5.
La ocupación chilena en territorios aymaras
5.1.
Las primeras políticas del Estado chileno y la chilenización
Los
territorios donde se asentaba la población aymara, formaban parte, hasta
la Guerra del Pacífico (1879-1883), de la República del
Perú. Si bien las poblaciones indígenas de Arica y Tarapacá
se mantuvieron al margen de dicha guerra, sus territorios fueron objeto de un
conflicto geopolítico que concluye con la parcelación del espacio
tradicional en tres naciones.
El
principal efecto sobre las comunidades indígenas, radica en los procesos
ideológicos e institucionales asociados a la integración forzada a
Chile y de los mecanismos aplicados desde el Estado para asegurar la
soberanía en estos nuevos territorios. De este modo, el proceso de
chilenización abre su período en el año 1879 y
continúa hasta 1990, y ha consistido ante todo en establecer
sólidas estructuras estatales en la región, desde municipios hasta
poderosos cuarteles de
frontera.
Aun
cuando la historia oficial nos habla de una anexión de los territorios
del norte ya en 1883, ciertamente ella no se dio automáticamente en
términos ideológicos y sociales. Si bien, concluido el conflicto,
las autoridades chilenas adoptaron medidas para afianzar la ocupación y
establecieron el marco jurídico e institucional sobre el cual se
regularon las relaciones entre el Estado y los aymaras en las décadas
siguientes, la naturaleza de la relación entre Estado Chileno y la
población indígena de Arica y Tarapacá se explica
principalmente en atención a su rol político frente a una disputa
que, desde un comienzo, les era ajena. Su situación geopolítica
quedó subordinada a un plebiscito acordado en el Tratado de Ancón
(1883) y que, aunque debió realizarse en 1893, nunca se
materializó. Esta situación se prolongó por casi cincuenta
años, hasta 1929, cuando Tacna se reincorpora al Perú y Arica
queda bajo la soberanía de
Chile.
Esto
provocó que los habitantes en los territorios de Tacna y Arica, fueran
objeto de trato especial que, sin lugar a dudas, buscaba someterlos a un
ejercicio de aceptación del régimen chileno ante un eventual
plebiscito, atacando directamente el patriotismo peruano, introduciendo una
simbología y discurso favorables a la ocupación y al poder
dominante. Esta campaña de dominio tuvo lugar en los centros urbanos de
Arica, Tacna y en los poblados más importantes del sector rural,
desarrollándose en dos etapas: la primera, en manos de las autoridades
civiles entre 1880 y 1910, y la segunda, encabezada por la Vicaría
Castrense y autoridades políticas en la provincia hasta
1929.
La
chilenización en Tarapacá se hace notar de una manera compulsiva
durante las primeras tres décadas del siglo
XX,
iniciándose en “... 1907 efectivamente la chilenización en
Tarapacá”.
La sociedad criolla, peruana y chilena instalada en la costa, estigmatizó
como “india” a aquella población que se encontraba en los
sectores del
interior
-tierras altas, valles y oasis-. Para el pueblo aymara, este período de
la historia ha sido denominado también como des-aymarización,
porque tendió a un proceso de violencia, intolerancia, amedrentamiento e
imposición de costumbres
ajenas.
La
implantación de un principio republicano y democrático -igualdad
formal, soberanía política por los ciudadanos-, abrió paso
a un cambio desde la sociedad colonial estamentaria a una sociedad organizada
según un pacto social moderno, que en los hechos fue exclusiva y
excluyente respecto de los indígenas. Ellos quedaron fuera de un proyecto
de modernización política que rápidamente se definió
en su condición de elitista. Con la ruptura del “pacto
colonial” no hubo un cambio estructural en la posición de los
indígenas dentro de la sociedad nacional. Tras todo este divorcio entre
discursos liberales y prácticas conservadoras, lo que se encuentra en el
fondo es la igualdad jurídica entre quienes son profundamente desiguales
en el plan social. En la situación creada, los grupos criollos dominantes
consolidaron su poder y dominación sobre las poblaciones
indígenas.
A
comienzos de siglo, se introducen agentes de cambio dentro de los
propósitos de la chilenización. Será la escuela
pública la que se asienta en la provincia de
Tarapacá
y, en general, en los principales valles interiores, especialmente en las
quebradas bajas y oasis y en los puertos de Pisagua e Iquique, las cuales en los
primeros momentos respondían más a iniciativas de carácter
privadas que
estatales.
Este
agente se sostiene como vía para la implementar la modernidad y
difusión de lo chileno entre los aymaras. De este modo, desde un primer
momento, se otorgó una gran importancia a la instrucción escolar
en los territorios anexados, relevancia reforzada aún más en la
primera década del siglo XX cuando, ante el riesgo de un resultado
desfavorable en el Plebiscito pendiente, la chilenización exigió
en materia educacional desarrollar una conciencia nacional y crear un lazo
ideológico con el Estado chileno, particularmente en los territorios de
Tacna y
Arica.
Además, este proceso de chilenización, fomentado entre los
años de 1910 a 1929 en las ciudades de Arica e Iquique, fue tan intenso
que se le conoce como el período oscuro de la historia, porque a
través de la formación de ligas patrióticas se
persiguió y expulsó a los ciudadanos peruanos que se asentaban en
estos territorios. En ese momento se consideró fundamental reforzar la
implementación del programa de instrucción, a través de la
red de escuelas rurales en el sector andino, creando nuevos establecimientos y
prohibiendo el ejercicio de la docencia a profesores peruanos; sin duda alguna,
el objetivo era eliminar la peruanidad de la provincia a través de una
chilenización compulsiva. Al dictarse la Ley de Enseñanza
Obligatoria o Instrucción Primaria (1917), esta se volvió un
derecho y obligación en el territorio, y al mismo tiempo fue una
herramienta útil en favor de los intereses nacionalistas de las
autoridades chilenas. Dentro del ámbito de la soberanía, la
instalación de la escuela fiscal en Tarapacá, permite entender los
profundos cambios que afectaron a los aymaras de valles y altiplano -por
ejemplo, Isluga y
Cariquima-.
La primera escuela chilena del siglo XX establecida en el sector rural del
Departamento de Arica, fue creada en Putre (1905), luego Ticnamar y Socoroma; en
1912 se fundó una escuela en Chapiquiña. Hacia 1925,
prácticamente no había localidad importante sin una escuela donde
se impartieran creencias, valores y normas propias de la cultura educacional de
la sociedad chilena; era ya la época del Estado
docente.
Posteriormente, y cuando se hace evidente la crisis del salitre a partir de
1930, se replanteó la enseñanza rural en la provincia, porque el
predominio que tenía en la pampa, se desplazó a los valles
precordilleranos, imprimiendo con ello la inflexión en el tipo de
chilenización: del pampino al
andino.
Además, la preocupación por la educación rural fue asumida
también por otras instituciones:
“...
en aquellos sectores del interior poblados por indios sin las más
rudimentarias nociones de civilización, los carabineros, tanto con la
palabra como por el ejemplo, están constantemente introduciendo en dicha
gente, hábitos de higiene y de cultura en
general...”.
Se
aplicaron también otros mecanismos más directos de
“resocialización”. Mientras los capellanes militares
recorrieron los sectores rurales infundiendo entre la población
indígena un espíritu patriótico favorable a Chile, las
autoridades civiles chilenas instauraban el Servicio
Militar.
Con
el cierre de los templos en 1907, la expulsión de los religiosos peruanos
en 1910, la fundación de la Vicaría Castrense en 1911, se inicia
también una violencia ideológica que viven los aymaras en su
relación con la sociedad chilena. La iglesia católica chilena
juega un papel fundamental, legitimando la ocupación y labor
modernizadora del poder político. La evangelización
–catecismo- y la chilenización, fueron dos corrientes fuertemente
vinculadas que se caracterizaron por la intransigencia y falta de tolerancia
frente a las prácticas y creencias locales. Las costumbres que
caracterizaban el rito y las celebraciones andinas, despertaron un
espíritu "extirpador de
idolatrías".
Para el Estado, la Iglesia y la sociedad chilena, los aymaras debían ser
chilenos. Ciertamente, el discurso religioso dirigido a ellos se
acompañó de una ideología nacionalista. A los
símbolos propios de la tradición religiosa, se agregaron otros
elementos como la bandera chilena, cuya semántica Patria, Nación y
Progreso, junto con su simbología, se relacionaba directamente con el
espíritu de la época y el de la sociedad
chilena.
En
los años veinte, en las provincias de Arica y Tarapacá es
establecida una ideología dominante. El nacionalismo y a veces el
racismo, alimentó el etnocentrismo que guiaba la acción del Estado
y la sociedad frente al “indio”, en búsqueda de su progreso
material y espiritual. Algunos textos del mundo religioso y político,
reflejan lo señalado respecto del
ethos
de la modernización, particularmente de las máximas autoridades
del país. De ello, una crónica publicada en el diario
ariqueño El
Pacífico, en el año 1925,
y escrita por sacerdote Bernardino Abarzúa, revela el etnocentrismo, el
nacionalismo y el racismo. Mientras que el ingeniero Pedro Canales, en la misma
fecha, muestra el prejuicio y la intolerancia, propios de la época, ante
el aymara y sus costumbres. Se creía que el desarrollo económico,
la inculcación del ideario occidental a través de la
educación y la igualdad de derechos, produciría un efecto
homogeneizador sobre esas “poblaciones
atrasadas”.
La
ideología promovida por autoridades civiles y religiosas, rechazaba los
símbolos, valores y conductas centrales de la tradición peruana y
religiosa de las comunidades de la región -Santa Rosa de Lima, la fiesta
patronal de la comunidad, consumo de coca, etc.-, y proponían la
aceptación de los valores de su propio mito: la homogeneidad
lingüística y cultural, la superioridad de lo chileno ante cualquier
otra forma de vida y desarrollo cultural. La chilenización dejó
huellas en la identidad del aymara de Arica y Tarapacá. Sin duda, esta
ideología nacionalista fue asimilada, al menos en lo formal, por la
población indígena, y constituyó el sustento que
legitimó las fuerzas exógenas que desencadenaron las
transformaciones que tuvieron lugar en las primeras décadas, pero que
luego de algunas generaciones, se asimilaron algunos elementos de la
cosmovisión occidental.
Por
otra parte, la presencia de la policía a comienzos de siglo, impone las
leyes de comportamiento -orden público- y su labor estableció
vinculaciones entre las comunidades y la autoridad designada en un territorio
que comenzaba a poblarse y, cuyos flujos de personas y mercancías
debían de
protegerse.
Un extracto de la Memoria del Subdelegado de Tarapacá del año
1919, ilustra lo dicho:
“En
una quebrada tan extensa donde existen tantos pequeños pueblos y
caseríos, que dan vida a los habitantes de la rejión y aún
a los de los países limítrofes, por estar comprobado que desde
Bolivia se internan artículos alimenticios, licores, ganado, etc. Que
deben pagar fuertes derechos aduaneros, que es imprescindible establecer un
pequeño servicio policial, que ejerza vigilancia, que evite estos fraudes
y que garanticen el cumplimiento de las órdenes de este
jusgado....
Durante
los años treinta y setenta, si bien carabineros cumple una importante
labor de control de fronteras, esta institución se transforma en el icono
del control social formal del Estado chileno sobre los aymaras, fundamentalmente
desde el punto de vista del cumplimiento de las leyes, tránsito
fronterizo e instrucción
escolar.
5.2.
Políticas del Estado chileno a mediados del siglo XX
Entre 1930
y 1973, los aymaras experimentaron presiones ideológicas basadas en una
visión chilena de progreso, identidad nacional y civilización. El
mundo occidental se "acerca" aún más a la comunidad, a
través de la construcción de una infraestructura de comunicaciones
-red vial- e implementación de una red de escuelas fiscales. Pero,
también la población andina se acerca progresivamente a lo
occidental, moderno y citadino, migrando a la costa.
Si
bien después de 1929 las autoridades regionales parecen invertir pocos
esfuerzos en mantener el ritmo de la chilenización, que habían
aplicado desde comienzos de siglo, el análisis del desarrollo de la
infraestructura escolar en Arica y Tarapacá muestra que, a pesar que el
número de establecimientos educacionales rurales no aumenta entre 1935 y
1950, la instrucción escolar continuó siendo la principal
herramienta. Desde 1950 hasta 1969, se dio el máximo esfuerzo por
extender la instrucción escolar a todos los sectores de la región.
Esta tendencia coincidió con el auge de la ciudad de Arica, gracias al
DFL N° 303 que la declara “Puerto Libre” -25 de julio de 1953-
y con la creación de la Junta de Adelanto de Arica -Ley N° 13.039
del 15 de Octubre de 1958-, que reflejó el interés
geopolítico sobre el norte chileno del entonces segundo gobierno de
Carlos Ibáñez del Campo. Durante toda la década del sesenta
se construyeron escuelas en diversos sectores rurales de
Tarapacá.
Asimismo,
también en la década de los sesenta, se decretaron algunas
donaciones de terrenos o edificaciones por parte de los comuneros aymaras para
la implementación de escuelas; el decreto Nº 1.760 -Santiago 1962-,
señala que:
“Visto
los antecedentes, DECRETO:
Acéptanse,
a contar desde la total tramitación del presente decreto, las cesiones de
los locales y créanse a contar desde la misma fecha, las escuelas que a
continuación se indican:
1º
Acéptanse, por un plazo indefinido, la cesión gratuita que a favor
del Fisco hace don Jerónimo Mamani Gómez, en representación
de la comunidad de Escapiña, de local de propiedad de dicha comunidad,
ubicado en el lugar denominado “ISLUGA-ESCAPIÑA” del
Departamento de Pisagua, a fin de destinarlo al funcionamiento de una Escuela
Pública.
Créase,
una ESCUELA MIXTA DE SEGUNDA CLASE, rural, la que funcionará con el
Nº 20 del Departamento de Pisagua, en el local cuya cesión se acepta
por el párrafo
anterior.”
A
esto se asocia la decisión modernizadora que estará ligada a la
Reforma Educacional que se promulgó definitivamente en 1965; ley que fue
proclamada bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, siendo Ministro de
Educación en ese tiempo, Juan Gómez
Millas.
Comercio,
industria regional y establecimientos educacionales, constituyeron los ejes
sobre los cuales se debía alcanzar el progreso en las provincias de Arica
y Tarapacá. Entre 1930 y 1960, los gobiernos se ocuparon en impulsar
planes y programas de desarrollo en el sector pesquero, minero, industrial y
agropecuario, fundamentalmente asociado a los centros urbanos en la costa. Desde
la década del sesenta, se incorporaron las comunidades indígenas a
los beneficios del “progreso” y del desarrollo
socioeconómico. Sin embargo, por lo general, la población rural no
fue objeto de un verdadero programa de desarrollo.
El
anhelo de integración y progreso económico de la región,
constituyó uno de los ejes de la política internacional de Chile
para la región de Arica y Tarapacá en el marco de las disputas y
demandas de Bolivia por una salida al mar. En efecto, en 1951 el Presidente
Gabriel González Videla expresaba su inquietud por el retraso del norte
chileno y, también, la perspectiva de un potencial desarrollo sobre la
base de una negociación de energía hidroeléctrica y agua
para el riego del desierto con el propósito de construir una
“moderna
California” en esos territorios.
En
los comienzos de la década del cincuenta había conciencia del
escaso progreso alcanzado, del “subdesarrollo” y de los problemas
sociales en la zona. El Estado, entonces, se esforzó por desarrollar una
infraestructura que sustentara y potenciara el desarrollo productivo en la
región, particularmente en el sector minero y agropecuario, en la
construcción de caminos que conectaran los espacios cordilleranos con la
costa, y en la captación de aguas para el uso doméstico e
industrial.
A contar del año 1958 -año de creación de la Junta de
Adelanto de Arica (JAA)- se iniciaron programas de asistencia técnica,
médica, escolar y urbanización. Paralelamente, más al sur,
CORFO desarrolló un programa de asistencia a las localidades
precordilleranas y del altiplano entre los años 1959 y 1963. Este
consideró el equipamiento de las localidades con escuelas, sedes sociales
para las juntas de vecinos, centros de madres, alumbrado eléctrico,
mejoramiento de las vías de comunicación y de la red vial entre
los poblados cordilleranos y las ciudades costeras. Se puso especial
interés en lograr un progreso económico autosostenido de la
región rural andina.
Particularmente
durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), más allá
de continuar incentivando la creación de nuevas escuelas y plazas
docentes para promover la educación formal, se implementaron
“programas de asistencia social” a través de la
Consejería de Promoción Popular, que involucraba la
constitución de centros de madres, juntas de vecinos, cooperativas,
formación de líderes y dirigentes juveniles, entre otros; y
paralelamente también, programas de “asistencia”
técnica y económica –créditos- a través del
Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Corporación de Reforma Agraria,
el Servicio Agrícola y Ganadero, la Corporación de Fomento de la
Producción. En este período, se realizaron importantes
experiencias agrícolas y ganaderas.
Como
resultado de los esfuerzos de integración del sector rural cordillerano,
éste contaba a fines de los años sesenta con una infraestructura
básica que facilitaba a los aymaras el contacto con el mundo urbano y
desde la ciudad, con la incorporación de los medios de
comunicación.
De
este modo, hubo un “acercamiento” de la comunidad a la ciudad y a la
sociedad chilena -emigración, red vial, nacionalismo, etc.-, como efecto
de la chilenización, la instrucción escolar y la
penetración de las sectas evangélicas desde la década del
sesenta. Sobre esto último, “... desde el año de 1958
aproximadamente, se empieza a expandir por la zona altiplánica,
concretamente en Cariquima, el movimiento
pentecostal”.
Cabe
precisar que el objeto del esfuerzo por impulsar el desarrollo e
integración del sector rural cordillerano, no es la población
aymara en sí, sino la propia región. La población andina,
desde este punto de vista es “marginal” al desarrollo. En efecto, el
desarrollo impulsado tiene un carácter basado en el crecimiento urbano y
regional. Esta forma de “desarrollo” debilita a la comunidad, porque
la pone en una posición de competencia en el marco de una racionalidad
secular y de mercado. Las políticas de desarrollo de la región, se
caracterizaron entonces por la ignorancia y el etnocentrismo frente a la
realidad indígena de la región.
Esta
situación no se reproduce en los diseños y propuesta de desarrollo
que se alcanzaron a formular durante el gobierno de Salvador Allende Gossens
(1970-1973) y que reflejaron un importante cambio en la visión y el
enfoque sobre el desarrollo regional y su vínculo con la población
indígena a través de la Ley 17.729. Esta nueva mirada se
acompaña de la primera iniciativa legal durante ese siglo, que busca
otorgar nuevos derechos y reconocer la deuda pendiente con los pueblos
indígenas en Chile.
5.3. El
impacto de la doctrina de Seguridad Nacional
Durante
el régimen militar,
“...
la Doctrina de Seguridad Nacional encuentra una de sus expresiones más
claras en la política educacional implementada a partir de 1973 en las
zonas fronterizas en general y en la región aymara en particular, a
través del establecimiento de las escuelas de Concentración Rural
Fronterizas. A través de estas escuelas y de los contenidos de la
educación que imparten, se trata de
chilenizar,
así como afianzar el doblamiento tradicional de la región
deteniendo el proceso migratorio con fines
geopolíticos”.
Sin
lugar a dudas, este proceso educativo desconoció las particularidades
culturales propias del pueblo aymara, lo que conllevó al desarraigo de
los niños de su cultura, y en parte también se vinculó con
las migraciones entorno a la
ciudad.
Además, este tipo de escuelas de concentración fronteriza,
concebidas para albergar a un batallón en caso de guerra, constituyeron
el símbolo más expresivo de la nueva ideología
militarista.
Esta visión geopolítica asimilacionista y de frontera,
tendió a reunir al educando aymara en escuelas ubicadas en pueblos
centrales -Colchane y Cariquima-, desarraigándolo de sus comunidades de
origen y de las actividades
habituales.
El
período militar significó un retroceso en lo que en materia de
legislación indígena se refiere, porque quedaron inoperantes los
cuerpos legales que habían sido promulgados en el gobierno de Salvador
Allende -Ley 17.729-, afectándose las comunidades a través de la
división de ellas por el Decreto ley
2568.
Por
otra parte, a través del DL N° 349 del año 1974, se
impusieron las Juntas de Vecinos como forma de organización social
aplicable a las comunidades aymaras, que más bien sirvió para
mantener un férreo control político administrativo sobre la
región. De hecho, esta nueva organización no recogió los
aspectos productivos, sociales y culturales más sentidos por los
aymaras.
La
intervención militar en los territorios de la primera región,
respondió, por cierto, al interés de consolidación de las
fronteras. De este modo, el endurecimiento de ellas, la presencia activa del
Estado y de las fuerzas armadas, era constante en estas zonas dada su
importancia geopolítica. Asimismo, la municipalización del espacio
andino fue una acción derivada de la reforma político
administrativa de principios de la década de 1980, con la cual se
pretendió la descentralización a través de la
implementación de las municipalidades fronterizas de orientación
asistencialista; con ello, se continuaba con el proceso de chilenización
apoyado con las escuelas fronterizas.
Un
hecho indiscutible que está en directa referencia con los recursos
vitales del desierto y el pueblo aymara, es el acceso y manejo de las aguas. Un
grave problema para estas comunidades es la vigencia del nuevo Código de
Aguas -D.F.L. Nº 1.222 del año 1981-, que otorga a los particulares,
mediante un derecho de aprovechamiento de ellas, derecho real que pasa a ser
propiedad del titular, quien puede usar, gozar y disponer de su derecho en
conformidad con la ley. Este derecho es transferible, transmisible y
prescriptible, y se constituye en un acto de autoridad, independiente si el
solicitante es dueño o no, de la tierra donde está ubicada el
agua. Así también, comienza un progresivo desecamiento de vegas y
bofedales, agravado porque bajo el gobierno militar, las presiones del mercado
hacia la enajenación de los recursos productivos indígenas, como
por ejemplo el agua hacia los enclaves mineros, fue facilitada por las
políticas y legislación abiertamente orientadas al capital. Todo
esto promovió que los particulares y empresas mineras contravinieran los
intereses de las comunidades aymaras, lo que no sólo generó
problemas legales, sino también de mantenimiento de las ya precarias
condiciones agrarias. Además, respecto del actual manejo del agua, las
presiones hacia las comunidades y salares de la región continúan
bajo la venta de agua a las empresas mineras para solventar sus operaciones;
presiones que en el pasado se tradujeron en la desecación de valles
completos, por causa de las aducciones de agua para las ciudades emergentes de
la
costa.
Tudela, Patricio. “El Estado y sociedad chilena ante los Aymaras de
Tarapacá (I Región de Chile): Factores y consecuencias de su
integración entre 1930-1973”. Documento de Trabajo Nº 24.
Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato. Santiago. 2002. p.
3.
Ibídem.
Subgrupo de Trabajo Pueblo Aymara. “Informe Final Preliminar”.
Documento Nº 73. Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato.
Arica. 2003. p. 4.
Este decretó también generó un fuerte impacto en otras
comunidades indígenas del país. Un caso importante de
señalar es el de las comunidades mapuche, el cual se revisará en
el capítulo correspondiente al Pueblo Mapuche.