Portada Anterior Siguiente Índice | 12. La lucha por el reconocimiento

12. La lucha por el reconocimiento


El decreto Ley 2.568, tendiente a la división y liquidación de las comunidades mapuches generó una fuerte resistencia al interior del Pueblo Mapuche, cuestión que va a quedar reflejada en la creación y organización de los Centro Culturales Mapuches, la primera organización post golpe de Estado con un carácter independiente y autónomo[221]. Esta organización contó con un fuerte respaldo de sectores de la Iglesia Católica, principalmente del Obispado de Temuco y del Vicariato de la Araucanía.

En los Centros Culturales Mapuches confluyeron dirigentes que ya tenían trayectoria en el movimiento mapuche, y también jóvenes que se iniciaban, y que en la actualidad continúan trabajando por sus demandas y reivindicaciones. Algunos de sus principales dirigentes fueron Mario Curihuentro, Melillán Painemal, Isolde Reuque, José Luis Huilcamán, José Luis Levi, José Santos Millao, Juan Huenupi Antimán, entre otros.

A pesar de las medidas coercitivas existentes durante el régimen militar para la organización y movilización social, esta organización rápidamente se extendió por todo el territorio mapuche, constituyendo innumerables unidades de base. Los Centros Culturales mapuches asumen en primera instancia una posición culturalista, manifestando su rechazo a la división de las comunidades, al fin de la vida comunitaria, pues temían, con clara conciencia, que con el proceso divisorio gran parte de los rasgos culturales mapuches se perdieran, y que sus habitantes fueran asimilados a la cultura criolla occidental.

A partir de este momento, se va a generar un movimiento étnico de larga duración, donde precisamente la característica principal del discurso mapuche va a ser una fuerte reafirmación étnica, marcando con énfasis las diferencias con la sociedad huinca. De esta manera, y al contrario de lo que había ocurrido a lo largo del siglo XX, donde la sociedad mapuche había buscado permanentemente vías de comunicación con la sociedad chilena, una “integración respetuosa”, en la cual se habían establecido alianzas entre el movimiento indígena y otros movimientos sociales, -por ejemplo, durante la Unidad Popular, los indígenas se habían plegado al movimiento campesino de la Reforma Agraria-; a partir de los ochenta, los mapuches van a mostrar su diferencia y distancia con los otros movimientos sociales, formando asociaciones y reivindicaciones autónomas, “... la cuestión étnica se va a separar de la cuestión social en general, e incluso van a criticar crecientemente la intermediación de los partidos políticos...”[222].

En 1981, los Centros Culturales Mapuches firman un acta notarial que permite dar legalidad a dicha organización, junto a lo cual adquiere un nuevo nombre “Asociación Gremial de Pequeños Agricultores y Artesanos Mapuches Ad Mapu”[223]; más allá de ello, la organización siguió luchando por la derogación del Decreto Ley 2.568, y permaneció muy atenta a las decisiones tomadas por el Gonierno de la época en materia indígena, lo que se tradujo en el malestar de las autoridades, desatando fuertes represiones hacia la organización y sus miembros. Esto no amilanó a la organización, sino que gatilló una actitud de mayor oposición hacia el gobierno militar.

Sin embargo, la represión se volvió permanente, sus dirigentes fueron frecuentemente hostigados y apresados, la sede de la organización sufrió atentados que quedan sin resolver. Todo esto seguía configurando un cuadro de enorme injusticia hacia el Pueblo Mapuche, cuestión que quedó consignada en un informe sobre derechos humanos realizado en la época.

El dirigente Melillán Painemal, miembro de Ad Mapu y vicepresidente del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, invitó a una comisión observadora de esa entidad para informar sobre la real situación, en materia de derechos humanos, en que se encontraban las comunidades mapuches. El integrante de esta comisión fue el canadiense Del Anaquad, quien visitó Isla Huapi y algunas comunidades de Tirúa y otras cercanas a Temuco. En su informe, Del Anaquad, llama al gobierno a derogar el decreto Nº 2.568, por considerarlo injusto. Advirtió la existencia en Chile de un abierto racismo contra la sociedad mapuche, junto con señalar que el Pueblo Mapuche permanece con sus derechos políticos reprimidos, lo que no permite su autodeterminación.[224]

Posterior a la visita del observador canadiense, se comienza a desarrollar una campaña internacional para el tratamiento de los problemas que aquejan al Pueblo Mapuche, entre ellos, la pobreza, la división de las comunidades mapuches y el atropello a los derechos humanos. Sin embargo, estas demandas fueron siendo afinadas y lentamente se comienza a desarrollar un discurso que se inserta en el marco de un proyecto político con énfasis en la autonomía.

Antes de que se cumpla la primera mitad de la década del ochenta, se empieza a hacer pública la demanda por autonomía. Desde ese entonces, dicha demanda pasará a estar presente en la mayoría de las organizaciones mapuches que se oponen al régimen militar, encabezando el primer lugar del listado de reivindicaciones y demandas. En agosto de 1984, el dirigente José Santos Millao se dirige al gobierno en estos términos:

“Tenemos una política clara y definida en torno a este régimen y creo que la seguiremos teniendo frente a los futuros regímenes, en el sentido de que si no considera la participación y el reconocimiento de nuestro pueblo, vamos a luchar igual (...) ninguno de nosotros desea la violencia, pero en la medida que han tratado de socavar la dignidad y han tratado de exterminarnos, es donde nuestro pueblo ha salido a luchar por sus reivindicaciones y es ahí donde a veces se producen hechos de violencia que no están en nuestros planes.”[225]

Entonces, y a pesar de la oposición de las organizaciones mapuches, el gobierno militar no fue amilanado en sus políticas en materia indígena, ni sociales en general. El Estado ignoró sus demandas, y frente a las acciones mapuches, se volvió más represivo, controlador y castigador, neutralizando a sus dirigentes. Los dirigentes mapuches, mientras tanto, esperaron, se siguieron reuniendo, se prepararon, estudiaron, discutieron sobre sus derechos, objetivos y expectativas, se dedicaron a “... afinar el discurso para el momento en que pudieran llevarlo a la práctica. Eso iba a ocurrir en la década del noventa... ”.[226]

Sin embargo, ya desde mediados de la década del ochenta se va a instalar en el debate público la demanda por la autonomía, por el reconocimiento como pueblo y con derecho a la libre determinación[227].


[221] Esto, porque en 1977 se crea el “Consejo Regional Mapuche”, organización que dependía de la Intendencia de la IX Región. Dicha organización se caracterizó por una postura integracionista y desarrollista, que perseguía básicamente el desarrollo del pueblo mapuche, y una integración con identidad. El Consejo Regional Mapuche, debía trabajar, en conjunto a la intendencia de la IX región, en la derogación de la Ley 17.729 y en la promoción del decreto Ley Nº 2.568. Las decisiones de esta organización habrían estado fuertemente determinadas por el gobierno militar, gobierno al cual el Consejo apoyó implacablemente. Este tipo de organizaciones ha sido caracterizado como “organización burocrática indígena”, es decir, se trata de una organización creada por un gobierno determinado para respaldar las políticas indígenas que este realiza. Ver. Mella, Magali. “Movimiento mapuche en Chile. 1977-2000”. Tesis de Licenciatura en Antropología. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 2001. pp. 73, 74.
[222] Bengoa, José. Historia de Un Conflicto... Op. cit.: 172.
[223] Con el tiempo, esta organización fue politizándose, al articularse con algunos partidos políticos, lo que tuvo como consecuencia la escisión de la organización en varios grupos nuevos
[224] Mella, Magaly. “Movimiento mapuche...” Op. cit.: 108.
[225] Citado en Mella, Magaly. Movimiento mapuche...” Op. cit.: 109.
[226] Bengoa, José. Historia de un Conflicto. Op. cit.: 180.
[227] La demanda por el derecho a la autonomía, ni ayer ni hoy día, implica secesión territorial, sino que por el contrario, la demanda por autonomía se inserta en el marco del derecho internacional, específicamente lo que se conoce como autodeterminación interna. Es decir, se trata de la promoción de niveles de autonomía al interior de un mismo Estado.