
preferentemente las compras de insumos (cuando sea pertinente) a las empresas y
comerciantes de las localidades donde se realizan operaciones. Esta es una forma
indirecta de generar empleo local que tiene resultados muy satisfactorios para
el desarrollo local y la relación comunidad empresa.
- Solucionar
los conflictos de propiedad en cada uno de los predios en operación.
Evidentemente, ésta es una responsabilidad compartida de los distintos
actores, y especialmente del
Estado.
Para
lograr que las empresas dedicadas a estos rubros adopten voluntariamente este
tipo de prácticas se propone generar incentivos que promuevan la
obtención de estos por parte de las empresas. Un camino posible es que
fondos estatales de fomento productivo (FONTEC, FONDEF, CORFO, FIA y otros) o de
promoción de exportaciones (PROCHILE) favorezcan a las empresas que
cuenten con la certificación pertinente.