La
Verdad Histórica del Pueblo Aymara
Los
aymaras de las antiguas provincias de Arica y
Tarapacá,
a diferencia de nuestros hermanos que permanecieron en territorio peruano -o
boliviano-, aparte del Estado colonial, hemos formado parte de dos Estados
nacionales: Perú y Chile. Del primero, entre 1821 y 1879, en el
período comprendido entre el momento de su independencia de España
y la Guerra del Pacífico; y, del segundo, desde 1879 hasta hoy, luego de
la definición de ese conflicto bélico y la consecuente
anexión de estas provincias a Chile, como país
vencedor.
Producto
de esta situación, hemos enfrentado no sólo distintos contextos
sociales, económicos y políticos, de acuerdo a la impronta marcada
por cada uno de estos Estados y sus respectivas coyunturas históricas
nacionales y regionales, sino también, parafraseando a Benedict Anderson,
hemos debido de hacer frente a dos “comunidades imaginadas” de forma
diferente y con definiciones distintas de sus “límites” y
“soberanías”, frente a las cuales hemos debido de plantear
modalidades particulares de inclusión o exclusión y,
además, distintas estrategias para enfrentar las leyes y prácticas
gubernamentales destinadas a regimentar el acceso a nuestras propias tierras,
necesarias para nuestra reproducción económica, social y cultural
o nuestra integración a la sociedad mayor dominante.
1º Las
comunidades indígenas aymaras, desde tiempos de la Colonia hasta el
período republicano, hemos padecido la tributación hacia el
Estado. Es decir, con nuestros
impuestos, ya fuese a la Corona Española o al nuevo Estado-Nación,
hemos financiado gran parte de la burocracia colonial y estatal en dicho
período.
Las
distintas leyes creadas, promulgadas, abolidas y modificadas han tenido a lo
largo del tiempo como principal propósito la contribución de los
indígenas (Sánchez-Albornoz, 1978: 192). En la permanente
discusión generada en los primeros años de la república,
finalmente se impuso la dramática necesidad de ingresos del estado
nacional. Pero los incentivos para reimplantar el tributo indígena no
fueron solamente económicos. Según V. Peralta (1991),
también había una intención de segregacionismo y racismo de
las élites criollas como una forma de marcar una barrera cultural que les
permitía seguir separados de los indígenas.
La
contribución indígena producía aproximadamente el 40% de
las rentas del Estado nacional peruano (P. Gootemberg, 1989; H. Bonilla, 1991 y
1997) y un porcentaje aún mayor de los presupuestos departamentales. Para
el caso que nos interesa acotar antecedentes, de acuerdo al padrón de
contribuyentes de 1845 correspondiente a la provincia de Tarapacá, la
contribución indígena era de todas formas la más
importante, ya que representaba el 82,5% del total de ingresos recaudados en esa
época por el
fisco.
2º La
declaración de la independencia de Perú y la presencia de los
ideales liberales emancipatorios de la época no mejoró la
situación de nuestras comunidades aymaras.
La
independencia de España y la implantación del nuevo
Estado-nación peruano por parte de las elites criollas, trajo consigo dos
consecuencias muy importantes para la población indígena, la
población mayoritaria de la naciente república. Por un lado,
su
transformación en “ciudadanos” de una nación de
“iguales” que
excluía cualquier tipo de diferencias; por otro,
su conversión
en propietarios particulares de sus
tierras bajo un régimen de libre disposición y, por tanto, libres
de la relación de “vasallaje” con la Corona española,
que sólo les permitía su usufructo a cambio del pago de un tributo
y otras obligaciones. La primera propone una circulación étnica
forzada, ya que plantea una correspondencia unívoca entre nación y
etnia: dentro del territorio de la nueva república todos sus habitantes
son “peruanos” y, para alcanzar la ciudadanía prometida, los
indígenas debemos traspasar las fronteras étnicas
“fijas” que durante la colonia sostuvieron la separación
estamental entre indios y españoles. La segunda ofrece una verdadera
“reforma agraria”: para alcanzar el “progreso
económico” los indígenas debemos convertirnos en
pequeños propietarios, libres de ataduras corporativas (las
“comunidades”) y de la intermediación (caciques u otras
autoridades nativas), que sostenían la “república de
indios” (opuesta a la de los “españoles”) durante el
período colonial.
En
1821 José de San Martín decretó que los Indios eran
“ciudadanos” de la nación que debían ser reconocidos
como “peruanos”, abolió el tributo indígena y
prohibió estrictamente la sujeción de los indios a cualquier tipo
de servidumbre involuntaria. En 1824 Simón Bolívar declaró
la disolución de las comunidades indias en Perú, la entrega de las
tierras a sus ocupantes de manera particular, la venta de los terrenos de
apropiación colectiva y la desaparición de los cacicazgos y
títulos nobiliarios de indígenas (G. Figallo, 1994).
La
incorporación de territorios aymara al Estado chileno
3º La
incorporación de los territorios de las Provincias de Arica y
Tarapacá al Estado de Chile fue un proceso cargado de violencia,
imposición de elementos simbólicos y persecución, que
afectó principalmente a la población aymara de dichas
provincias.
Los
historiadores y profesionales de las Ciencias Sociales denominan este proceso
histórico como la "chilenización", definido por Patricio Tudela
como:
"un intento por concientizar a la población local
que obedece al deseo de reducir por todos los medios posibles el contingente
peruano, por aumentar y facilitar la solidaridad de la población local
con la República chilena, reemplazando el patriotismo peruano y engendrar
en la población un espíritu patriótico favorable a Chile"
(Transformación Religiosa y Desintegración de la Comunidad Aymara
Tradicional en el Norte de Chile", Holos, Bonn, 1992, página 26).
La
chilenización fue una política implementada por el Estado de Chile
conscientemente hacia la población indígena de estas provincias.
Comenta Tudela:
"En el momento de la ocupación la
población indígena de Arica y Tarapacá se encontraba en una
situación de aislamiento geográfico y social. Pero para las
autoridades chilenas, ella lejos de ser una minoría representaba
más del 50% de la población de esas provincias. Es por esto que el
gobierno chileno implementó medidas para concientizar y asegurar la
autoridad y el control sobre la población local reunida en los
ayllu-comunidades." (Transformación Religiosa y Desintegración de
la Comunidad Aymara Tradicional en el Norte de Chile", Holos, Bonn, 1992,
página 26).
Para
el Pueblo Aymara dicho período de nuestra historia, que llamaremos
"des-aymarización" por ahora, fue un proceso violento, de miedo,
amedrentamiento, muerte e imposición de costumbres ajenas, de
intolerancia y falta de visión de las autoridades chilenas de la
época, al igual como ocurriera a partir de 1492.
4º La
ocupación de los territorios ancestralmente ocupados por las comunidades
aymaras por parte del Estado de Chile y la implantación del status
jurídico de la igualdad jurídica, significó el no
reconocimiento del derecho ejercido a partir de la costumbre respecto del uso
ancestral de nuestro territorio.
Una
de las primeras medidas que impone el Estado de Chile en los territorios
ocupados es otorgar la condición de ciudadanos chilenos por derecho de
residencia a todos aquellos quienes lo solicitaran. Esta medida implicó
en la práctica, ser ciudadano chileno "sin distinciones", es decir se
impone la ley chilena en todos los territorios, sin tomar en cuenta que nuestras
comunidades poseían formas distintas de ocupación y
definición de la tierra, nuestra "Pachamama".
Se
desconoce la existencia de tierras comunales. Las tierras son consideradas
fiscales en aquellos casos en que no existía escritura de propiedad
privada.
En
1911, un decreto del subdelegado de Putre da cuenta de lo anterior:
"Visto lo expuesto por el Gobernador con fecha 27 del
mes precedido he venido en acordar y prohíbese a todos los vecinos de
Putre, Socoroma, Caquena y Parinacota el pastisaje de sus animales en todos los
terrenos de las serranías y planos de propiedad fiscal. ............ Los
vecinos deberán solicitar el correspondiente permiso a la
subdelegación"
Decreto
de la Subdelegación de Putre, del 6 de Octubre de 1911,
Archivo Museo San
Miguel de Azapa, Arica. Citado por Patricio Tudela.
Asimismo,
no sólo se nos limitó el acceso nuestras tierras comunales para el
pastaje, sino que además dichas tierras, ancestralmente nuestras, fueron
repartidas entre funcionarios públicos venidos desde fuera.
"Sírvase
remitir a esta gobernación una lista de las propiedades fiscales que
existen en esa subdelegación ocupadas por funcionarios públicos y
las que aún están desocupadas especificando su ubicación,
calidad aproximada y objeto a que se les destina actualmente (...) De las
propiedades que no están ocupadas Ud. se servirá indicarme las
personas, chilenas se entiende, a quienes se les puede entregar su custodia y su
cultivo (...) El infrascrito estima que hay conveniencia en que cada funcionario
público tenga una extensión de terreno fiscal para su cultivo y
aprovechamiento..."
Documento
Nº 988,
Carta del
Gobernador de Arica, Luis Arteaga, dirigida al Subdelegado de
Putre
Con fecha 6
de Noviembre de 1913. Archivo Museo San Miguel de Azapa,
Arica.
Citado por
Patricio Tudela.
A
partir de estos antecedentes bibliográficos y los testimonios de nuestros
"tatas", podemos afirmar con toda certeza que las comunidades aymaras sufrimos
la usurpación de nuestras tierras comunales, ya que éstas fueron,
primero declaradas fiscales y luego entregadas, en parte, a propietarios
chilenos.
5º El
proceso denominado de "chilenización" continúa hasta el día
de hoy
Muchos
historiadores plantean este período histórico entre 1884 y 1930,
dividiéndolo en dos fases. La primera entre 1884 y fines de siglo, y la
segunda desde principios de siglo hasta 1927. Sin embargo, muchos testimonios de
nuestros hermanos demuestran que dicho proceso de amedrentamiento,
persecución y de miedo continuó casi hasta finales del siglo
XX.
"En el año 1945 (aproximadamente), en la
localidad de Cariquima, cuentan que para la fiesta de San Juan realizada en
noviembre, llegaron unos comerciantes de Chuzmiza con mulas, licor y ropa
militar para vender. Estos comerciantes estaban acompañados por un grupo
de carabineros, quienes dieron la orden a los habitantes para comprar los
productos, incluso vestir la ropa militar que compraban (a través del
trueque). A los habitantes les quedaba grande la ropa y les daba vergüenza,
pero por miedo lo hacían igual. Al único que no obligaban a
ponerse la ropa era al alférez del pueblo.
Este
hecho, revela la fuerte forma de amedrentamiento y abuso ejercido sobre los
ciudadanos.
Cuando
éramos niños, los carabineros nos pegaban cuando andábamos
en la calle y usábamos nuestra vestimenta típica (acso) o
hablábamos en aymara. Además, yo creo que también hubo una
opresión en las escuelas, para mi estas fueron "laboratorios de
transformación" y esto a mi parecer todavía existe."
Testimonio
del Jilata Javier Vilca, de Lirima.
"Yo
hablo de mi experiencia en Visviri (frontera con Perú y Bolivia). Cuando
hablábamos aymara, los carabineros nos decían "se van a Bolivia o
los matamos".
Mis
abuelos dicen que habían muchos abusos, "los carabineros mataban", dicen
que en Ancopujo (Comuna de General Lagos) hay enterradas varias personas.
Había mucho sufrimiento, sobre todo cuando entregaron Tacna a
Perú."
Testimonio
del Jilata Fortunato Manzano, de Visviri.
"La gente de mi generación también se ve
marcada por el proceso de "chilenización", (última oleada), ya sea
por Carabineros o por el educador (profesor). Pero lo más importante es
que también fuimos chilenizados por nuestros propios padres. Eran ellos
los que nos exigían una forma de comportamiento, lo que teníamos o
no que decir, etc. Es decir, ellos también estaban chilenizados y
tenían un cierto orgullo de eso. Lo anterior ocurría más
con los varones porque la "mujer" es y fue la principal transmisora de cultura,
manteniendo las usanzas y costumbres aymaras."
Testimonio
del Jilata Lino Mamani, de Copaquilla-Chapiquiña.
"Pienso que también existió la
presión psicológica, ya que yo también viví esa
época. Por ejemplo, cuando éramos niños nosotros
comíamos nuestra comida típica, el mote, chuño, tostado,
etc., pero cuando llegó el profesor llegó obligando a comer otras
comidas como los "porotos", diciendo que eso comían los chilenos no lo
otro. También nos obligaba a cantar cantos chilenos... con todo esto
torturaban.
Uno
andaba asustada, tenía miedo... yo creo que todavía existe esa
presión."
Testimonio
de la Kullaka Gilda Palape, de Coscaya.
6º Al
incorporarse los territorios de Arica y Tarapacá al Estado de Chile, los
censos de población nunca consideraron la variable étnica hasta
recién el Censo de 1992.
La
situación de la población indígena de Tarapacá
quedó, por lo mismo, bajo una mirada constitucional diferente a la
peruana. El censo peruano de 1876 reconocía que había en
Tarapacá 16.686 indios de un total de 38.225 personas, es decir un 43,7%.
Sin embargo, los censos chilenos no considerarán la variable
étnica, puesto que el indígena no estaba incluido como tal en la
visión positivista
sarmientina
de un Estado que se sentía moderno y
“civilizado”.
Esto
nos demuestra una vez más que el proceso de asimilación de nuestro
pueblo continuó casi permanentemente hasta fines del siglo XX, puesto que
el Estado-Nación aún funcionaba con la idea positivista de la
unidad en torno a una razón universal y única.
7º La
demarcación de las nuevas fronteras después del término de
la Guerra del Pacífico y el Tratado de Paz y Amistad de 1904 con Bolivia
no tomó en consideración los límites históricos de
las comunidades aymaras.
Esto
ha derivado en conflictos que se arrastran hasta el día de hoy,
principalmente en torno a la propiedad de las grandes extensiones de terreno
para el pastoreo, en particular con nuestros bofedales.
Los
tratados internacionales permitían a los aymaras chilenos ejercer su
derecho a la propiedad en Bolivia como los aymaras bolivianos a ejercer la suya
en Chile. Este punto trajo consigo importantes conflictos entre aymaras de
ambos países, el que se fue acentuando con el proceso de
“des-aymarización (chilenización). Cabe destacar que ciertas
comunidades aymaras como Pisiga Carpa, que está en territorio chileno, y
Pisiga Colque, en el territorio boliviano, sufrieron importantes modificaciones
en sus bofedales producto de la definición de la frontera internacional,
quedando parte de ellos en el otro país.
8º La
presencia de Carabineros de Chile fue un elemento de control y represión
para nuestras comunidades en este período.
Carabineros
se autoimpuso una finalidad educativa en el proceso de asimilación de
estas comunidades a la sociedad nacional.
Instrucción
Primaria Obligatoria
(Extracto)
"...Las
comisarías rurales dependientes de esta Prefectura, por intermedio de los
señores oficiales a sus órdenes, han dictado conferencias en los
centros obreros de las oficinas salitreras, tratando de hacer entender el rol
que corresponde a carabineros en su misión fiscalizadora y procurando a
la vez, un acercamiento con los elementos en referencia e inculcándoles
el amor patrio y el respeto hacia las autoridades y leyes.
Por
otra parte, y en
aquellos sectores del interior, donde todos sus habitantes los constituyen
indios sin las más rudimentarias nociones de
civilización, los carabineros,
tanto con la palabra como con el ejemplo, están constantemente
introduciendo en dicha gente, hábitos de higiene y de cultura en
general..."
Memoria
de Oficinas Públicas Archivo Intendencia Tarapacá.
9º La
"igualdad jurídica" como elemento homogeneizador de la sociedad
chilena.
En
el período que va de 1883 a 1929, la población indígena de
Arica y Tarapacá no gozó de una condición jurídica
especial. Se aplicó un criterio de “igualdad jurídica”
con la consecuencia evidente de que no se nos concedió reconocimiento
legal a nuestros derechos ancestrales sobre las tierras y los recursos de que
disponíamos desde tiempos inmemoriales. En 1911 nuestras tierras fueron
consideradas como propiedad fiscal, en aquellos casos en que no existía
escritura (terrenos comunitarios asociados a la iglesia), decisión que se
enmarcaba en una suerte de discriminación sistemática que buscaba
favorecer a los colonos chilenos venidos desde el
sur.
En alguna medida esta disposición afectó las bases de la
estructura comunitaria, ya que desencadenó un proceso de
inscripción ante el registro de Propiedades de la Gobernación y la
privatización del recurso
comunitario.
10º La
creación de nuevas instituciones como elemento integrador, de control
social y desestructurador de las instituciones tradicionales.
Nuestras
autoridades tradicionales sólo fueron parcialmente reconocidas por las
autoridades chilenas. Se creó una red que más allá de ser
funcional al ejercicio de la autoridad, también servia para el control de
las actividades en las diferentes localidades. Se redefinieron los
títulos, cargos y responsabilidades en las localidades rurales. En
Belén, Putre y Codpa, por ejemplo, se establecieron los Subdelegados y
Jueces de Subdelegación; en otras Inspectores y Jueces de Distrito
(Caquena) que actuaron hasta comienzos de los años sesenta. En los
poblados menos importantes se nombraron "cabos celadores" o vigilantes
(Guallatire). Todos ellos obedecían las instrucciones directas del
Gobernador Provincial. Pero, más allá de redefinir y reorganizar
las unidades político-administrativas, también se introdujeron
nuevas instituciones, como el Registro Civil, Juzgados y el Correo (1905), y se
elaboran los primeros planes para unir diferentes puntos y centros rurales. En
ambos casos esta nueva institucionalidad abre la comunidad hacia un espacio
sociopolítico diferente y ajeno y contribuye a socavar el respeto hacia
nuestras autoridades tradicionales.
La
intervención también buscaba en el plano social configurar
estructuras de poder favorables a la nación chilena. Este es el caso del
Repartidor de Aguas y de las Juntas Locales de Desarrollo. Estos cambios
condujeron a una desestabilización de las instituciones tradicionales de
organización que caracterizaban el ayllu-comunidad de la segunda mitad
del siglo XIX. Lo anterior no ocurrió sin el rechazo y resistencia de
parte de algunos líderes aymaras, como Antonio Mollo, descrito en
documentos oficiales como
Principal de
Putre e instigador en Putre,
Chañupalca y Caquena de una serie de actos que desde el punto de vista de
la historia Oficial eran actos de rebeldía y rechazo de las
prácticas religiosas chilenizantes de los capellanes que se establecieron
en la zona después de la expulsión de los religiosos peruanos el
21 de Enero de
1910.
Pero para nosotros su conducta refleja la defensa de la dignidad y el derecho de
nuestro pueblo aymara a ocupar los espacios que siempre habíamos ocupado,
por siglos. Igualmente emblemático es el caso de Pedro Humire en
Socoroma.
"Acuso
recibo a su oficio Nr. 1 del corriente y cuaderno adjunto que contiene sumario
levantado por el sçSr. Juez de esa subdelegación, para establecer
los delitos cometidos por Antonio Mollo y otros, que han pretendido
adueñarse de los terrenos de propiedad fiscal... Entretanto proceda ud.
a dar estricto cumplimiento a la siguiente orden:
Expulsar
con la fuerza pública, si hubiera resistencia, a todo ocupante de
propiedades fiscales que no exhiba el permiso del Gobierno para dicha
ocupación. Procederá también a destruir todo trabajo, obra
o sembrío que se hubiere hecho en las propiedades, sin el permiso
correspondiente"
Doc.
161 de la Gobernación de Arica.
Carta del
Gobernador Luis Arteaga al Subdelegado de Putre, con
fecha
20 de
febrero de 1914, Archivo Museo San Miguel de Azapa,
Arica.
Citado por
Patricio Tudela, 1992, pág 32.
La
importancia que tuvo la actitud y la valentía de nuestro hermano Antonio
Mollo para defender lo que era nuestro desde antes de la creación
siquiera del Estado de Chile se refleja en este otro testimonio:
"pero hoy nuevamente es ocupada por otra hija de este
mismo, llamada Francisca, quien en compañía de la mujer de este
Marcelo fueron a ese terreno con ganado; y habiéndose expresado de que
ellos no hacían caso al Inspector porque él no era autoridad y en
otros términos que es un perro y más porque dice que son
espaldeados por el Sr. Antonio Mollo, quien les ha dicho que tomen
posición, diré a Ud. que es preciso que se castigue como manda la
ley".
Carta
del Inspector Interino
de Caquena, Alfonso Aranda,
al
subdelegado de Putre, dirigida el 1 de agosto de 1914,
Archivo
Museo San Miguel de Azapa., Arica.
11º La
creación de escuelas como elemento de homogeneización
cultural.
La
escuela se convirtió en la herramienta privilegiada de una
chilenización que buscaba la homogenización cultural,
ideológica, lingüística e institucional. La primera escuela
chilena en el sector rural del Departamento de Arica fue creada en Putre (1905),
luego Ticnamar y Socoroma; en 1912 se fundó una escuela en
Chapiquiña. De esta forma, hacia 1925 prácticamente no
había localidad importante sin una escuela donde se impartieran
creencias, valores y normas propias de la cultura educacional de la sociedad
chilena. Era ya la época del Estado docente.
Muchos
de nuestros hermanos e hijos dan cuenta que hasta el día de hoy hay una
des-aymarización del profesor hacia los niños.
12º Las
Comunidades Aymaras sustentaron, en gran parte, la explotación minera de
la región.
El
factor económico ha sido uno de los principales agentes de cambio en las
comunidades aymaras del norte de Chile. La actividad minera regional entre 1860
y 1930 fue un polo económico importante para nuestros hermanos (como mano
de obra) y de su economía (como fuente de abastecimiento) en las
actividades productivas de la región.
Primero
la industria del salitre en Tarapacá (1860-1925), luego del azufre en
Arica (1900-1950) y finalmente la industria del oro (1960-1990), estimulan y
desencadenan cambios en nuestras comunidades. A raíz de la demanda de
recursos y mano de obra, nuestras comunidades deben reorientar su
economía modificando sus cultivos, aumentando la producción de
ciertas especies y emprendiendo nuevas actividades. Las oficinas salitreras en
la Pampa de Tarapacá y los centros azufreros de Arica pasaron a ser
“pisos ecológicos” o centros de actividad económica a
partir de los cuales nuestras comunidades obtenían otros. Al mismo
tiempo, esta actividad introdujo mecanismos ajenos a los tradicionales: la
moneda (comercio) y el trabajo asalariado. Esto condujo a la competencia de dos
sistemas económicos diferentes.
Los
centros mineros en Arica y Tarapacá fueron el escenario donde el aymara
entró en contacto con un sistema de mercado y formas de vida diferentes.
En el sector de Tarapacá las comunidades reorientaron sus labores
productivas asimilando, por ejemplo, cultivos de alfalfa y dedicándose a
una ganadería menor para proporcionar carne a las oficinas salitreras. El
tiempo demostrará, sin embargo, que la participación de la
economía indígena en la demanda regional fue funcional a la
industria del salitre, mostrando una capacidad de adaptación que se
repetirá en otros momentos del siglo XX.
Una
situación similar ocurrió en el altiplano de Arica y Tacna entre
los años 1887 y 1950. Allí tuvo lugar una intensa
explotación de azufre y oro, pero nunca alcanzó las proporciones
ni el tamaño de la industria del salitre. No obstante, la
adaptación, alteración y efecto en la economía aymara fue
similar. En el sector cordillerano de Arica se introdujo la alfalfa y el
orégano (particularmente desde 1940) como los dos principales productos
de
cultivo
y la población indígena migró a los centros mineros y se
dejó contratar como asalariado. En 1940, por ejemplo, todavía
funcionaban 19 establecimientos mineros en el entonces Departamento de Arica,
reuniendo una población de 622 personas, de los cuales un alto porcentaje
eran aymaras. De ellas, 516 se concentran en los distritos de General Lagos y
Putre.
Otros se dedicaron al comercio de mercaderías, llareta y carbón,
intercambiando esto por azúcar, harina, arroz y otras especies,
aumentando así la demanda por bienes de consumo disponible sólo en
el mercado urbano. Oros se dedicaron a la venta de tejidos y la
exportación de lana, como ocurría con las hilanderas de
Alcérreca en
1955.
Es
posible que los efectos de la actividad minera sobre las comunidades aymaras no
hubiesen sido tan desastrosos si, paralelamente, no se hubiese consolidado
cambios en el sistema de propiedad. El
detonante de este proceso de
“privatización-individuación” fue la
imposición
del concepto de propiedad fiscal (1911) y el no reconocimiento de la propiedad
común tan característico
de la tradición andina. Desde el punto de vista legal, el Estado chileno
introdujo una forma de trato Estado-Individuo y no Estado-Comunidad. En
Parinacota, ya desde la ocupación de la zona por tropas chilenas, surge
un inusual interés por legitimar el uso de los recursos (pastos y
áreas de cultivo) ante el Estado. La concentración de tierras y la
estratificación económica, apoyado por los mecanismos de herencia,
colaboran en esta
dirección.
La ocupación efectiva de los terrenos y la inscripción en los
registros de propiedad desencadenó disputan entre familias aymaras y
también con colonizadores sureños. Los terrenos de cultivo y de
pastoreo quedaron en manos de las familias residentes en una estancia o
caserío, condicionando de esta manera el acceso a ellos. De este forma,
hacia 1946 el Censo Económico Nacional revela la tenencia y el uso de la
tierra en el altiplano ariqueño, pero también la existencia de
propiedades de mediano y gran tamaño en manos de algunas pocas familias
(por ejemplo, compárese la Comuna de General Lagos con la Comuna de
Belén). La propiedad, a través de programas de regulación
de títulos de dominio, se tornó
individual,
ya que fue condición para el acceso a créditos, asistencia
técnica y otros beneficios.
13º La
sobreexplotación de nuestros recursos naturales ha sido por causa de la
actitud depredadora y poco consciente de la propia población
chilena.
Muchas
veces se ha querido presentar una visión del hombre aymara como un ser
que ha o que quiere depredar su medio ambiente, siendo la realidad todo lo
contrario.
El
ejemplo de la Vicuña
La
historia de nuestros padres y abuelos cuenta que fueron precisamente
Carabineros, militares y los funcionarios públicos del Estado de Chile
quienes cazaban indiscriminadamente la vicuña, ya fuese por deporte
(propio de la sociedad occidental) o por su lana. Y posteriormente viene su casi
extinción, se decreta su protección y se crean una serie de
restricciones en cuanto a su explotación que las comunidades aymaras
deben soportar y subsidiar indirectamente.
Período
de 1930-1973
Entre
1930 y 1973 el Pueblo Aymara experimenta presiones ideológicas basadas en
una visión chilena de progreso, identidad nacional y civilización.
El mundo occidental se "acerca" aún más a la comunidad, gracias a
la construcción de una infraestructura de comunicaciones (red vial) e
implementación de una red de escuelas fiscales. Pero, también la
población andina se acerca progresivamente a
lo
occidental, moderno y
citadino migrando a la
costa. En estas décadas se hacen presentes nuevas categorías y
formas de pensamiento alterando las pautas tradicionales de conducta.
Ideologías occidentales seculares y religiosas concurren entonces con
valores y pautas de conductas tradicionales. La presencia de dichas
ideologías acentúan, por una aparte, la pérdida de la
hegemonía que ocupaba la religión aymara-cristiana -como soporte
ideológico de la comunidad- e introducen nuevos componentes identitarios
y sociales. Esta mayor “competencia cognitiva e ideológica”
del aymara ante la cosmovisión occidental es, en parte importante,
producto de la intervención desde el Estado chileno, de la
implementación de programas de instrucción escolar y de programas
de desarrollo que buscaron la "modernización" e
“integración” . Estas acciones perduraron por varios
años, hasta el punto que los efectos de la chilenización son
perceptibles en localidades pequeñas y alejadas, como Cultane, en la
década de los
sesenta
y también en la propia cultura del docente asignado a las escuelas
rurales.
14º
El despoblamiento de nuestras comunidades y el inicio de la pobreza y la
marginalidad urbana.
Una
de las consecuencias de la política de des-aymarización
(chilenización) y de la orientación de la nueva estructura
político-administrativa hacia la costa y los centros mineros, es el
despoblamiento de nuestras comunidades.
La
evolución de la población en la región entre 1930 y 1973 se
caracteriza por los siguientes hechos:
- El
acelerado aumento de la población no-nativa en la región a contar
de la década de 1950,
- El
lento crecimiento de la población indígena, que destaca
comparativamente por su baja tasa de crecimiento.
- A
raíz de lo anterior, la rápida transformación a
minoría que experimenta la población, en comparación con la
población regional chilena (de un 25% a un 17% entre 1907 y
1970).
Este proceso de "minorización" es sectorizado, pues la población
no-aymara se concentra inicialmente en los sectores de los valles bajos y la
costa. La evolución de la población residente en la costa de la
Primera Región revela un aumento de un 329% entre 1907 y 1970;
particularmente significativo entre 1952 y
1970.
Este crecimiento se debe a la aplicación de medidas que facilitan el
desarrollo comercial e industrial de las ciudades de la costa. No obstante, la
variaciones de población residente en la cordillera y altiplano de la
región (1907-1982) muestran un comportamiento demográfico inverso.
Entre 1940 y 1970, la población rural de la actual Primera Región
varía de 46,3% a un 10%, graficando el notable despoblamiento del
hábitat andino.
A
comienzos de la década del setenta al menos un tercio de nuestros
hermanos vivía en la costa o valles
bajos.
Los flujos migratorios han sido distintos. Una corriente tan importante como la
observada en
Tarapacá,
corresponde a la migración de bolivianos al sector cordillerano de Arica,
que comenzó a mediados del siglo XIX hacia los centros mineros de
Tarapacá,
siendo aún más fuerte a inicios de siglo, manteniéndose
hasta la década del
sesenta.
Este flujo fue originado por la contratación de bolivianos como personal
de cuidado de tierras y ganado, y de reemplazo de mano de obra a causa de la
emigración al Perú y a la costa. Luego, entre 1930 y 1960, esta
corriente aumentó por la oferta de empleo a raíz de las
explotaciones azufreras de los volcanes Tacora y Tarapacá (Aguas
Calientes, Alcérreca). Finalmente, desde 1960 en
adelante
la mano de obra boliviana de origen aymara es contratada nuevamente para el
cuidado de las propiedades mientras sus dueños migraban a la
ciudad.
Se calcula que durante el período 1965-1970, el porcentaje de inmigrantes
bolivianos en el área de Putre alcanzó a más del
5%.
Otra
importante corriente migratoria acontece desde la zona cordillerana hacia los
centros urbanos en la costa. Esta emigración ocurre desde 1940. Entre las
principales causas se menciona la sequía, la educación, la
presión social, el trabajo, la salud y el Servicio
Militar.
Entre 1930 y 1970 la población en las localidades de la precordillera
(Codpa, Camiña, Mamiña y Guatacondo) disminuye de 872 a 714
(22,1%); mientras que en las localidades del altiplano (Paricanota, Putre,
Socoroma, Belén, Isluga y Cariquima) la reducción alcanza de 1806
a 837 (53,7%). Por otra parte, las mayores tasas de despoblamiento ocurrieron en
el Departamento de Arica (Comuna de Putre -59,8% y Comuna de General Lagos
-27,2%) entre 1960 y 1970, a diferencia de las comunas de más al sur,
como son Camiña -17,6% y Colchane -0,9%.
Uno
de los efectos de la emigración a la costa es que
los aymaras
comenzamos a vivir el prejuicio, la discriminación, la pobreza y la
marginalidad al enfrentarnos con
escasas herramientas para salir adelante en el espacio urbano-occidental. Para
los que se quedan en sus comunidades de origen, la estructura de edad de la
población residente en el sector rural varió notablemente. Ellas
resintieron el abandono de los
jóvenes.
Pero, más relevante aún –dada su naturaleza- es que la
emigración hacia los sectores bajos y urbanos llevan a la familia aymara
a una readecuación de su estrategia de subsistencia en función de
los intereses de los jóvenes emigrados y asimilados culturalmente,
llevándola a un replanteamiento de las formas tradicionales de vida y de
las relaciones al interior de las comunidades
rurales
y familias en el sector cordillerano y altiplánico.
El
examen de las pirámides de población de Putre y
Camiña
señala que los emigrantes tienden a ser jóvenes de 20 a 30
años y jovencitas desde los 14 años de edad. En el primer caso, se
trata de jóvenes que ya han cumplido el Servicio Militar Obligatorio. A
su término, muy pocos regresan a sus pueblos de origen, deslumbrados por
la ciudad buscan mejores condiciones de vida. En el segundo caso, las
jóvenes tienen más posibilidades de encontrar trabajo en la ciudad
(generalmente como empleadas domésticas). Este flujo migratorio se
acrecienta aún más en décadas
posteriores
con los consiguientes problemas de aculturación y marginalidad
social.
Las
políticas económicas globales han impactado de manera negativa
nuestras economías locales aymaras y la población tiene que
emigrar tal como sucedió en la época del puerto libre y la Junta
de Adelanto de Arica.
15º El
no reconocimiento de las estructuras tradicionales y la imposición del
Derecho Positivo da origen a una estratificación socioeconómica
dentro del mundo aymara.
A
partir del proceso de acumulación facilitado por la privatización
y la compra-venta de terrenos, se activa un germen de cambio estructural en la
comunidad, que desde la mitad de siglo facilita la aparición del
asalariamiento y la diferenciación social, basada en la
acumulación de recursos, lo que da origen a una estratificación
socioeconómica.
Las
causas de este proceso son diversas, pero hay dos factores decisivos. En primer
lugar, la población aymara ya no se restringe únicamente al sector
rural y a la actividad agropecuaria. En segundo lugar, el cambio en la propiedad
de los recursos y medios de producción han tenido como efecto
generalizado la alteración del sistema de relaciones sociales. Ambos
factores contribuyen a que la economía y organización comunal
experimenten un proceso de atomización social acelerado. Paralelo a esto,
la desintegración de la propiedad comunal desencadena dos procesos
relacionados, de enormes consecuencias. La privatización de la propiedad
-debido a la pérdida del control sobre los recursos comunales-, que
acelera la desestabilización de la autoridad tradicional; y, la
acumulación de recursos en manos de algunas familias, que desencadena y
acentúa la diferenciación interna entre los miembros de la
comunidad.
De
esta forma, entre 1930 y 1973, tiene lugar el desmantelamiento de la autoridad
tradicional. Esto ocurre en dos etapas: se inició con la
"Des-aymarización" (Chilenización), ejercida con aún
más fuerza desde comienzos del siglo XX; y, luego, desde la segunda mitad
de este siglo, con la modernización impulsada por instituciones estatales
sobre las comunidades de Arica y Tarapacá, y que –particularmente
durante la década de los sesenta- conducen a adoptar formas de
organización social propias del mundo urbano occidental (como son las
Juntas de Vecinos, Centros de Madres y Asociaciones Deportivas). Ellas
–aún cuando no de manera abrupta y definitiva- tienden a reemplazar
el espacio de encuentro tradicional privilegiado, alterando las formas
acostumbradas de relacionamiento.
A
modo de ejemplo, es posible citar el caso de la extinción del cargo de
principal
en el sector altiplánico de
Arica. Desde la tercera década, cuando el sacerdote Julio
Ramírez
menciona la existencia de un
Principal
en Guallatire, no se encuentra alguna
otra evidencia de un rol semejante o
mallku
entre las comunidades del extremo norte de la región aymara chilena.
Más al sur, en Cariquima la desaparición del
cacique
ha sido fechada hacia mediados de la
década del sesenta; en Isluga el último cacique (del Araj Saya)
habría cumplido funciones hasta comienzos de la década del
ochenta.
Al parecer la pérdida del ethos andino fue más rápida y
profunda en el sector ariqueño que en Tarapacá. En Isluga, por
ejemplo, hacia comienzos de la década del setenta se consigna la
importancia de
“juez de
paz” y su rol en la comunidad,
como también su reemplazo por las Juntas de
vecinos.
El
deterioro de la autoridad tradicional se acompaña también de la
presencia de otras formas de control social. Por ejemplo, la presencia de la
policía impone las leyes de comportamiento, actúa de arbitro en
los conflictos y desplaza en importancia e influencia a la autoridad religiosa
en lo civil y lo político. Así, durante los años 30 y 70,
si bien Carabineros cumplía una labor de control de fronteras,
esta
institución se transforma en el icono del control social formal, y en
muchos casos de represión, del Estado chileno sobre nuestro
pueblo, no sólo desde el punto
de vista del cumplimiento de las leyes y el tránsito fronterizo, sino muy
particularmente por su dedicación en materia de instrucción
escolar, inculcamiento del patriotismo a punta del miedo y la persecución
y de represión de todas aquellas manifestaciones tradicionales, incluido
nuestro idioma, principal fundamento de la identidad de nuestro
pueblo.
En
síntesis, las formas tradicionales de producción de bienes y
servicios han cambiado; así también las formas de autoridad y
organización comunal. Hacia mediados de la década del setenta, la
comunidad aymara que en el siglo pasado asumía rasgos andinos por estar
fundada en el parentesco (ayllu), asume un estilo más occidental, aun
cuando todavía se puede reconocer el uso de categorías andinas de
elección y decisión, como en el caso de la asignación de un
cargo (obligatoriedad) y el ejercicio de la autoridad religiosa
comunal.
Indudablemente,
nuestras comunidades de la década de los setenta tienen un aspecto
más heterogéneo y diferente al ayllu-comunidad de comienzos de
siglo. Posee rasgos característicos de la sociedad chilena-occidental y
también de las antiguas instituciones, que confirman su origen andino. La
sola integración, gracias a la red vial y comunicaciones nacionales, y
los mecanismos de participación en la sociedad y ante autoridades
chilenas, junto a los factores arriba examinados, pone en peligro la permanencia
de “lo andino”.
16º La
implementación de una educación que no reconoce la cultura
tradicional y autóctona genera profundas divisiones generacionales e
interrumpe la transmisión del conocimiento tradicional y
oral
La
escuela es y ha sido la principal vía para la implementación de la
modernidad y la difusión del nacionalismo chileno entre nuestro pueblo.
Esto explica la importancia que, desde un primer momento, se le dio a la
instrucción escolar en los territorios anexados ya en 1883, relevancia
reforzada aún más a comienzos del siglo XX cuando –ante el
riesgo de un resultado desfavorable en el Plebiscito pendiente- la
"Des-aymarización" (Chilenización) exigió, en materia
educacional, desarrollar una conciencia nacional y crear un lazo
ideológico con el Estado chileno.
En
ese momento el Estado considera fundamental reforzar la implementación
del programa de instrucción a través de la red de escuelas rurales
en el sector andino, creando nuevos establecimiento y prohibiendo el ejercicio
de la docencia a profesores peruanos. De igual forma, todas las escuelas
debían ceñirse a desarrollar habilidades de lectura, escritura y
cálculo, pero también
Historia y
Geografía de Chile, cuyos
contenidos eran reafirmados en las celebraciones
escolares
de las principales efemérides. Si bien al dictarse la Ley de
Enseñanza Obligatoria o Instrucción Primaria (1917), ésta
se vuelve un derecho y una obligación en el territorio, al mismo tiempo
ella fue también una herramienta útil en favor de sus intereses
nacionalistas de las autoridades chilenas.
Entre
las consecuencias de esta primera etapa de la escuela chilena entre los aymaras
(hasta 1930) destacan: a) el
conflicto de
identidad entre las generaciones
jóvenes y los más adultos, puesto que mientras los padres se
habían criado en una sociedad ágrafa los hijos comenzaban a
recibir una socialización chilenizante y literaria; b) la
puesta en duda del
acervo cultural que se transmitían a través las instancias
exclusivas de socialización
tradicional (la familia) y que con el
tiempo es el germen del desmantelamiento de la comunidad tradicional y de la
crisis de identidad; c) la
diferenciación
social y generacional como consecuencia
de una aplicación diferenciada e intencional desde el Estado chileno; y,
d) la
introducción
de una educación monocultural y monolingüe ajena a su
realidad.
Si
bien después de 1929 las autoridades regionales parecen invertir pocos
esfuerzos en mantener el ritmo del proceso de "Des-aymarización"
(Chilenización) que habían aplicado desde comienzos de siglo, el
análisis del desarrollo de la infraestructura escolar en Arica y
Tarapacá muestra que -a pesar de que el número de establecimientos
educacionales rurales no aumenta entre 1935 y 1950- la instrucción
escolar continuó siendo la principal herramienta para inculcar el
nacionalismo chileno y el desarraigo del conocimiento tradicional de las
generaciones jóvenes (Cuadro Nr. 1). Desde 1950 hasta 1969 ocurre el
máximo esfuerzo por extender la instrucción escolar a todos los
sectores de la región.
El
programa educacional se inserta en una estrategia que busca el desarrollo de las
comunidades aymaras de la región integrándolas a la sociedad
chilena. Sin embargo, a raíz de las ideas asociadas a este concepto, la
comunidad experimenta un quiebre de las instituciones de socialización
tradicional, produciéndose un proceso de diferenciación
institucional. Al interior de la comunidad el rol educador es asumido por
docentes bajo contrato, como ocurrió en 1950 en Guallatire. La
contratación de profesores para que asumieran plazas en escuela que los
mismos aymaras habían organizado, habla de cómo la demanda de una
educación occidental se hizo durante esta etapa parte de la propia
comunidad de Arica y
Tarapacá.
Antes, en la década del cuarenta y del cincuenta –cuando no
había profesor- generalmente Carabineros de Chile desempeñaba esta
tarea.
Desde
un punto de vista étnico, no hay duda del impacto negativo de la escuela
en la comunidad aymara. En un primer momento, el problema deriva de la
coexistencia de dos sistemas educacionales cuyos orígenes,
orientación y propósitos (finalidad) son diferentes y la
violencia
simbólica con que se imparte el saber
occidental-chileno. Ello se expresa en
diversos aspectos,
desde la
imposición de la lengua hasta la no-valoración de lo andino, desde
un rol de menor relevancia de la familia en la socialización hasta la
orientación
citadina.
Las
diferencias entre ambas formas de socialización son indiscutibles y
enormes: Mientras que en el primer caso se trata de una socialización
dirigida a la comunidad, en el segundo caso es una socialización
orientada a la sociedad chilena. La función de la primera es mantener y
fortalecer la integración social a través de la enseñanza
de valores de interés comunitario, como la reciprocidad y la
complementariedad, la religión y cosmovisión aymara-andina, cuyos
contenidos se relacionan con el hábitat tradicional, buscando la
integración tecno-funcional del niño-joven al núcleo
familiar y la comunidad por medio de la observación y la
repetición de conductas y del empleo de la lengua materna. Sin duda, este
sistema tradicional de educación era eficaz a la hora de recrear y
reproducir la organización político-social, la tecnología y
la economía andina. En el segundo caso, la escuela busca generar y
garantizar la integración a la sociedad chilena a través de la
enseñanza de valores occidentales, como son el amor a la patria, el
respeto a las autoridades civiles y políticas, integrando conceptos
relacionados a la vida en la ciudad y orientados a hacia el desempeño de
un rol especializado en el contexto de la vida al interior de la sociedad
chilena. Esto se logra a través de una técnica de adiestramiento
en un tiempo creado y especializado para esta función (unidades
pedagógicas, horas de clases, vacaciones), donde el idioma obligatorio es
el castellano escrito y oral.
El
impacto de este proceso de enseñanza-desarraigo puede tener dos lecturas.
Desde el punto de vista del Estado y los indicadores que hoy día se
utilizan, puede decirse que la introducción de la escuela occidental
formal redujo el analfabetismo, si tomamos como parámetros el saber leer
y escribir el castellano (entre 16 y 36 puntos porcentuales en algunas comunas
entre 1930 y 1970), Tabla N°1).
Pero este proceso
también puede interpretarse como el aumento del analfabetismo cultural
aymara, la pérdida del idioma materno y la pérdida del
conocimiento tradicional del medio geográfico.
Tabla
N° 1: Evolución del analfabetismo en el sector rural andino de Arica
(1907-1970)
| Censos |
Comuna
de General Lagos |
Comuna
de Putre |
Comuna
de Belén |
Comuna
de Codpa |
| 1907 |
|
73% |
80,9% |
68,8% |
| 1930 |
68,1% |
58,9% |
64,8% |
|
| 1952 |
41% |
36,9% |
42,9% |
39,9% |
| 1970 |
52,2% |
28,9% |
28,8% |
25,1% |
Los
efectos del sistema escolar chileno entre los aymaras se pueden dimensionar en
dos planos: en lo ideológico y en lo social. En el primer caso, los
contenidos de la instrucción conducen a una crisis ideológica, por
la influencia del nacionalismo, desarrollismo y
positivismo.
El conocimiento científico hace que los jóvenes adquieran una
racionalidad diferente y perciban la realidad de manera más secular o
desacralizada. Lo anterior es experimentado con menos conflictos en el caso de
los jóvenes católicos. Los jóvenes en general están
abiertos a asumir las "verdades" que transmite la enseñanza escolar. Lo
anterior pone en evidencia cómo por medio de la instrucción
escolar la visión religiosa, que concibe la realidad de manera distinta,
compite con una concepción y racionalidad secular, perdiendo vigencia en
su función cognitiva, como modelo explicativo. La mayoría de los
jóvenes ya no creen en las explicaciones de los ancianos. Su actitud
frente a la tradición religiosa andina es de descrédito, la
visión religiosa andina no logra la hegemonía ideológica
que antes poseía.
Por
otra parte, en la conducta y la identidad de los aymaras se puede observar un
segundo efecto de la instrucción escolar. Atendido los contenidos de los
programas de estudio, el sistema escolar es la principal herramienta
ideológica estatal para la "Des-aymarización"
(Chilenización).
Por integración social se entendía transformar a las comunidades
indígenas por medio de la enseñanza y difusión de valores y
patrones culturales (tradición histórica, idioma y símbolos
patrios), integrándolas a la sociedad y cultura dominantes a
través de una extensa liturgia
secular
que sobrevaloraba la segunda y desconocía el valor e importancia de las
instituciones tradicionales. Evidencia de lo anterior son los testimonios
consignados en el caso de los docentes normalistas que jugaron un rol muy
relevante en la
zona.
La
familia aymara tuvo que adaptarse a las exigencias que le impuso el sistema
escolar. Ella perdió hegemonía sobre sus hijos y jóvenes, y
con ello la comunidad perdió también una fuente importante de
legitimación de los valores y conductas tradicionales. Esto explica el
hecho de que en la actualidad vivan las consecuencias de una crisis
generacional. Los más adultos y ancianos viven “lo aymara”
según cánones tradicionales, mientras que por su parte los
más jóvenes viven según una mezcla de experiencias
escolares y citadinas teñidas de un esfuerzo por ser
“más”, “mejores” y “distintos” de sus
progenitores y antepasados. La escuela chilena interrumpe la transmisión
de elementos culturales y sociales de la tradición andina.
Otra
consecuencia importante de la escuela occidental, chilena y fiscal entre los
aymaras es la desorientación y la anomia. En efecto, en el plano
individual la instrucción escolar produce una crisis respecto de la
orientación tradicional, poniendo en cuestión la legitimidad y
validez de los valores y cosmovisión de raíz andina. En este
contexto, el alumno queda progresivamente –aún cuando
definitivamente- en una suerte de crisis existencial entre un “ser”
y un “no-ser”; esto es, no es plenamente apto para
desempeñarse en el espacio andino-aymara y tampoco en el espacio
urbano-occidental.
La
escuela fiscal contribuye, más que a prepararlos, a acelerar y expandir
la marginalidad y la pobreza en los espacios
urbanos. Ella resulta ineficaz desde la
perspectiva andina, por cuanto sus contenidos no consideran las necesidades de
la comunidad rural. Ella busca incorporarlos definitivamente a la sociedad
chilena, a través de la difusión de un esquema etnocentrista,
nacionalista y occidentalizante. Ello genera un cambio de hábitos,
mentalidad, intereses, expectativas y perspectivas para el aymara.
17º Los
programas de desarrollo han incentivado el asistencialismo y un desarrollo
basado en conceptos occidentales de "desarrollo".
“Es así como me encontré en esta
región chilena, con pueblos que muestran signos evidentes de retraso
social, cultural y económico. La falta de una carretera para
vehículos motorizados que una directamente a Putre con el puerto, impide
el acceso de embajadas de agricultura, que podrían operar un cambio
fundamental en la ideosincracia de estos pueblos, aparte de que operarían
positivamente contra las influencias perturbadoras de países fronterizos
tan perjudiciales para el sentido de chilenidad que queremos hacer prevalecer en
toda la zona" (Carta de Rodolfo Tejerina, Subdelegado de Putre, al Gobernador
Provincial, dirigida el 31 de Octubre de 1950).
Comercio,
industria regional y establecimientos educacionales constituyen los ejes sobre
los cuales se debía alcanzar el progreso de las provincias de Arica y
Tarapacá. Entre 1930 y la década del sesenta los gobiernos se
ocupan de impulsar planes y programas de desarrollo en el sector pesquero,
minero, industrial y agropecuario, fundamentalmente asociado a los centros
urbanos en la costa. Las comunidades indígenas quedan al margen de esta
política y sólo durante la década del sesenta se toma
conciencia sobre la necesidad de incorporarlas a los beneficios del
“progreso” y del desarrollo socioeconómico. No obstante, la
población rural nunca fue objeto de un verdadero programa de desarrollo.
El
anhelo de integración y progreso económico de la región
constituyó uno de los ejes de la política internacional de Chile
para la región de Arica y Tarapacá en el marco de las disputas y
demandas de Bolivia por una salida al mar. En efecto, en 1951 el Presidente
Gabriel González Videla expresaba su inquietud por el retraso del norte
chileno
y, también, la perspectiva de un potencial desarrollo sobre la base de
una negociación de energía hidroeléctrica y agua para el
riego del desierto con el propósito de construir una
“moderna
California” en esos
territorios.
En
la década del cincuenta existía conciencia del escaso progreso
alcanzado, del
subdesarrollo y
los problemas sociales de la zona
debido a los insuficientes esfuerzos desde el
Estado,
como también de la importancia geopolítica de la región. En
este etapa el Estado hizo esfuerzos por desarrollar una infraestructura que
sustente y potencie el desarrollo productivo de la región,
particularmente el sector minero y agropecuario. La construcción de
caminos conectando los espacios cordilleranos con la costa, la captación
de aguas para el uso industrial y doméstico –por ejemplo, el
fallido proyecto de construcción de un embalse en Pachica (1937); la
Estación Agrícola de Colchane (1944); la idea de canalizar aguas
desde el Lago Titicaca al extremo norte en el marco de posibles negociaciones de
una salida al mar para Bolivia (1951); la canalización del río
Lauca (1961); la empresa geotérmica de Puchuldiza (1973) son testimonio
de lo afirmado.
A
contar del año 1958, año de creación de la Junta de
Adelanto de Arica (JAA) se inician programas de asistencia técnica,
médica, escolar y de
urbanización.
Paralelamente, más al sur, la CORFO desarrolla el programa de asistencia
a las localidades precordilleranas y del altiplano (1959-1963). Estos
consideraban el equipamiento de las localidades con escuelas, locales para las
juntas de vecinos, centros de madres, alumbrado eléctrico, el
mejoramiento de las vías de comunicación y de la red vial entre
los poblados cordilleranos y las ciudades costeras. Se puso especial
interés en lograr un progreso económico autosostenido de la
región rural andina.
Diversas
instituciones fiscales (Corfo, Inconor, Orplan, Minvu, U. de Chile, U. del
Norte) elaboraron estudios y
programas,
algunos de los cuales no se llegaron a implementar. Sin embargo, el denominador
común de estos esfuerzos era que confundían programas de
desarrollo con programas de asistencia, es decir, se puso más
énfasis en las necesidades que en las
potencialidades.
Sin
embargo, cabe precisar que el objeto de este esfuerzo no es la población
aymara en sí, sino la propia región. La población andina,
desde este punto de vista, es “marginal” al desarrollo. En efecto,
el desarrollo impulsado tiene un carácter exógeno, esto es, en
función del crecimiento urbano-regional-occidental. Este
“desarrollo” debilita la comunidad, porque la pone en una
posición de competencia, en el marco de una racionalidad secular y de
mercado. Las políticas de desarrollo de la región se
caracterizaron por la ignorancia y el etnocentrismo frente a la realidad
indígena de la región.
Esta
situación no se reproduce en los diseños y propuesta de desarrollo
que se alcanzaron a formular durante el gobierno de Salvador Allende Gossens
(1970-1973) y que reflejan un importante cambio en la visión y el enfoque
sobre el desarrollo regional y su vínculo con la población
indígena, pero sigue promoviendo un
desarrollo
exógeno desde una perspectiva
económico-social.
Esta nueva mirada se acompaña de la primera iniciativa legal durante ese
siglo que busca otorgar nuevos derechos y reconocer la deuda pendiente con los
pueblos indígenas en nuestro
país.
Con
la implementación de asistencia técnica (en la crianza y salud de
los camélidos, el mejoramiento de los cultivos, etc) se populariza la
idea de que la tecnología del mundo moderno es más eficaz que el
rito andino ancestral. En este contexto, los ritos propiciatorios pierden
importancia. Por otra parte, la radio y luego la televisión acercan el
hombre andino a la vida moderna y secular.
Hoy,
la política económica del Estado y su vinculación a los
procesos de globalización es un ejemplo más que dicha
política no toma en cuenta nuestras realidades particulares. Por ejemplo,
el Acuerdo de Complementación Económica Chile - Perú, como
otros acuerdo han sido perjudiciales por la mirada global que ha hecho el
gobierno y que en definitiva perjudica a nuestras comunidades. A partir de dicho
acuerdo hoy ingresa orégano peruano más barato y se exporta al
mundo como orégano chileno, teniendo esta situación a las
comunidades cordilleranas productoras de orégano en una situación
catastrófica, puesto que dicho producto representa la principal fuente de
ingresos para ellas.
El
proceso de desarrollo del Estado de Chile se basa en ideas como el crecimiento,
la competencia, la acumulación de capital, la incorporación de
tecnologías y el manejo de información. Si bien algunos hermanos
han logrado incorporar algunas de estas ideas, la mayoría de ellos que se
mantienen en sus comunidades de origen son personas de edad vinculadas a
prácticas tradicionales de cultivo de la Pachamama. Para nosotros el
concepto de desarrollo occidental, con cualquier apellido que quiera
ponérsele no refleja nuestro pensamiento como Pueblo Aymara.
Preferimos hablar de
la "Suma Qamaña", el "vivir bien" en armonía. Esta idea es igual
a la sumatoria crecimiento material, más crecimiento espiritual,
más gobierno de los
ecosistemas.
Segunda
Parte
“Países
hai, donde como el Perú i Bolivia, la tribu salvaje está
incorporada a la sociedad cristiana, con su toldo en lugar de casa, con su
idioma rebelde a la dilatación de la esfera de los conocimientos, con su
vestido secular que apenas cubre su desnudez orijinal, i con su
destitución de todos los medios que la civilización ha puesto en
manos de los hombres para su mejora i bienestar. En otros países como
Chile i la República Arjentina, el salvaje, antiguo habitante de estas
comarcas, ha sido domesticado por la obra de tres siglos, desagregado de tribu,
interpolado, mezclado en la sociedad de orijen europea, i adquirido su idioma,
sus usos, i los primeros rudimentos de la cultura; pero en cambio ha transmitido
a nuestras masas muchos de sus defectos de carácter antiguos, i muchos de
sus usos...” EL MONITOR DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS, TOMO I N° 3,
OCTUBRE 15 DE 1852.
Bernhardson, Wayne.
“Tierra,
trabajo y ganadería indígena en la economía regional de
Arica“.
Revista
Chungará,
Universidad de Tarapacá, Arica. 1985, N° 15; págs. 152
-157.
Ver, por ejemplo, Carta del Inspector del 3er. Distrito, Caquena, Sr. Emiterio
C. Medina, del 27 de Febrero de 1907, dirigida al Subdelegado de Putre, Hemilio
Herrera. Doc. nr. 161 de la Gobernación de Arica, del 20 de Febrero de
1914, dirigida al Subdelegado de Putre. Carta del Oficial del Registro Civil de
Putre, del 10 de Junio de 1914, dirigida al Gobernador de Arica. Doc. nr. 883 de
la Gobernación de Arica, del 30 de Julio de 1914., entre otros. Archivo
Museo de San Miguel de Azapa, Arica.
Hacia 1985 se calcula que la población aymara que reside en sectores
urbanos es casi el triple de la población residente en el sector rural.
Gundermann, Hans & Cornelio Chipana.
Antecedentes
sobre la familia aymara y su rol de socialización en un proceso de
aculturización.
Documento de Trabajo. Universidad de Tarapacá, Arica. 1986, pág.
17.
La primera corriente migratoria es el traslado de la población hacia los
centros mineros de la pampa. Ello ocurre especialmente desde el siglo pasado
hasta 1930 (Kessel, 1980a: 31-34 y 241-249). Esta emigración hacia pisos
ecológicos más bajos condujo a una fuerte disminución de la
población joven masculina en las comunidades del sector.
Es interesante también el efecto de la emigración desde el
altiplano boliviano al sector chileno. Un ejemplo de ello es la Comunidad de
Llica, ver Rodríguez, Humberto.
“Cambios
sociales en una comunidad del
altiplano
(Bolivia)“.
36°
Congreso de
Americanistas.
Sevilla, 1966, págs
331-346.
Ya en 1985 el porcentaje de individuos migrados desde el altiplano alcanzaba a
72,4 %; mientras que en la precordillera llega a 90,3 %; Gundermann, Hans &
Cornelio Chipana.
Antecedentes
sobre la familia
aymara...
1986, pág. 18-19.